Fiscal General condena violentos disturbios en protestas por Floyd, culpa a radicales externos y agitadores

Por Janita Kan
30 de Mayo de 2020
Actualizado: 30 de Mayo de 2020

El Fiscal General William Barr condenó el sábado los violentos disturbios que se están produciendo en ciudades de todo el país en medio de protestas que piden justicia por la muerte de George Floyd.

Barr dijo durante una conferencia de prensa que la violencia dentro de estas protestas parece haber sido “planeada, organizada e impulsada” por grupos de radicales y agitadores externos que están explotando la situación para lograr “su propia agenda separada y violenta”.

Dijo que muchos de estos individuos, quienes han viajado fuera del estado, están usando tácticas similares a las de Antifa para promover la violencia.

“Desafortunadamente, con los disturbios que están ocurriendo en muchas de nuestras ciudades en todo el país, las voces de protesta pacífica están siendo aprehendidas por elementos radicales violentos”, dijo el fiscal general.

Los manifestantes burlaron las restricciones de distanciamiento social y salieron a las calles de todo el país para expresar su indignación por el trato que recibió Floyd, quien murió a principios de esta semana bajo la custodia de la policía de Minneapolis.

En un video ampliamente difundido se veía a Floyd acostado y esposado mientras un oficial de policía permanecía arrodillado sobre el cuello del hombre durante casi nueve minutos. El video muestra a Floyd diciéndoles a los oficiales que “no puede respirar” antes de que su cuerpo se quedara inmóvil. Según un informe del Departamento de Bomberos de Minneapolis (pdf), Floyd no respondía y estaba “sin pulso” cuando los paramédicos lo transportaron en una ambulancia desde el lugar de su arresto hasta el hospital.

El oficial de policía que se veía arrodillado sobre el cuello del hombre, Derek Chauvin, fue arrestado y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado el viernes. Él y otros tres policías involucrados en el arresto fueron despedidos.

El incidente desencadenó días de protestas que también incluyeron el saqueo de negocios y actos de violencia en Minneapolis, incluido el incendio de una comisaría de policía. Algunas protestas en otras ciudades el viernes también fueron testigo de una destrucción similar, incluyendo enfrentamientos con la policía, violación a complejos gubernamentales y lanzamiento de objetos a los agentes de policía en algunas partes del país.

Barr reconoció la indignación de la comunidad nacional, dijo que se debe abordar la responsabilidad por la muerte de Floyd, pero hizo hincapié en que debe hacer a través del sistema de justicia penal ordinario.

“Ese sistema funciona y se mueve a una velocidad excepcional. Ya se han presentado los primeros cargos. Ese proceso sigue avanzando. Se hará justicia”, dijo Barr.

Destacó que las comunidades y las calles “deben mantener orden público” y que es responsabilidad de los dirigentes locales y estatales poner fin a la violencia, y añadió que el Departamento de Justicia apoyará todos los esfuerzos locales.

Pero el fiscal general advirtió que “es un delito federal cruzar las líneas estatales o usar las instalaciones interestatales para incitar o participar en disturbios violentos”.

“Vamos a hacer cumplir estas leyes”, dijo.

El sábado pasado, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey y el alcalde de St. Paul Melvin Carter dijeron que la mayoría de los manifestantes que participan en la destrucción son de fuera del estado.

Frey dijo en un comunicado que al parecer la ciudad está tratando con individuos como instigadores de fuera del estado y miembros del crimen organizado, y posibles actores extranjeros.

Carter dijo durante una conferencia de prensa que “cada persona” que la policía había arrestado el viernes por la noche en St. Paul, Minnesota, parecía ser de fuera del estado.

“Lo que estamos viendo en este momento es un grupo de personas que no son de aquí”, dijo.

“Mientras hablaba con mis amigos, que llevan mucho tiempo en este movimiento, que se despiertan en este movimiento todos los días y les pregunto, qué ven, qué sienten, qué es lo que escuchan a una persona. Les oigo decir, ‘No conocemos a esta gente. No conocemos a estas personas que están agitadas. No conocemos a esta gente que incita a la violencia. No sabemos si esta gente fue la primera en romper una ventana”, dijo Carter.

“Y esas personas que agitan e instigan, se aprovechan del dolor de la herida de la frustración de la ira de la tristeza real y legítima que sienten muchos de los miembros de nuestra comunidad para abogar por la destrucción de nuestras comunidades”, añadió.

El Gobernador de Minnesota Tim Walz anunció el sábado en la mañana su autorización para “movilizar completamente” a la Guardia Nacional del estado para responder a los violentos disturbios. Dijo que otros 1000 soldados de la Guardia Nacional estarán en Minneapolis además de los 700 que ya están desplegados en la ciudad.

Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió el sábado que los individuos que “cruzan las líneas estatales para incitar a la violencia” podrían estar cometiendo un delito federal.

“El 80% de los disturbios de anoche en Minneapolis procedían de FUERA DEL ESTADO. Están perjudicando a las empresas (especialmente a las pequeñas empresas afroamericanas), a los hogares y a la comunidad de buenos y trabajadores residentes de Minneapolis que quieren paz, igualdad y proveer a sus familias”, publicó Trump en Twitter.

“Los gobernadores y alcaldes liberales se deben poner MUCHO más duros o el Gobierno Federal intervendrá y hará lo que hay que hacer, y eso incluye usar el poder ilimitado de nuestras Fuerzas Armadas y muchos arrestos”, escribió el presidente en una declaración en Twitter.

Los comentarios de Barr coinciden con los del viernes, cuando dijo que el Departamento de Justicia y el FBI están investigando el caso Floyd para determinar si se violaron las leyes federales de derechos civiles. Dijo que la investigación federal es separada pero paralela a la investigación que están llevando a cabo los fiscales del estado que realizan el proceso de determinar si algún cargo criminal es apropiado bajo la ley estatal, y que la investigación está “procediendo rápidamente”.

Tom Ozimek contribuyó con este informe.


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