El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, presentó el 3 de febrero una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por un memorando de la Administración Biden que ordenaba la congelación de la mayoría de las deportaciones durante 100 días.
El DHS hizo público el memorando el 20 de enero (pdf), que imponía una moratoria de 100 días en la mayoría de las deportaciones y describía las categorías de infractores de la ley de inmigración que seguirán siendo objeto de detención y eventual expulsión, incluidos los que suponen un riesgo para la seguridad nacional o son sospechosos de terrorismo o espionaje.
Brnovich, un republicano, anunció la demanda en un tuit a última hora del miércoles, afirmando que cree que la política «pone en riesgo la seguridad pública de Arizona».
«La pausa de 100 días en las deportaciones incluye a los acusados o condenados por un delito», dijo Brnovich. «Varios agentes de las fuerzas de seguridad han dicho a nuestra oficina que están preocupados por si los individuos liberados han sido sometidos al test de COVID-19».
Our office filed a lawsuit against DHS and federal officials over a policy that puts Arizona public safety at risk. The 100-Day Pause on Deportations includes those charged with or convicted of a crime.https://t.co/fCJpMGhn0Z (1/3) pic.twitter.com/16t0QG8Fz9
— Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) February 3, 2021
El fiscal general dijo que la demanda pide al Tribunal de Distrito de EE. UU. en Arizona que dictamine que la política de la pausa de 100 días viola la ley federal.
El DHS, el secretario del DHS Alejandro Mayorkas, el comisionado en funciones de la CBP Troy Miller, el director en funciones del ICE Tae Johnson y la directora en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Tracy Renaud figuran como demandados en la demanda.
Arizona es el segundo estado que presenta una demanda por la moratoria de deportaciones de 100 días de la Administración Biden, que fue anunciada el primer día de mandato del presidente Joe Biden.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a Biden por la congelación de las deportaciones la semana pasada, y el juez de distrito Drew Tipton emitió el 26 de enero una orden de restricción temporal solicitada por el estado. Esto bloqueó la política de Biden en todo el país durante 14 días, hasta el 23 de febrero.
El gobierno de Biden no ha podido «proporcionar ninguna justificación concreta y razonable para una pausa de 100 días en las deportaciones», dijo Tipton en su orden.
«Es realmente una demanda directa», dijo Brnovich a KTAR News 92.3 FM. «Básicamente demandamos al Departamento de Seguridad Nacional alegando que su nueva política que detiene las deportaciones es ilegal y también es contraria a un MOU [memorando de entendimiento] que tenemos con Seguridad Nacional».
Al igual que Texas, Arizona basa parte de su argumento en un acuerdo alcanzado por la Administración Trump entre el DHS y otros estados y localidades en las últimas semanas de la administración del presidente saliente. El acuerdo establece que el departamento no hará cambios en la aplicación de la ley de inmigración sin consultar primero a los estados y permitirles hacer comentarios.
El gobierno de Biden se ha opuesto al acuerdo en los tribunales, alegando que es inaplicable porque «una administración saliente no puede ceder ese poder a una administración entrante».
Según los datos publicados el 29 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a raíz de la demanda de Texas, la agencia liberó a 176 inmigrantes con órdenes de expulsión definitivas entre el 22 y el 25 de enero, periodo en el que estuvo en vigor la congelación de las deportaciones.
«Es inconcebible que el DHS libere a presos potencialmente peligrosos en nuestro estado, especialmente cuando no se llevan a cabo planes para coordinar con los tribunales aplicables y los departamentos de libertad condicional. Pido al tribunal que haga cumplir la ley», dijo Brnovich en un comunicado.
«Arizona, como estado fronterizo, se verá directamente afectada por la decisión de los demandados de incumplir sus obligaciones legales», afirma la demanda de Brnovich. «La comunidad encargada de hacer cumplir la ley en Arizona está particularmente preocupada porque los extranjeros que han sido acusados o condenados por delitos serán liberados como resultado de la moratoria de 100 días del DHS».
El fiscal general añadió en Twitter que, aunque apoya la necesidad de una «reforma migratoria integral», no cree que se pueda lograr a través de «órdenes ejecutivas inseguras e insostenibles».
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