Después del histórico fallo de la Segunda Enmienda de la Corte Suprema en junio, el fiscal general de California alentó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el estado a negar los permisos de portación de armas de fuego a las personas con antecedentes de «odio y racismo», ya sea expresado en publicaciones en las redes sociales o en otros lugares.
El problema es que en estos tiempos políticamente polarizados, definir el odio y el racismo es problemático, lo que lleva a definiciones que desfavorecen las creencias de los conservadores y de otras personas que no siguen la línea «Woke» o políticamente “correcta”, dicen los críticos. A lo cual añaden que permitir que estos conceptos se usen en la aplicación de permisos de usos de armas se puede prestar para el abuso y podría conducir a violaciones de los derechos de la Segunda y Primera Enmienda de los solicitantes de permisos de armas.
El 23 de junio, la Corte Suprema dictaminó en el caso New York State Rifle and Pistol Association vs. Bruen, que el estricto sistema de permisos de portación de armas ocultas del estado de Nueva York era inconstitucional porque solo otorgaba licencias de portación pública “cuando un solicitante demostrara una necesidad especial de autodeterminación”, de defensa.
El día después del fallo de Bruen, el fiscal general de California, Rob Bonta, demócrata, envió una «alerta legal» (pdf) a los funcionarios encargados en el control, avisándoles que el estado eliminaría el requisito de que los solicitantes de licencias de armas proporcionen una «buena razón» para su uso, porque el requisito ahora es “inconstitucional e inaplicable”.
Pero “el requisito de que el solicitante de una licencia de porte público proporcione prueba de ‘buen carácter moral’ sigue siendo constitucional” y debe seguir aplicándose.
La investigación de “buen carácter moral” “requiere una determinación independiente”, escribió Bonta.
Bonta señaló la política del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside:
“Los juicios legales de buen carácter moral pueden incluir la consideración de la honestidad, la honradez, la diligencia, la confiabilidad, el respeto por la ley, la integridad, la franqueza, la discreción, la observancia del deber fiduciario, el respeto por los derechos de los demás, la ausencia de odio y racismo, la estabilidad fiscal, criterios específicos de la profesión, como el compromiso de honrar la Constitución y hacer cumplir la ley y la ausencia de condena penal”.
Este párrafo aparece como parte de la Directiva 218 del Manual de Normas del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside (pdf). El departamento del sheriff no respondió al momento de la publicación a una solicitud de The Epoch Times para comentar sobre la normativa.
Bonta también escribió que las autoridades “pueden buscar información disponible públicamente, incluidas cuentas de redes sociales, para evaluar el carácter del solicitante”.
Sobre el tema se refirió el abogado C.D. “Chuck” Michel, de Long Beach, del bufete de abogados Michel and Associates. “El problema con la directiva de buen carácter moral que el fiscal general parece estar alentando es que es completamente subjetiva y permitiría que una ciudad evalúe a un solicitante en función de su política, no en si es una amenaza o no o si en realidad uno es una especie de mal personaje”, dijo Michel a The Epoch Times.
El abogado es además presidente de la Asociación de Pistolas y Rifles de California, con sede en Fullerton, y del Centro Legal de la Segunda Enmienda, con sede en Henderson, Nevada. También es autor de «California Guns Laws: A Guide to State and Federal Firearm Regulations» (Leyes de armas de fuego de California: una guía para las regulaciones estatales y federales sobre armas de fuego), que se encuentra en su novena edición.
“Así que estamos profundamente preocupados de que ese tipo de criterio subjetivo y politizado se infiltre en este proceso. Es algo contra lo que advirtió la Corte Suprema, y es algo que definitivamente generará acciones legales si las ciudades o los condados intentan adoptar algo así”, añadió Michel.
El abogado dijo a continuación que está lleno de peligro el «tratar de evaluar el buen carácter moral de alguien por los comentarios que hacen, o con los artículos en los que tal vez ellos ni siquiera digan nada —ellos pueden simplemente estar seleccionando, transmitiendo y compartiendo un artículo» en estas redes sociales.
Como ejemplo, indicó que sigue a la vicepresidenta Kamala Harris en las redes sociales para “ver lo que está haciendo, no porque esté de acuerdo con su política”. Mucha gente hace esto en un esfuerzo por conocer «muchos puntos de vista diferentes, si uno está tratando de llegar a la verdad sobre las cosas».
“Entonces uno será juzgado por eso (…) por alguien con inclinaciones políticas, tal vez, para tratar de encontrar una manera de no emitir los permisos”, dijo Michel. “Así que estarían buscando cosas que puedan usar como excusa para no emitir un permiso; ese es realmente el texto oculto de la alerta de Bonta».
“Esto es lo que llamamos la resistencia demócrata. Es parte de la estrategia [del gobernador de California] Gavin Newsom, la estrategia del gobernador de Nueva York, para minimizar el efecto real del fallo de la Corte Suprema y tratar de evitarlo estableciendo todos estos otros tipos de obstáculos. Básicamente, burocratiza el derecho a la muerte”.
Michel enfatizó que está “100 por ciento en contra del discurso de odio y el racismo, pero cualquier cosa puede llamarse discurso de odio y cualquier cosa puede ser etiquetada como racismo en estos días, así que estoy muy nervioso por una política que hace una especie de [enfoque general]”.
En estos días, no está claro qué significan «odio» y «racismo», añadió el abogado.
“Ellos están en el ojo del espectador, por así decirlo, por lo que cualquiera puede definir esos términos de una manera que condene a una amplia franja de la sociedad que, en mi opinión, no es odiosa [ni] racista”.
Para muchas personas hoy en día, el discurso de odio es “cualquier discurso que no tolera todo, o indica alguna intolerancia, hacia todo lo que se quiere promover”.
Acabar con el “odio” es una prioridad política para Bonta, quien enfrenta una reacción violenta después de que su oficina filtró recientemente información personal confidencial, incluidos los nombres y direcciones de todos los titulares de permisos de portación oculta en el estado. En mayo de 2021, él creó la Oficina de Justicia Racial dentro del Departamento de Justicia de California. Su declaración de ese momento establece que la nueva oficina «ayudará a abordar algunos de los problemas de justicia social y racial más apremiantes de California».
El discurso de odio, que puede ser difícil de definir en un sentido legal, está protegido por la Constitución de los EE. UU., según la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación (FIRE).
“El discurso de los adultos como ciudadanos libres no pierde la protección de la Primera Enmienda porque se considere odioso. Esto se debe a que el discurso de odio en sí mismo es un discurso protegido, particularmente cuando lo pronuncian adultos en su tiempo libre”, se lee en un informe de FIRE de febrero.
Las únicas categorías de expresión que no están protegidas por la Primera Enmienda son los casos de «incitación a una acción ilícita inminente», «discurso que amenaza con causar daños corporales graves» y «discurso que causa una alteración inmediata de la paz», la llamada excepción de palabras de lucha.
Eugene Volokh, un distinguido profesor por la Gary T. Schwartz de la UCLA, expresó su alarma en una columna en Reason de que Bonta sugiriera que “las personas que tienen ciertos puntos de vista ideológicos deberían ser descalificadas”.
Bonta instó a las autoridades a revisar las cuentas de las redes sociales de los solicitantes para evaluar su carácter “me parece claramente inconstitucional según la Primera Enmienda, incluso aparte de la Segunda Enmienda”.
The Epoch Times se acercó a la oficina de Bonta para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta al cierre de esta edición.
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