El fiscal general republicano de Kentucky debe ser autorizado a defender la ley del aborto del estado en los tribunales después de que el gobernador demócrata del estado se negara a hacerlo, escuchó la Corte Suprema el 12 de octubre.
Aunque fue el primer caso relacionado con el aborto desde que la jueza Amy Coney Barrett se incorporó al tribunal el año pasado y dio a su ala conservadora una mayoría de 6-3, la ley del aborto de Kentucky en sí misma no estaba en cuestión en la audiencia.
El alto tribunal solo consideró la cuestión procesal de si el fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, podía intervenir en el caso en nombre de su estado.
No obstante, el caso sienta las bases para una próxima audiencia que trata directamente del aborto. Está previsto que el tribunal escuche el 1 de diciembre el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, expediente judicial 19-1392, una impugnación de la Ley de Edad Gestacional de Misisipi, que permite abortar después de las 15 semanas de edad gestacional solo en caso de emergencia médica o por anormalidad fetal grave.
El caso que fue escuchado el 12 de octubre es Cameron v. EMW Women’s Surgical Center, expediente judicial 20-601. El demandado, EMW Women’s Surgical Center, en Louisville, es la única clínica de aborto autorizada en Kentucky.
El caso gira en torno a la prohibición de Kentucky en 2018 de los abortos por dilatación y evacuación (D&E) de niños no nacidos. El entonces gobernador Matt Bevin, un republicano, firmó la ley, la Ley de Derechos Humanos de los Niños No Nacidos, que detuvo los abortos D&E después de 11 semanas de embarazo y posteriormente fue prohibida por los tribunales federales.
Después de que el sucesor de Bevin, el gobernador demócrata Andy Beshear, se negara a defender la ley en los tribunales, Cameron indicó que quería hacerlo. El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el 6º Circuito rechazó la solicitud de Cameron, momento en el que presentó su petición solicitando a la Corte Suprema que le permitiera intervenir en el caso.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo a la abogada de la clínica, Alexa Kolbi-Molinas, durante los argumentos orales, que era importante tener claro quién representa a Kentucky.
«No queremos que el Estado hable a través de dos voces diferentes», dijo.
Kolbi-Molinas dijo que Cameron esperó demasiado tiempo para involucrarse en el caso.
Cameron «aceptó quedar vinculado por la sentencia final y decidió no apelarla», dijo.
«Como estaba expresamente obligado por la sentencia, tenía derecho a apelar, pero debía hacerlo dentro del plazo de 30 días establecido por la ley. Ahora no puede eludir su falta de jurisdicción tratando de intervenir en su lugar».
El fiscal general adjunto de Kentucky, Matthew F. Kuhn, dijo que «dos días después de saber que otro funcionario estatal había dejado de defender la Ley 454 de la Cámara de Representantes de Kentucky, el fiscal general solicitó intervenir para que el estado pudiera agotar todos los recursos en defensa de su ley».
«La jurisprudencia de este tribunal indica que actuar en nombre de un estado es una función distinta, ya que todo el mundo está de acuerdo en que el fiscal general no participó en esa función en el tribunal de distrito, no está jurisdiccionalmente impedido de hacerlo ahora», dijo Kuhn.
«Aun así, el fiscal general no podría haber apelado la sentencia del tribunal de distrito. Había sido absuelto con reservas, no fue nombrado en la sentencia del tribunal de distrito, y había preservado su capacidad de participar en cualquier apelación y beneficiarse de cualquier resultado favorable en la apelación».
Esta es una historia en desarrollo. Se actualizará.
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