La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, indicó que no abandonará su caso de fraude civil contra el presidente electo Donald Trump, sus hijos y su compañía, un caso que condujo a una sentencia de más de 450 millones de dólares a principios de este año.
A principios de este año, el juez neoyorquino Arthur Engoron ordenó a Trump el pago de 454 millones de dólares en una sentencia por fraude civil en la demanda de James contra Trump y su empresa, la Organización Trump, argumentando anteriormente en su sentencia que cree que Trump defraudó a bancos, aseguradoras e inversores al inflar supuestamente su patrimonio neto y la valoración de sus propiedades.
El lunes, una funcionaria de la oficina de James, la procuradora general adjunta Judith Vale, envió una carta al abogado de Trump, D. John Sauer, rechazando la reciente petición del presidente electo para que James, demócrata electa, desestimara el caso de fraude.
«Su carta no presenta ninguna base para que esta Oficina busque anular la sentencia final o desestimar esta acción», escribió a su abogado en la carta, que fue subida a Internet el martes.
Vale también argumentó que las «cargas ordinarias de los litigios civiles no impiden los deberes oficiales del Presidente de una manera que viole la Constitución de EE. UU.» y que el caso presentado por la Fiscalía es civil, no penal.
La sentencia dictada en julio por la Corte Suprema de EE. UU., según la cual los presidentes establecidos deben considerarse ampliamente inmunes a la persecución penal por sus deberes y acciones oficiales, tampoco se aplica en este caso, según la carta. Ese fallo se dictó en un caso penal electoral presentado por un abogado especial federal contra Trump.
«La sentencia final se refiere únicamente a la conducta empresarial llevada a cabo por entidades que forman parte de la Organización Trump y a acusados individuales que actuaban en nombre de la Organización Trump», dijo Vale. «Por tanto, la sentencia no afecta a ninguna conducta relacionada con el primer mandato del señor Trump como presidente».
Tampoco «implica ninguna conducta que el señor Trump pueda llevar a cabo después de su próxima toma de posesión», decía la carta, que añadía que los presidentes no tienen «inmunidad frente a demandas civiles derivadas de conductas no oficiales».
Trump apeló la sentencia de Engoron en julio, pidiendo a una corte estatal de nivel medio de Nueva York que considerara que el juez se equivocó al fallar en su contra. También argumentaron en documentos judiciales en ese momento que la decisión pondría aún más en peligro el clima de negocios de Nueva York.
«Basándonos en la sentencia de este caso, ninguna empresa querrá venir a Nueva York a hacer negocios, y muchas empresas están huyendo», escribieron sus abogados. «Los aspectos económicos de esta decisión son un desastre para Nueva York».
La Fiscalía General de Nueva York «ha utilizado el estatuto de una forma nunca vista», añadieron.
En septiembre, un panel de la corte de la División de Apelaciones de Nueva York que conoce la apelación de Trump pareció expresar escepticismo sobre el fallo de Engoron y el caso de James durante los argumentos orales.
«Todos los casos que usted cita implican daños a los consumidores, daños al mercado», dijo a Vale el juez de la Corte de Apelaciones David Friedman el 26 de septiembre.
«Aquí no tenemos nada de eso», dijo, refiriéndose al caso contra Trump, y añadió que nadie «perdió dinero».
Los jueces también cuestionaron qué limitaciones se aplican a la ley que James citó para presentar el caso, señalando que normalmente se utiliza para ir tras los estafadores que se dirigen a consumidores vulnerables.
«¿Cómo trazamos una línea o al menos ponemos barandillas?», preguntó en un momento dado el juez Peter Moulton.
Sin embargo, Vale contraatacó diciendo que el caso está justificado porque «cuando se inyecta riesgo en el mercado, eso perjudica a las contrapartes y perjudica al mercado en su conjunto». Dijo que el estatuto que se está aplicando en el caso civil, llamado Ley Ejecutiva 63(12), está ampliamente dirigido a detener el fraude y la ilegalidad y por lo tanto es apropiado en el caso de Trump.
Hasta ahora, ni Trump ni su equipo han respondido a la carta de Vale. The Epoch Times se puso en contacto con su equipo de transición el martes para pedirle comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
Con información de Reuters
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