Catorce fiscales generales republicanos han instado al presidente Joe Biden a reconsiderar su decisión de cancelar el permiso para la construcción del oleoducto Keystone XL, alegando graves perjuicios económicos y amenazando con emprender acciones legales.
«Le escribimos alarmados por su decisión unilateral y precipitada de revocar el permiso presidencial de 2019» para el oleoducto, escribieron los funcionarios en una carta el 9 de febrero (pdf), impulsada por el fiscal general de Montana, Austin Knudsen.
Calificando la cancelación del oleoducto como una decisión que «impone daños económicos paralizantes a los estados, las comunidades, las familias y los trabajadores de todo el país», los fiscales generales instaron a Biden a reconsiderar su decisión, al tiempo que advirtieron que están «revisando las opciones legales disponibles».
En la carta, Knudsen denunció la decisión de Biden de retirar el permiso como «un acto simbólico de postureo ético» que haría poco por cumplir su objetivo declarado de proteger a los estadounidenses y a la economía nacional de los impactos climáticos perjudiciales.
«Los costes en el mundo real son devastadores», afirmó Knudsen. «A nivel nacional, su decisión eliminará miles de puestos de trabajo bien pagados, muchos de ellos sindicalizados».
El Departamento de Estado determinó en 2014 (pdf) que el proyecto del oleoducto Keystone XL daría cobertura a un total de 42,100 puestos de trabajo y crearía unos 3900 empleos directos en Montana, Dakota del Sur, Nebraska y Kansas durante lo que se esperaba que fueran uno o dos años de construcción.
Después de que el oleoducto entrara en servicio, las operaciones requerirían alrededor de 50 empleados en Estados Unidos, incluyendo 35 empleados permanentes y 15 contratistas temporales, según el Departamento de Estado.
Si bien la construcción del Keystone XL aportaría unos 3400 millones de dólares al producto interior bruto de EE. UU., según una evaluación del National Regulatory Research Institute de las estimaciones del Departamento de Estado (pdf), el oleoducto también ofrecería ingresos fiscales para los gobiernos locales y estatales. Los impuestos sobre la propiedad derivados del proyecto generarían unos 55.6 millones de dólares en Montana, Dakota del Sur y Nebraska.
Knudsen argumentó que la eliminación del oleoducto privaría a los condados y estados de futuros ingresos fiscales.
«Montana perderá los beneficios de futuras cesiones y arrendamientos, y varios condados locales perderán a su mayor contribuyente de impuestos sobre la propiedad. La pérdida de la actividad económica y de los ingresos fiscales por el Keystone XL es especialmente devastadora, ya que cinco de los seis condados afectados están designados como zonas de alta pobreza», escribió Knudsen.
Al cancelar el permiso, Biden dijo que el oleoducto beneficiaría poco a la seguridad energética y a la economía del país, y que su aprobación socavaría los esfuerzos de la administración para combatir el cambio climático.
«En 2015, tras una revisión exhaustiva, el Departamento de Estado y el presidente determinaron que la aprobación del oleoducto Keystone XL propuesto no serviría al interés nacional de Estados Unidos», escribió Biden en su orden ejecutiva del 20 de enero.
«Dicho análisis, además de concluir que la importancia del oleoducto propuesto para nuestra seguridad energética y nuestra economía es limitada, destacó que Estados Unidos debe dar prioridad al desarrollo de una economía de energía limpia, que a su vez creará buenos empleos», escribió.
«El análisis concluyó además que la aprobación del oleoducto propuesto socavaría el liderazgo climático de Estados Unidos, al socavar la credibilidad y la influencia de este país a la hora de instar a otros países a adoptar medidas climáticas ambiciosas», escribió, y añadió que «el mundo debe situarse en una senda climática sostenible para proteger a los estadounidenses y a la economía nacional de los impactos climáticos perjudiciales».
Knudsen sostuvo en la carta que Biden no explicó «cómo la eliminación del proyecto del oleoducto Keystone XL contribuye directamente a los objetivos de ‘proteger a los estadounidenses y a la economía nacional de los impactos climáticos perjudiciales'», y que su decisión «no cura realmente ninguno de los males climáticos» a los que se refirió el presidente.
«Por tanto, a los observadores solo les queda una suposición razonable: se trata de un acto simbólico de postureo ético ante los intereses especiales y la comunidad internacional», escribió.
El oleoducto Keystone XL se propuso por primera vez en 2008, pero se paralizó durante la Administración Obama. El expresidente Donald Trump revivió el proyecto y fue un firme defensor del mismo.
La cancelación del permiso de construcción del Keystone también ha suscitado fuertes críticas por parte de grupos industriales y legisladores republicanos.
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