Los fiscales federales presentaron uno de sus primeros casos de conspiración contra tres personas supuestamente afiliadas a la organización paramilitar conocida como Oath Keepers, o Guardianes del Juramento, por irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos a principios de este mes.
En una denuncia penal (pdf) presentada el martes, los fiscales alegan que Thomas Edward Caldwell, de 65 años, del condado de Clarke, Virginia, tuvo un papel de liderazgo en los Oath Keepers y conspiró con otros más para «asaltar por la fuerza» el edificio del Capitolio el 6 de enero. En la denuncia también se nombra a Donovan Crowl, de 50 años, de Ohio, y a Jessica Watkins, de 38 años, también de Ohio, como supuestos co-conspiradores en ese plan. Crowl y Watkins supuestamente forman parte del grupo paramilitar.
Los tres individuos y otros se comunicaron entre sí antes de la irrupción y planearon el ataque, según alegó el agente especial del FBI, Michael Palian, en su declaración jurada. Palian dijo que había revisado las imágenes del evento del 6 de enero y observó entre ocho y diez individuos con equipo paramilitar intentando entrar en el edificio del Capitolio.
Los acusados llevaban cascos, chalecos reforzados y ropa con parafernalia de los Oath Keepers, dijo Palian, y estaban operando de manera «organizada y ensayada», mientras ellos se abrían paso a la fuerza hacia delante de la multitud reunida alrededor de una puerta del Capitolio de Estados Unidos.
Durante la irrupción, Watkins mantuvo la comunicación con otros miembros del grupo, en la que dio información actualizada de la intrusión.
«Tenemos un buen grupo. Tenemos alrededor de 30-40 de nosotros. Nos mantenemos unidos y nos ceñimos al plan», se escucha decir a Watkins, supuestamente en una grabación de audio obtenida por la FBI.
«Estamos en el entresuelo. Estamos en la cúpula principal ahora mismo. Nos estamos luciendo. Ellos están lanzando granadas, están disparando a la gente con bolas de pintura. Pero estamos aquí», se escucha decir a Watkins en otro momento de la grabación.
Los tres individuos fueron identificados por las autoridades usando una combinación de videos, fotografías, informes de los medios de comunicación y publicaciones de las redes sociales. Watkins y Crowl habían dado entrevistas a los medios de comunicación después de la irrupción donde confirmaron su afiliación con los Oath Keepers.
Cada uno de los miembros del grupo fue acusado de conspiración, conspiración para impedir o lesionar a un oficial sin autoridad legal, destrucción de propiedad gubernamental, obstrucción de un procedimiento oficial, entrada violenta a un edificio o terreno restringido y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.
Si son condenados, cada individuo se enfrenta a una pena máxima de seis años de prisión y multas.
La denuncia penal presentada el martes modifica los cargos presentados por separado contra Caldwell, Crowl y Watkins. Crowl y Watkins fueron arrestados en Ohio el 18 de enero, mientras que Caldwell fue arrestado en Virginia el 19 de enero, según el sitio web del Departamento de Justicia (DOJ).
Hasta ahora, una gran proporción de los casos acusados en relación con la violación del Capitolio el 6 de enero se abrieron con cargos iniciales de delitos menores como allanamiento, dijo Michael Sherwin, el fiscal en funciones de Washington, a principios de este mes.
Después del arresto, los fiscales tienen la capacidad de acusar a estos individuos por delitos más graves.
«Después de que estos cargos criminales son presentados a través de denuncias penales, eso nos permite que las fuerzas del orden puedan arrestar a personas en Estados Unidos desde Dallas a Arkansas, a Nashville, a Cleveland a Jacksonville. Eso es lo que ha sucedido en los últimos días», dijo Sherwin. «Después de que se presenten esos cargos, entonces tenemos la capacidad de acusar a estos individuos con cargos más significativos y eso es exactamente lo que ha sucedido».
El fiscal superior del distrito también dijo que había ordenado a los fiscales federales construir «cargos de sedición y conspiración» contra algunos alborotadores y manifestantes relacionados «con los actos más horrendos que ocurrieron en el Capitolio».
«Estos son cargos significativos que tienen delitos graves con una pena de prisión de hasta 20 años», añadió Sherwin.
El FBI y el Departamento de Justicia abrió al menos 200 casos en relación con la irrupción del Capitolio de Estados Unidos, donde grupos de alborotadores y algunos manifestantes irrumpieron en el interior cuando los legisladores estaban contando los votos electorales. La irrupción en los terrenos del Capitolio dejó cinco personas muertas —tres de ellas por razones médicas— y docenas de policías heridos.
El presidente Donald Trump y el presidente electo, Joe Biden, condenaron los actos de violencia, lo que llevó a los funcionarios y a las fuerzas del orden a reforzar la seguridad para la próxima inauguración.
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