El expresidente boliviano Evo Morales no asistió a una citación de la fiscalía de Puno, estado sureño de Perú, para declarar por presunto atentado contra la integridad nacional.
La segunda Fiscalía Provincial Penal de Puno abrió una investigación en contra de Morales luego que el pasado 17 de noviembre, el entonces gobernador de Puno, Germán Alejo, le aseguró a Morales que la región se uniría a su proyecto “Runasur” con el fin de crear la “Nación aymara”.
“Desde hace dos años que estamos en Runasur. ¿Qué es Runasur? Es la Unasur de los pueblos originarios. Empezamos con Ecuador, Argentina, y ahora va creciendo. Hermano gobernador: bienvenidos los hermanos originarios y de toda América Latina para empezar a liberar a toda América, antes Abya Yala”, respondió Morales a Alejo en ese momento.
Dicha intención fue ratificada por Alejo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso el 12 de diciembre. Esto ocurrió cinco días después del fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte.
Las declaraciones formaron parte de las pruebas de investigación ante la Fiscalía de Puno contra Morales, el exgobernador puneño y Vladimir Cerrón, dueño del partido izquierdista Perú Libre.
Como parte del proceso de investigación preliminar, el exmandatario boliviano fue citado a declarar el 7 de marzo a través de la plataforma online Google Meet pero no asistió. La Fiscalía de Puno posteriormente reprogramó su cita para el 10 de mayo a las 10 a.m. hora local, según documentos obtenidos por el medio local Perú21.
En declaraciones al medio local, el abogado de Morales, Raúl Martín Noblecilla, no descartó que Morales no se vuelva a presentar a la cita, calificando a la investigación como “una persecución política”.
Sin embargo, abogados penalistas señalan que en caso de que Morales no asista nuevamente a la cita, su situación se complicaría.
Los abogados penalistas Andy Carrión, Luis Lamas Puccio y Mario Amoretti advirtieron que el fiscal podría solicitar inmediatamente su detención preventiva con fines de extradición, ya que el investigado podría estar obstaculizando la actuación de la justicia.
La pena de atentado contra la integridad nacional es de por lo menos quince años de privación a la libertad, según el Artículo 323 del Código Penal de Perú.
Fuentes de la Fiscalía de Puno informaron al medio que el exgobernador no ha asistido a declarar las dos veces que ha sido citado, y será citado por tercera vez bajo presión de recibir sanciones.
A inicios del año, distintos funcionarios de Perú, Bolivia y Chile, denunciaron que Evo Morales estuvo influyendo en las violentas protestas desatadas en la región sureña de Puno, donde pedían la destitución de la presidenta Dina Boluarte tras el fallido golpe de estado de Castillo.
El congresista peruano Jorge Montoya denunció que el grupo de campesinos “Ponchos Rojos”, afines al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, ingresaron con municiones a Perú.
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