Desde el 2018, apenas dos años después de ser creadas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por parte Nicolás Maduro, el líder socialista lo ha transformado en “el cuerpo policial más letal”, de Venezuela, destacan las estadísticas recogidas en Caracas por el Monitor de Víctimas, y esto también se acentúa en la primera mitad del año 2019.
A este hecho se suma que las ejecuciones extrajudiciales se han transformado entonces en la principal causa de asesinato en este mismo período, superando al asesinato por robo, que era hasta el 2017, el principal motivo.
En total 158 muertes de las 233 muertes ejecutadas por las Fuerzas Públicas, fueron efectuadas por las FAES.
En segundo lugar, con 38 casos, se encuentra el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales (Cicpc), organismo creado y dirigido por Hugo Chávez en 2001 para reemplazar al Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ).
Cerca la mitad de los asesinatos en el distrito de Caracas entre enero y junio de 2019, el 47 por ciento de un total de 501, fueron ejecutados por las fuerzas públicas.
La principal causa, con 165 casos, fueron las ejecuciones extrajudiciales. Otras 37 personas murieron caídos por supuesta resistencia a la autoridad. Los asesinatos por robo sumaron 89. «Hasta 2017 este fue el móvil que se repetía con mayor frecuencia en las cifras de violencia de la capital venezolana”, destaca el informe.
Otro detalle observado en el documento es que los asesinatos por las Fuerzas Públicas del régimen socialista tienen un gran número de casos registrados en las propias viviendas (46%) en comparación al resto de muertes. Los meses de febrero y abril, las muertes en los domicilios familiares a manos de cuerpos de seguridad del Estado fueron incluso mayores que los de la calle.
Cabe destacar también que la mayoría (64%) de las muertes en domicilios fueron extrajudiciales.
Los cuerpos de seguridad además son los responsables de dejar cerca de la totalidad de huérfanos por muerte en un homicidio.
Las FAES y restantes organismos de seguridad dejaron 189 menores de edad huérfanos, de un total de 212 y 90 de ellos solo en la parroquia de Petare, suburbio oriental de Caracas.
Los uniformados fueron además acusados de participar en crímenes de violencia política.
La violencia de las FAES es citada por el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en el capítulo dedicado a las Violaciones de los Derechos Civiles y Políticos.
El equipo de la ACNUDH dice que entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019 y todos describieron modos de operar similares.
“Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. (…) Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada”.
“Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax”.
En cada caso, “las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas”.
“Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘“resistido a la autoridad’”. En muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen. En algunos casos, las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial”.
El informe añade que las autoridades del régimen de Maduro clasifican las muertes violentas resultantes de estas operaciones como “resistencia a la autoridad” y destaca que “el número de estas muertes es inusualmente alto” tanto de cifras del gobierno como de las ONG.
En 2018, el Gobierno registró 5287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7523 muertes violentas de esa categoría, dice el documento.
Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1569 muertes violentas por “resistencia a la autoridad” y el OVV informó de al menos 2124.
La información analizada por el ACNUDH indica que “muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.
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