Los funcionarios electorales de Wisconsin pidieron el viernes a la Corte Suprema del estado que no invalide las elecciones del 3 de noviembre.
La Comisión Electoral de Wisconsin dijo que los demandantes que presentaron una petición de emergencia a principios de esta semana hicieron argumentos que se basan «en bases legales y factuales muy débiles».
«Comienzan con un montón de argumentos legales sin mérito sobre cómo se llevaron a cabo las elecciones, incluyendo una disputa ya resuelta con ciertas ciudades sobre la aceptación de fondos de subvención y disputas con el asesoramiento de la Comisión Electoral, en las que los secretarios locales y los votantes confiaron al emitir y contar los votos», dijo la comisión en una presentación judicial.
«Incluso si los demandantes hubieran identificado algunos errores jurídicos aislados —y no lo han hecho—, la única base fáctica que ofrecen para mostrar el alcance de esas cuestiones es el llamado ‘informe de expertos’ plagado de evidentes defectos. Esta Corte no puede invalidar toda una elección estatal basada en estas frívolas denuncias limitadas».
La Alianza de Votantes de Wisconsin y otros demandantes pidieron a la Corte Suprema de Wisconsin que impidiera la certificación de la elección, transfiriendo la selección de los electores a la Legislatura estatal, que está controlada por los republicanos.
El Proyecto Amistad de la Sociedad Thomas More, que presentó la petición, dijo que identificó más de 150,000 boletas potencialmente fraudulentas, «más que suficiente para poner en duda la validez de los resultados electorales reportados del estado».
La Comisión Electoral dijo que el caso carece de mérito y que los solicitantes carecen de legitimación.
«El recurso solicitado por los solicitantes es más que extraordinario—es ilegal. No identifican una sola fuente de derecho estatal que permita a esta Corte ignorar el método estatutariamente designado para elegir a los electores presidenciales —un voto popular en todo el estado— y simplemente entregar la elección a la legislatura estatal. Esto se debe a que no hay ni un solo estatuto en nuestro código electoral estatal que prevea este tipo de ayuda extraordinaria», dice la nueva declaración.
«En su lugar, parecen afirmar que la ley federal permite este sorprendente recurso. No es así. Anular el método estatutario de Wisconsin para elegir a los electores presidenciales después de una elección está excluido por el artículo II de la Constitución de EE.UU. y violaría el derecho constitucional al debido proceso de los más de 3.2 millones de votantes, a los que privaría del derecho al voto».
En respuesta, Phill Kline del Proyecto Amistad le dijo a The Epoch Times: «No esperaría que aquellos que generaron el arreglo de esta elección, que radicalmente eludieron o ignoraron la ley estatal, dijeran otra cosa».
«Creo que la verdadera pregunta es para ellos, ¿fue esto diferente de lo que dice la ley estatal? ¿Fue diferente de lo que han hecho antes? Y tienen que responder ‘sí, sí, sí, sí, sí’ a todas esas preguntas».
La comisión es una agencia que incluye miembros de ambas partes. Está a cargo de administrar y hacer cumplir las leyes electorales.
Meagan Wolfe, a quien la comisión designó como la principal funcionaria electoral del estado en 2018, dijo a principios de este mes que no ha visto ninguna evidencia que apoye las afirmaciones de «cuestiones electorales sistémicas o generalizadas».
Según resultados no oficiales, el candidato presidencial demócrata Joe Biden venció al presidente Donald Trump en el estado por unos 20,000 votos. Trump ganó en Wisconsin en 2016.
La comisión ordenó un reconteo de dos condados basado en una petición de la campaña Trump. Los funcionarios del condado de Dane todavía están llevando a cabo el reconteo. Funcionarios del condado de Milwaukee anunciaron el viernes que habían terminado, terminando con Biden al frente por 132 votos más que antes.
Otra demanda fue presentada el 27 de noviembre en Wisconsin.
La demanda, presentada ante la Corte Suprema de Wisconsin, busca bloquear al estado para que no certifique los resultados de la elección, argumentando que todos los votos emitidos a través de buzones son ilegales y deben ser descartados, y si dichos votos no pueden ser identificados de manera confiable para su rechazo, entonces la legislatura estatal debe nominar su propia lista de electores presidenciales.
Con información de Tom Ozimek.
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