En lo que los republicanos han calificado de mejora de la seguridad electoral de Alabama, la gobernadora republicana Kay Ivey promulgó oficialmente el 20 de marzo la Ley del Senado 1 (SB1), una decisión que provocó diversas reacciones en todo el estado.
Patrocinada por el senador estatal Garlan Gudger y el representante estatal Jamie Kiel, la SB1 (pdf) introduce medidas estrictas contra la práctica de la recolección de boletas, con el objetivo de reforzar la imparcialidad e integridad de las elecciones de Alabama.
Según el proyecto de ley, una persona podría ser declarada culpable de un delito grave de clase C, castigado con hasta 10 años de prisión, si recibe a sabiendas un pago o un regalo por gestionar la solicitud de voto en ausencia de otra persona, como rellenarla previamente.
Ahora también es un delito grave de clase B pagar a un tercero para que rellene previamente o gestione una solicitud de voto por correo, con posibilidad de hasta 20 años de prisión.
Hay excepciones a la SB1 para las personas que necesiten ayuda si son discapacitadas, ciegas o no saben leer ni escribir, así como para el personal militar en el extranjero.
«No habrá cosas raras»
Tras la promulgación de la SB1, la Sra. Ivey hizo hincapié en la dedicación del estado a defender la inviolabilidad de unas elecciones libres y justas en su estado.
«Aquí, en Alabama, nos comprometemos a garantizar que nuestras elecciones sean libres y justas. Felicito al secretario de Estado, Wes Allen, así como a los miembros de la Legislatura de Alabama por hacer de la seguridad electoral una prioridad, y me enorgullece firmar oficialmente la Ley 1 del Senado», declaró la Sra. Ivey en un comunicado. «Bajo mi mandato, no habrá cosas raras en las elecciones de Alabama».
Esta legislación marca lo que sus partidarios denominan un paso fundamental en los esfuerzos de Alabama por evitar influencias indebidas y garantizar que cada voto se emita sin interferencias.
El Sr. Allen elogió la aprobación de la ley como una victoria de la integridad electoral, que refuerza la idea de que «unas elecciones libres y justas son la base de nuestra república constitucional».
El proyecto de ley SB1 se dirige específicamente y tipifica como delito el acto de pagar o recibir pagos de terceras organizaciones por la recolección o rellenado previo de solicitudes de voto por correo, una práctica que el Sr. Allen y otros partidarios consideran una amenaza directa para la seguridad de las elecciones de Alabama.
Apoyo y oposición
Al convertirse en ley la SB1, Alabama se encuentra en el centro de una conversación nacional sobre la seguridad de las elecciones, los derechos de los votantes y el equilibrio entre la prevención del fraude y la garantía de una amplia participación electoral.
Con ambos bandos atrincherados en sus puntos de vista, el debate sobre la SB1 refleja tensiones nacionales más amplias en torno a las prácticas de votación y la integridad electoral.
El Partido Republicano de Alabama, a través de su presidente John Wahl, expresó su gratitud a la gobernadora, al secretario de estado y a la legislatura por su rápida actuación, considerando la SB1 como una medida fundamental para salvaguardar el proceso electoral de prácticas como la recolección de boletas.
«Asegurar y mantener la integridad del proceso electoral es de la máxima importancia para el Partido Republicano de Alabama», declaró el Sr. Wahl en un comunicado. «Nunca debería robarse o usurparse el voto de nadie mediante la recolección ilegal de las boletas, y la SB1 es un gran paso adelante para salvaguardar nuestras elecciones».
Por el contrario, los demócratas del estado, la ACLU de Alabama y otros críticos sostienen que la SB1 aborda un problema inexistente, perjudicando potencialmente la participación electoral y limitando los derechos de voto.
En lugar de presentar proyectos de ley que realmente harían avanzar a nuestro estado, el ALGOP dedica su tiempo a «arreglar» problemas inexistentes y a intentar dar credibilidad a las afirmaciones infundadas de Donald Trump sobre el fraude electoral», declaró Sheena Gamble, directora de comunicaciones de los demócratas de Alabama, en un correo electrónico enviado a The Epoch Times.
«Cuando se ven acorralados, son incapaces de nombrar un solo caso de fraude electoral relacionado con ayudar a una persona mayor o discapacitada a rellenar una boleta», continuó la Sra. Gamble, pasando aparentemente por alto las excepciones contempladas en la SB1. Dijo que el proyecto de ley está «diseñado para perjudicar a los votantes demócratas y a las organizaciones de asistencia al votante» por penalizar lo que ella llama «el simple acto de dejar la boleta de otra persona».
Samuel Duff, Estratega de Política de Derecho de Voto de la ACLU, también criticó el proyecto de ley por criminalizar el voto por correo y lo describió como un acto que daña el proceso democrático al restringir un derecho constitucional fundamental de Estados Unidos. La legislación no solo no aborda los problemas reales, sino que además afecta irónicamente a condados y votantes que históricamente se han inclinado por los republicanos, añadió.
La Liga de Mujeres Votantes también denunció la legislación como una afrenta al proceso democrático, calificando la SB1 de ley «injusta» y «solo otra forma de supresión de votantes».
En una declaración, la organización afirmó que los votantes merecen «un acceso equitativo y justo a las urnas, incluida la opción de votar por correo».
Asistir a un votante «no es un delito», afirmó la organización, y añadió que Alabama debería «facilitar el voto a la gente».
Tanto los partidarios como los detractores de la ley vigilarán de cerca el impacto de la SB1 en la participación electoral, si la hubiera, en la seguridad de las elecciones y en el compromiso político.
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