El gobierno entrante de Joe Biden anunció una serie de órdenes ejecutivas que abren la puerta para instituir un cuasi-marxista teoría crítica en todo el gobierno federal.
El presidente Joe Biden firmará documentos para «lanzar una iniciativa de todo el gobierno para avanzar en la equidad racial», dijo su equipo de transición en un comunicado del 20 de enero.
Equidad significa igualdad de resultados, un concepto ligado a las teorías críticas que dividen a la sociedad en grupos de identidad basados en la raza, género, inclinaciones sexuales y otros, al tiempo que plantean cuáles grupos están oprimidos y cuáles son los opresores, de forma similar a como el marxismo etiqueta a las personas como opresores u oprimidos en función de la clase.
«El presidente electo firmará una orden ejecutiva que iniciará la labor de integrar la equidad en la formulación de políticas federales y de eliminar el racismo sistémico y otras barreras a las oportunidades de los programas e instituciones federales», dice el comunicado.
«La Orden Ejecutiva definirá la equidad como el trato justo, equitativo e imparcial, coherente y sistemático, de todas las personas, incluidas las que pertenecen a comunidades desatendidas, como los negros, latinos, indígenas y nativos americanos, asiáticos, isleños del Pacífico, y otras personas de color; personas LGBTQ+; personas con discapacidades; minorías religiosas, personas que viven en zonas rurales; y personas afectadas de otro modo por la pobreza o la desigualdad persistentes».
Aunque el comunicado habla de un trato justo para todos, las propuestas indican que algunas personas serán más igualitarias que otras en función de que su demografía se ajuste al perfil del gobierno de «históricamente desatendidos y marginados».
Biden ordenará a todas las agencias federales a «que lleven a cabo una revisión de referencia del estado de la equidad dentro de su agencia y entreguen un plan de acción en un plazo de 200 días para abordar las barreras de desigualdad de oportunidades en las políticas y programas de la agencia».
La Oficina de Gestión y Presupuesto se encargará de «trabajar para asignar de forma más equitativa los recursos federales para potenciar e invertir en las comunidades de color y otras comunidades desatendidas».
El gobierno también quiere mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de la administración, «por ejemplo, reduciendo las barreras de acceso al idioma» y haciendo que las agencias «se comprometan con las comunidades históricamente subrepresentadas, desatendidas y perjudicadas por las políticas federales».
El gobierno quiere buscar nuevas formas de comprobar si sus políticas «fomentan la equidad».
Biden también revertirá la orden ejecutiva de septiembre del entonces presidente Donald Trump, que prohíbe a las agencias federales, contratistas, subcontratistas y concesionarios instruir a sus empleados para seguir los principios de las teorías críticas.
La orden de Trump citaba el trabajo de Christopher Rufo, director del Centro sobre Riqueza y Pobreza del Discovery Institute, que ha estado librando una «guerra de un solo hombre» contra la teoría crítica racial en el gobierno estadounidense. Rufo advirtió en repetidas ocasiones sobre la intrusión de esta ideología en la sociedad civil, tras obtener documentos que demuestran que la teoría se está impulsando en diversas instituciones.
En un comunicado del 20 de enero, Rufo calificó la teoría como una «grave amenaza para el estilo de vida estadounidense» que «trafica con los perniciosos conceptos de esencialismo racial, estereotipos raciales y segregación basada en la raza, todo ello bajo una falsa búsqueda de ‘justicia social’».
Las teorías produjeron una industria de consultores y oradores que son contratados por corporaciones y agencias gubernamentales para capacitar a sus empleados en temas como «sesgo implícito» y «privilegio blanco».
La orden de Trump dice que los conceptos de la teoría son «divisivos» y conducen a «estereotipos de raza y sexo y a buscar chivos expiatorios».
El comunicado de Biden indica que esos entrenamientos son «importantes y necesarios».
Rufo en cambio dice que los entrenamientos «promueven la ideología a través del adoctrinamiento de tipo culto, intimidación y acoso».
En su comunicado de enero, anunció una coalición de bufetes de abogados y fundaciones legales llamada «Stop Critical Race Theory», diciendo que ya ha llenado tres demandas con el objetivo de que la Corte Suprema dictamine que los programas basados en la teoría violan la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Constitución.
«Cuando salgamos victoriosos en los tribunales, tendrá un efecto dominó inmediato en todas las escuelas, agencias gubernamentales y empleadores privados de la nación. Aboliremos efectivamente los programas de teoría crítica racial de la vida estadounidense», dijo.
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