El Departamento del Tesoro admitió que ayudó a las fuerzas de seguridad a atrapar a las personas implicadas en la irrupción del Capitolio el 6 de enero de 2021, instando a los bancos a rastrear las transacciones privadas de los clientes que utilizaban términos como «MAGA» y «Trump», como parte de un plan de vigilancia destinado a luchar contra los blanqueadores de dinero, pero en este caso utilizado para cazar a los manfestantes.
En enero, The Epoch Times informó de que la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) —la unidad de lucha contra la delincuencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos— había sido acusada de llevar a cabo una «vigilancia financiera generalizada» mediante la distribución a los bancos de material con una lista de palabras clave que podían utilizarse para señalar a las fuerzas de seguridad las transacciones financieras privadas de posibles sospechosos del 6 de enero.
El material también comprendía supuestamente instrucciones a los bancos para que utilizaran indicadores que podían incluir «la compra de libros (incluidos textos religiosos)» y suscripciones a medios que contenían “opiniones extremistas”.
Las explosivas acusaciones de que la FinCEN empujó a los bancos a vigilar las transacciones privadas de sus clientes por cargos sospechosos basados en parte en expresiones políticas y religiosas llevaron a los legisladores republicanos a exigir respuestas.
Entre ellos se encuentra el senador Tim Scott (R-S.C.), el principal republicano en el Comité Bancario del Senado, quien presionó a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y a la directora de FinCEN, Andrea Gacki, para obtener respuestas en una carta del 19 de enero. En la misiva, el legislador alegó que, de ser ciertas, las acusaciones “representan una violación flagrante de la privacidad de los estadounidenses y un ataque indebido a ciudadanos estadounidenses por ejercer sus derechos constitucionales sin el debido proceso”.
El senador Scott recibió una carta de respuesta el 9 de febrero, en la que el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos Legislativos, Corey Tellez, confirma que palabras clave como “MAGA”, “Trump” o “asalto al Capitolio” estaban incluidas en los materiales que FinCEN proporcionó a los bancos para que ayude a los federales a localizar a los manifestantes del 6 de enero.
El Sr. Tellez escribió que, luego del incidente del 6 de enero, FinCEN compartió información con bancos que incluía tipologías que se basaban en esfuerzos previos para desarrollar programas sólidos contra el lavado de dinero, que pudieran identificar tipos específicos de actividad ilegal, como la relacionada con actividades activas de tiradores o extremistas violentos.
“Por ejemplo, un documento distribuido el 15 de enero de 2021 sugería que los bancos podrían revisar los mensajes de pago en busca de indicios de que un individuo participó en el asalto al Capitolio, y estos incluirían términos como “Antifa”, “MAGA”, “Trump”, “ Biden”, “Kamala”, “Schumer” y “Pelosi”, junto con términos que indicaban una intención de ejercer violencia, como “disparar”, “matar”, “asesinar” y “asaltar el Capitolio”.
FinCEN compartió dichos documentos con bancos y agencias policiales a través de una serie de eventos en FinCEN Exchange. Se trata de una plataforma de intercambio de información público-privada establecida por el Congreso en 2020 con el propósito de combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.
“La función principal de FinCEN a través de estos eventos de Exchange fue apoyar los esfuerzos policiales”, escribió el Sr. Tellez, agregando que estos eventos de FinCEN Exchange duraron hasta mediados de febrero de 2021, es decir, aproximadamente un mes y medio después del evento del 6 de enero.
Vigilancia Financiera de «MAGA»
La confirmación de que la administración Biden utilizó lo que el senador Scott llamó “términos de búsqueda con carga política” para señalar a los clientes en beneficio de las fuerzas del orden proviene del trabajo del Comité Judicial de la Cámara y el Subcomité Selecto sobre la Conversión del Gobierno Federal en un Arma, contra los ciudadanos, los que están llevando a cabo una supervisión de las actividades policiales contra ciudadanos estadounidenses que puedan eludir el proceso legal.
El 17 de enero, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), quien también encabeza el subcomité Conversión del Gobierno Federal en un Arma, reveló que los dos comités estaban en posesión de documentos que indicaban que FinCEN envió materiales a los bancos en nombre de las fuerzas del orden, que describían las tipologías de personas de interés vinculadas al incidente del 6 de enero.
«Ahora sabemos que el gobierno federal señaló términos como ‘MAGA’ y ‘TRUMP’ a las instituciones financieras, en cuanto a los estadounidenses que completaban transacciones utilizando esos términos», dijo el representante Jordan en un posteo en X. «¿Qué se marcó también, Si compraste un texto religioso, como una BIBLIA, o compraste en Bass Pro Shop?”.
En una carta al exdirector de la división FinCEN, Noah Bishoff, el Sr. Jordan acusó a la agencia de participar en una “vigilancia financiera generalizada” llevada a cabo a pedido de las autoridades, y el legislador afirmó que esto generó dudas sobre el “respeto por los derechos civiles fundamentales” del Departamento del Tesoro”.
Varios días después de que el representante Jordan hiciera sus acusaciones, el senador Scott escribió a la Sra. Yellen y al director de FinCEN exigiendo explicaciones por lo que describió como informes de “vigilancia financiera injustificada”.
“Estas acusaciones son particularmente preocupantes dados los esfuerzos pasados para convertir el sistema financiero y la actividad de pagos en un arma contra actividades legales y políticamente desfavorecidas”, escribió el senador.
Como ejemplo de conversión de la agencia en un arma, el Sr. Scott destacó la iniciativa “Operación Choke Point” de la era Obama, que implicó que el Departamento de Justicia se coordinara con los reguladores financieros para presionar a los bancos a negar servicios a empresas legítimas a las que la administración se oponía ideológicamente, como los minoristas de armas.
La demanda de respuestas del Sr. Scott condujo a la carta del 9 de febrero de la administración Biden y a la admisión de la supervisión financiera, que el Tesoro insiste que era legal y legítima.
«La FinCEN está profundamente comprometida con el cumplimiento de esta importante misión de seguridad nacional y justicia penal de conformidad con la ley», escribió Tellez, sugiriendo en la carta que, gracias en parte a la FinCEN, «más de 1200 personas han sido acusadas de delitos en conexión con el ataque al Capitolio y casi 900 han sido condenados”.
Entre los condenados por delitos relacionados con el incidente del 6 de enero, aproximadamente 750 han sido sentenciados, y casi dos tercios recibieron algún tiempo en prisión.
La sentencia de prisión más larga (22 años) fue impuesta a Enrique Tarrio, el expresidente nacional de Proud Boys que fue declarado culpable de conspiración sediciosa, por lo que los fiscales alegaron era un complot para detener la transferencia de poder del entonces presidente Donald Trump al presidente electo Joe Biden, durante la certificación de votos electorales en el Congreso el 6 de enero de 2021.
Decenas de detenidos del 6 de enero todavía languidecen en la cárcel a la espera de juicio, tres años después del incidente en el Capitolio.
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