El gobierno del presidente Joe Biden pospuso este viernes las ventas de arrendamiento de petróleo y gas que estaban programadas para el próximo mes para cumplir con una reciente orden ejecutiva que emitió.
El mes pasado, Biden ordenó al Departamento del Interior que detuviera los nuevos arrendamientos de petróleo y gas natural en tierras públicas o en aguas marinas, hasta que se complete una revisión integral.
El viernes, el departamento pospuso dos conjuntos de ventas de arrendamiento: uno sobre las ventas planificadas para Colorado, Montana, Utah, y Wyoming, y otro para el Golfo de México.
La Oficina de Administración de Tierras iba a ofrecer 383 parcelas por un total de aproximadamente 483,017 acres en los cuatro estados, mientras que la Oficina de Administración de Energía Oceánica iba a ofrecer unos 78.2 millones de acres en el golfo.
Erik Milito, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas, dijo después de los aplazamientos: «Tenemos la esperanza de que la Administración proceda con la venta del arrendamiento una vez finalizada su revisión».
El grupo, que representa a la industria de la energía en alta mar, agregó en un comunicado separado que el Departamento del Interior ya completó múltiples revisiones ambientales y consideró específicamente los impactos climáticos en 2016 durante el gobierno de Obama.
Por su parte Kristen Monsell, directora legal de océanos del Centro para la Diversidad Biológica, un grupo de conservación sin fines de lucro, dijo que posponer la venta de arrendamiento «ayuda a proteger nuestro clima y la vida en la Tierra».
«El presidente Biden entiende la necesidad urgente de mantener este petróleo bajo tierra», dijo. «Este es un gran paso hacia la eliminación gradual de todas las perforaciones en alta mar y llevar la justicia ambiental a la Costa del Golfo y a Alaska. Necesitamos ayudar a restaurar las comunidades costeras y la vida marina».
La orden de Biden de detener los arrendamientos fue impugnada en los tribunales poco después de ser emitida, incluso por la Western Energy Alliance, con sede en Denver.
La alianza calificó la suspensión como «arbitraria y caprichosa y contraria a la ley» y pidió a un juez que declarara inválida la suspensión.
Un estudio encargado por la alianza el año pasado descubrió que las pérdidas de ingresos fiscales bajo una prohibición de perforación promediarían USD 2000 millones por año en todos los estados del Oeste.
El gobernador republicano de Wyoming, Mark Gordon, ordenó recientemente a las agencias estatales que revisen el impacto financiero de la prohibición de arrendamiento de Biden, la cual calificó como «errónea y destructiva».
El mes pasado, la senadora Cynthia Lummis (R-Wyo.) presentó un proyecto de ley que limitaría a la Casa Blanca el bloqueo de nuevos arrendamientos sin la aprobación del Congreso.
El equipo de Biden ha dicho que su orden formaba parte de una serie de «acciones ejecutivas sin precedentes para impulsar el progreso histórico» sobre el cambio climático. El presidente espera poner en marcha un mecanismo de aplicación para lograr emisiones netas cero, o equilibrar las emisiones con la absorción, para 2050.
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