El Departamento de Justicia se ha comprometido a pagar más de 6 millones de dólares a una empresa multinacional para crear una base de datos que albergue la gran cantidad de datos que los fiscales están recopilando en los casos contra los participantes acusados de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.
Deloitte Financial Advisory Services, LLP fue contratada a finales de mayo para ayudar a desarrollar la base de datos y el gobierno ha comenzado a transferir un gran volumen de materiales, incluyendo decenas de miles de registros de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, dijeron los fiscales en una presentación judicial esta semana.
«A raíz de la irrupción en el Capitolio, Estados Unidos reconoció que, debido a la naturaleza y el volumen de los materiales que se estaban recopilando, el gobierno requeriría el uso de un contratista externo que pudiera proporcionar servicios de soporte tecnológico para litigios para incluir datos altamente técnicos y especializados y medios de procesamiento y revisión de documentos», escribieron los fiscales en la presentación, que se presentó en un caso contra varios acusados de disturbios en el Capitolio.
El gobierno trabajará con Deloitte para procesar, revisar y producir material relacionado con la irrupción, utilizando varias herramientas para ocultar cierta información personal.
Los fiscales esperan que la base de datos esté disponible para su uso en un futuro próximo.
«Una vez que lo esté, el gobierno empezará a revisar sistemáticamente los materiales en busca de información que puede ser descubierta, etiquetando cuando sea posible (por ejemplo, video por una ubicación o tipo de conducta, información dada a la policía por un tipo de alegación) y editar cuando sea necesario», escribieron los fiscales.
Deloitte no devolvió la solicitud de comentarios.
La empresa, que figuraba con una dirección en Virginia, recibió 6.1 millones de dólares del Departamento de Justicia por «servicios automatizados de apoyo a los litigios», según una base de datos que contiene contratos gubernamentales.
Esa cifra podría ascender a 25.9 millones de dólares, según el listado de la base de datos, que fue revisado por The Epoch Times.
La fecha de inicio del contrato era el 1 de junio. La fecha actual de finalización es el 31 de mayo de 2022. La fecha potencial de finalización es el 31 de mayo de 2027.
La existencia de la base de datos fue reportada por primera vez por Politico.
La representante Lauren Boebert (R-Colo.) dijo el viernes que este hecho indicaba que los fiscales estadounidenses están centrados únicamente en perseguir los casos relacionados con la irrupción.
«El DOJ va a gastar 6.1 millones de dólares en una base de datos del 6 de enero. ¿Dónde está la base de datos de ANTIFA? ¿Dónde está la base de datos de BLM? Es como si el DOJ hubiera renunciado a todas las investigaciones que no fueran el 6 de enero», escribió en Twitter.
Antifa es una red anarcocomunista de extrema izquierda que ha perpetrado actos de violencia en todo Estados Unidos, principalmente en el noroeste del Pacífico. BLM se refiere a Black Lives Matter, un movimiento que alega que las minorías son tratadas sistemáticamente de forma injusta por las fuerzas policiales, entre otras afirmaciones. DOJ son las siglas del Departamento de Justicia, el cual no respondió a la solicitud de comentarios.
Más de 535 personas han sido acusadas hasta el 6 de julio de delitos relacionados con la irrupción, incluyendo 165 por agredir, resistirse o obstaculizar a policías o empleados, según el DOJ.
Los agentes del FBI siguen pidiendo ayuda para identificar unas 300 personas más acusadas de participar en el incidente del 6 de enero.
Por su parte, la Oficina del Defensor Público Federal (FPD, por sus siglas en inglés) también está estudiando la posibilidad de poner en marcha múltiples bases de datos para ayudar a la defensa de los acusados de participar en los disturbios, dijeron también los fiscales.
«Dado el volumen de información que puede ser descubierta, la FPD está examinando cuidadosamente las opciones para aceptar materiales. Entendemos que la FPD está considerando la posibilidad de contratar a un proveedor para establecer bases de datos que puedan utilizarse para recibir y realizar búsquedas técnicas en materiales que puedan descubrirse. El equipo del gobierno encargado de la búsqueda está identificando el alcance y el tamaño de los materiales que pueden entregarse a la FPD con el mayor detalle posible, para que la FPD pueda obtener presupuestos precisos de los posibles proveedores de bases de datos», escribieron en la nueva presentación.
«Se espera que esta base de datos sea utilizada por las oficinas de la FPD de todo el país que están trabajando en los casos de irrupción en el Capitolio y por los abogados designados en virtud de la Ley de Justicia Penal. Creemos que una base de datos será la forma más organizada y económica de asegurar que todos los abogados puedan obtener acceso a, y realizar búsquedas significativas sobre, materiales voluminosos relevantes, por ejemplo, miles de horas de grabaciones de cámaras corporales y de CCTV del Capitolio, y decenas de miles de documentos, incluyendo los resultados de miles de búsquedas en cuentas y dispositivos bajo la Ley de Comunicaciones Almacenadas», añadieron.
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