Varios grupos de grandes empresas estadounidenses dijeron el jueves que la última orden de vacunación contra el COVID-19 del presidente Joe Biden fue mal planificada y significará una carga para los empleadores durante la temporada de vacaciones.
La orden de vacunación anunciada por Biden en septiembre, se hizo pública el 4 de noviembre.
El decreto requiere que los empleadores con 100 o más empleados —y, tal vez, las empresas más pequeñas— exijan de los trabajadores un comprobante de vacunación contra COVID-19 o los obligue a someterse a pruebas de detección de la enfermedad de forma regular, al menos una vez a la semana.
David French, vicepresidente senior de la Fundación Nacional del Comercio Minorista, dijo que los minoristas habían tomado «medidas extraordinarias» durante la pandemia para proteger a los empleados y a los clientes, incluyendo el fomento y la obligación de la vacunación.
«Desde que el presidente anunció la orden de vacunación para la industria privada, el promedio de siete días de casos en Estados Unidos se redujo a más de la mitad. Sin embargo, el gobierno de Biden optó por declarar una ‘emergencia’ e imponer nuevos requisitos onerosos a los minoristas durante la crucial temporada de compras navideñas», dijo French en una declaración.
Michael Hanson, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista, dijo que la fecha límite del 4 de enero de 2022 era decepcionante porque la planificación y la aplicación caerían «durante la parte más concurrida de la temporada de compras».
Hanson también dijo que los minoristas quieren servir como socios en el impulso para aumentar las tasas de vacunación, pero criticó las multas amenazadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo (OSHA), que promulga la orden en una norma temporal de emergencia.
«Esto enfrenta al gobierno con los empleadores privados en lugar de trabajar con ellos para crear un entorno de trabajo seguro», añadió Hanson.
Grandes grupos, entre ellos las asociaciones, pidieron a la administración Biden a conceder al menos 90 días para su aplicación.
La Federación Nacional de Empresas Independientes se opuso a la orden de Biden, dijo en una declaración Karen Harned, directora ejecutiva de su Centro Legal para Pequeñas Empresas. Este decreto «restringe la libertad de los propietarios de las pequeñas empresas para decidir la mejor manera de operar sus propios negocios e impone cargas injustificadas a las pequeñas empresas que amenazan aún más la recuperación de la pequeña empresa», añadió.
Otros grupos respaldaron el decreto y varios afirmaron que debería haber sido aún más estricto.
«La acción de hoy de la administración Biden, aunque no va lo suficientemente lejos, es un primer paso crítico para mantener a los trabajadores seguros en el trabajo mientras continúan los peligros de COVID-19», dijo Marc Perrone, presidente internacional de United Food and Commercial Workers (Unidad de Trabajadores de Alimentos y Comercio), en una declaración.
«Aunque todavía estamos digiriendo los detalles de la orden, inicialmente nos sentimos alentados por la flexibilidad de cumplimiento que se da a los empleadores en cuanto a la orden. Apreciamos especialmente que la administración haya proporcionado un plazo de cumplimiento más largo y que haya hecho que las fechas de cumplimiento sean coherentes entre la ETS (Norma temporal de emergencia) de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) y los decretos federales de vacunación de contratistas», añadió Timothy Bartl, presidente y director general de la JR Policy Association.
La OSHA «hizo algunos ajustes significativos» en la norma «que reflejan las preocupaciones planteadas por la comunidad empresarial», indicó la Cámara de Comercio de EE.UU. al emitir sus declaraciones.
La fecha límite se retrasó para alinearla con la fecha límite para los contratistas federales que ya estaba en vigor, dijo a los periodistas la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, durante una sesión informativa.
«Queríamos evitar la confusión», indicó Jean Pierre, añadiendo que la administración Biden no cree que los requisitos de vacunación afecten a la ya frágil cadena de suministro.
La orden de vacunación desencadenó múltiples demandas legales a las pocas horas de ser presentada, pero la Casa Blanca mantiene que sobrevivirá a estos desafíos ante la justicia.
Biden dijo a través de una declaración que los requisitos de vacunación están funcionando para aumentar las tasas de vacunación y afirmó que no han provocado «despidos masivos» o «escasez de trabajadores», a pesar de que varias empresas han confirmado que miles de estadounidenses renunciaron o fueron despedidos a causa de los decretos. Las empresas y las agencias gubernamentales de varios estados también han tenido que reducir sus servicios debido a la escasez de trabajadores a medida que los plazos del decreto han entrado en vigor.
«A pesar de lo que algunos predijeron y afirman falsamente, los requisitos de vacunación tienen un amplio apoyo público», dijo el presidente. «Pido a los empresarios que actúen. Las empresas tienen más poder que nunca para acelerar nuestra salida de esta pandemia, salvar vidas y proteger nuestra recuperación económica».
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