Más grupos empresariales pidieron al gobierno de Joe Biden que retrase su anunciada orden de vacunación contra COVID-19 hasta que termine la temporada de vacaciones. Una organización de transporte marítimo días antes emitió una advertencia de que el requisito propuesto por el presidente desencadenaría un caos generalizado en la cadena de suministro de Navidad.
Evan Armstrong, miembro del grupo de presión de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista, declaró a CNBC que a su organización le preocupa que la norma de Biden desencadene un aumento de las renuncias y provoque aún más escasez de personal.
«Ya ha sido una temporada navideña agitada, como saben, con las luchas de la cadena de suministro», dijo Armstrong después de reunirse con funcionarios en la Casa Blanca. «Esta es una política difícil de aplicar. Sería aún más difícil durante la temporada de vacaciones».
«Ya estamos teniendo problemas con la cadena de suministro; ya estamos teniendo problemas de escasez de mano de obra», dijo Ed Egee, uno de los principales lobistas de la Federación Nacional de Minoristas después de una reunión con funcionarios federales. «Esta orden no puede aplicarse en 2021 sin tener graves repercusiones en la economía estadounidense».
A principios de este mes, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) recibió el documento de la orden de vacunación propuesta por la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA), cerca de un mes después de que Biden la anunciara para los trabajadores del sector privado de empresas con más de 100 empleados, los contratistas federales, los empleados federales y el personal sanitario de los centros que reciben financiación de Medicare o Medicaid.
En el caso de las empresas privadas, Biden dijo que los trabajadores que no se vacunen serán obligados a someterse a pruebas semanales de detección del virus.
«Si se permite que la gente se niegue a vacunarse y que el empleador asuma las obligaciones de las pruebas de detección desde el punto de vista de los costos, entonces no hay una motivación real para que esos empleados se vacunen», señaló Armstrong el lunes, estimando que hay millones de trabajadores minoristas sin vacunar en todo Estados Unidos. Las pruebas semanales también resultarían costosas, añadió.
La compañía Business Roundtable dijo que instó a la Casa Blanca a retrasar la norma y pidió a los funcionarios que «permitan el tiempo necesario para que los empleadores cumplan y eso incluye tener en cuenta los problemas de retención de los empleados, los desafíos de la cadena de suministro y la próxima temporada de vacaciones».
The Epoch Times hizo varias solicitudes de comentarios a la OMB y a la OSHA sobre las peticiones de los grupos empresariales.
La semana pasada, la Cámara de Comercio de Michigan y seis cámaras locales también plantearon su preocupación por la anunciada orden de vacunación para las empresas, incluyendo el posible costo, los retos logísticos y los problemas de personal. También argumentaron que el umbral de 100 empleados suele ser arbitrario
«A veces, los funcionarios estatales tienden a considerar una norma federal como un punto de partida para hacer más, para hacer algo distinto, para promulgar normas mucho más estrictas. Esa sería nuestra preocupación», declaró a The Associated Press, Rich Studley, presidente y director general de la Cámara de Comercio de Michigan.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos expresó públicamente preocupaciones similares sobre el posible requisito.
«Hemos hecho hincapié en la preocupación por la pérdida de empleados por parte de las empresas y lo que esto significa en el contexto de los actuales desafíos de la cadena de suministro y la próxima temporada de vacaciones», dijo Marc Freedman, vicepresidente de política de empleo de la Cámara, en un informe separado.
En una advertencia más inquietante, la Asociación de Líneas Aéreas de Carga —que representa a empresas como FedEx, UPS y otras empresas de transporte— escribió una carta la semana pasada dirigida a la administración Biden sobre las preocupaciones que tienen en relación con la orden presidencial para los contratistas federales, que vence el 8 de diciembre.
A diferencia de la orden de vacunación de Biden para las empresas privadas, los contratistas federales no pueden optar por negarse al mandato a menos que un empleado busque una exención religiosa o médica.
«La inminente orden del 8 de diciembre para tener una fuerza de trabajo totalmente vacunada crea un importante problema en la cadena de suministro», dijo el grupo en la carta, obtenida por The Epoch Times. «Este problema se agrava aún más por el hecho de que ya estamos experimentando una escasez de trabajadores, tanto en el aire como en tierra y cualquier pérdida de empleados que se nieguen a ser vacunados tendrá un impacto negativo en las operaciones necesarias».
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