Guatemala: un país tomado por una economía de captura del Estado que profundiza la desigualdad

Por EFE
21 de Febrero de 2019 Actualizado: 21 de Febrero de 2019

Guatemala, uno de los países más desiguales del mundo, está regido por una “economía de captura” en la contratación estatal de bienes, servicios y obras por parte de compradores públicos y privados, que lo hacen un mercado “altamente susceptible a mecanismos extraordinarios de influencia”, según un informe presentado este jueves.

Eso se traduce en 19,5 millones de quetzales (unos 2,5 millones de dólares) que se desviaron entre 2004-2017 y fueron repartidos entre sobornos a funcionarios y ganancias injustificadas a empresas.

Así se desprende del informe “Desigualdad y poder en Guatemala: Economía de captura”, elaborado por el experto Harald Waxenecker y divulgado este jueves en Ciudad de Guatemala durante un foro en el que también participaron, entre otros, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval.

Este documento, de la plataforma ciudadana Paraíso Desigual, presenta una “innovadora metodología” que permite cuantificar el volumen “capturado” de cientos de miles de contratos del mercado público-privado en sectores tan diversos como construcción, salud, alimentación, transporte o seguridad.

Es decir, cuantifica el nivel de corrupción y los montos perdidos en inversión social a causa de estas prácticas “espurias”, permitiendo determinar cómo esto profundiza la desigualdad.

La estructura económica en Guatemala es “extremadamente desigual” pues el excedente de explotación no solo ha aumentado en proporción a la remuneración salarial y los impuestos, sino que además se encuentra “altamente concentrado”.

El 3 % de las empresas grandes captan el 65 % del excedente de explotación y el 56 % de las microempresas solamente absorben el 4 %, lo que evidencia una distribución de riqueza y activos “extremadamente desigual” que genera condiciones para “la captura del Estado y la economía de captura”.

Estos conceptos, prosigue el documento, abordan “complejidades” de la influencia de poderes económicos sobre el Estado para moldear y manipular políticas públicas, normas jurídicas y relaciones institucionales “en beneficio propio”, que se expresa en la capacidad de “capturar ganancias o excedentes extraordinarios” a través de medios “indebidos”.

En este sentido, analiza más de 298.000 contratos estatales adjudicados a empresas privadas entre 2004 y 2017 en las categorías de construcción, salud, transporte, alimentación y seguridad, alcanzando un valor total que “supera” los 102 millones de quetzales (unos 13,2 millones de dólares).

Para el responsable de este estudio, los mercados público-privados de contratación de bienes, obras y servicios constituyen “un complejo entramado relacional” en el que se producen “intercambios entre instituciones compradoras y empresas contratistas”.

El informe “contrasta” el valor esperado del éxito económico de las diferentes empresas contra las cantidades realmente adjudicadas y al sumar las diferencias se determina “el volumen capturado” de los mercados públicos-privados y, por ende, “el excedente extraordinario”.

“El excedente extraordinario se calcula a partir del volumen capturado y lo componen dos factores: los sobornos (incentivo monetario comercial) para los funcionarios públicos y la ganancia adicional (excedente de captura) de los agentes privados por el incremento indebido del volumen de negocios”, detalla.

A este propósito asegura que durante la época analizada (2004-2017) se generaron “excedentes extraordinarios” por más de 19,5 millones de quetzales (unos 2,5 millones de dólares) de los que casi la mitad (1,2 millones) corresponde a sobornos para funcionarios y 1,3 millones a ganancias indebidas para agentes privados.

“Este excedente extraordinario se calcula a partir del volumen capturado, que en suma asciende a más de 50,8 millones de quetzales (unos 6,5 millones de dólares) en un mercado total de 102,7 millones de quetzales (13,3 millones de dólares). Es decir, casi el 50 % del volumen del mercado público-privado es afectado por mecanismos de Economía de Captura”, proclama.

El factor de los sobornos ha provocado que la inversión estatal se haya mermado el 9 %, lo que se materializa en la “infraestructura vial defectuosa, servicios deficientes de salud y el incremento de las problemáticas de desnutrición e inseguridad”, entre otras.

“Estos efectos actúan negativamente sobre la capacidad de crecimiento y competitividad de la economía guatemalteca”, abunda, y agrega que el excedente de captura a favor de los agentes privados produce “desigualdad”, pues más de 119.000 contratos de los valores más altos fueron “capturados” por el 9 por ciento de las empresas.

Es decir, que unas 919 empresas “captoras” se han apropiado de más de 10.000 millones de quetzales (1.295 millones de dólares) de ganancias extraordinarias, y el 66 por ciento de este excedente se concentra en el segmento de “empresas grandes”.

 

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