La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha expresado su preocupación por un incidente ocurrido el 27 de enero, en el que dos agentes de la policía de Nueva York fueron agredidos por un grupo de inmigrantes ilegales cuando intentaban disolver a una multitud desordenada cerca de Times Square.
En un acto celebrado el 31 de enero, Hochul reiteró los llamamientos de los republicanos para que los solicitantes de asilo fueran deportados.
«Creo que eso es algo que debería considerarse», dijo la gobernadora demócrata cuando se le preguntó si los sospechosos deberían ser deportados, informó el New York Post.
«Quiero decir, si alguien comete un delito contra un agente de policía en el estado de Nueva York y no está aquí legalmente, definitivamente merece la pena comprobarlo», añadió.
«Se trata de agentes de la ley que bajo ninguna circunstancia deberían ser objeto de agresiones físicas. Está mal en todos los sentidos y espero que jueces y fiscales hagan lo correcto».
Las autoridades detuvieron a cuatro personas -Darwin Andrés Gómez-Izquiel, de 19 años, Kelvin Servita Arocha, de 19, Wilson Juárez, de 21, y Yorman Reverón, de 24- en el lugar de los hechos y las acusaron de agresión en segundo grado a un agente de las fuerzas del orden y obstrucción a la administración pública.
Los presuntos agresores fueron puestos en libertad sin fianza tras su comparecencia, una decisión que el jefe de patrulla de la policía de Nueva York, John Chell, calificó de «censurable», afirmando que los «cobardes» deberían estar en la cárcel.
«Los cuatro detenidos deberían estar ahora mismo en Rikers en libertad bajo fianza. Deberían ser acusados esta semana y sacados de nuestras calles. ¿Quieren saber por qué agreden a nuestros policías? No hay consecuencias», dijo Chell a los periodistas durante una rueda de prensa.
Un quinto individuo, Jhoan Boada, de 22 años, fue detenido el 29 de enero y acusado de intento de agresión a un agente de policía y agresión en banda. El 31 de enero, Boada también fue puesto en libertad sin fianza, mostrando a las cámaras el dedo corazón al salir del juzgado.
El 31 de enero, la policía detuvo a otros dos sospechosos – Johenry Brito, de 24 años, y Jandry Barros, de 21 – y los acusó de delitos graves de agresión y robo.
Por su parte, la fiscalía de Manhattan reconoció que no había solicitado la libertad bajo fianza de los sospechosos, alegando que los fiscales están reuniendo más pruebas de vídeo del ataque.
La agresión, que tuvo lugar sobre las 20.30 horas del 27 de enero, fue grabada en vídeo y muestra a un grupo de hombres dando patadas y puñetazos a dos agentes de la policía de Nueva York. Según la policía de Nueva York, los agentes intentaban dispersar al grupo, pero la situación se convirtió rápidamente en un altercado físico.
Según las autoridades, los dos agentes sufrieron heridas leves, como cortes en la cara y contusiones en el cuerpo, y fueron atendidos en el lugar de los hechos.
Los líderes republicanos piden la deportación
El 31 de enero, Hochul abordó el asunto tras los llamamientos republicanos a la «deportación inmediata» de todos los inmigrantes ilegales sospechosos relacionados con la brutal paliza policial.
La representante Nicole Malliotakis ( R- N.Y.), que representa el 11º Distrito Congresional del estado, dijo en un comunicado que el video que capta el ataque es un «ejemplo horripilante» de por qué el alcalde de Nueva York Erik Adams necesita «poner fin a la crisis de inmigrantes de nuestra ciudad de una vez por todas.»
«Los ciudadanos no deberían pagar por alojar a ingratos que causan estragos en nuestra ciudad. Pero, en lugar de eso, el alcalde sigue obligando a los contribuyentes neoyorquinos a alojar y proporcionar servicios gratuitos a estos matones, que se aprovecharon de la chapucera ley de fianzas de Nueva York y fueron puestos en libertad inmediatamente después de este ataque», dijo Malliotakis.
«Mientras los inmigrantes siguen cometiendo delitos por toda nuestra ciudad, incluidos asesinatos, apuñalamientos, robos, prostitución y agresiones, la ciudad se niega a cooperar con las solicitudes federales de detención y deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas», añadió. «Republicanos, demócratas e independientes deberían, como mínimo, ser capaces de ponerse de acuerdo en que los inmigrantes que agreden a nuestra policía o cometen delitos en nuestro país deberían ser deportados inmediatamente y tener denegada cualquier futura solicitud de inmigración.»
La Asociación Benévola de la Policía (PBA), el mayor sindicato policial que representa a la policía de Nueva York, también se refirió al ataque, denunciando el sistema judicial del estado mientras expresaba su indignación por la liberación sin fianza de los sospechosos.
«Los ataques a agentes de policía se están convirtiendo en una epidemia, y la razón es la puerta giratoria que estamos viendo en casos como éste», dijo el presidente de la PBA, Patrick Hendry. «Es imposible que los agentes de policía se ocupen eficazmente de la delincuencia y el desorden si el sistema judicial no puede o no quiere protegernos mientras hacemos ese trabajo».
Los inmigrantes ilegales siguen inundando la Gran Manzana
Nueva York es una de las denominadas ciudades santuario con políticas santuario, lo que significa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están limitados a la hora de cooperar con las autoridades federales o de notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos sobre los acusados de delitos, como el grupo recientemente acusado del ataque a los dos agentes de la policía de Nueva York.
Quienes se oponen a las políticas de santuario sostienen que han provocado un aumento de la delincuencia y del peligro para la población. Los partidarios de las políticas santuario sostienen que los delincuentes entre los inmigrantes ilegales no son más que los que se encuentran entre la población general de Estados Unidos.
El ataque a los agentes de la policía de Nueva York se produce también en un momento en el que Nueva York se enfrenta a una afluencia de decenas de miles de inmigrantes ilegales, que Adams ha calculado que costará a la ciudad unos USD 12,000 millones en los próximos tres años.
Decenas de inmigrantes ilegales recién llegados acampan frente al Hotel Roosevelt de Nueva York, convertido en centro de acogida, mientras intentan conseguir un alojamiento temporal en la ciudad el 1 de agosto de 2023. (Spencer Platt/Getty Images)
En diciembre, las autoridades declararon que más de 150,000 inmigrantes ilegales han pasado por el sistema de albergues de Nueva York en menos de dos años, y que más de 67,000 permanecen en albergues de emergencia en toda la ciudad.
En Manhattan, hoteles como el histórico Roosevelt -muchos de ellos situados a poca distancia de Times Square, el monumento conmemorativo del World Trade Center y el Empire State Building- se han convertido en refugios improvisados y viviendas provisionales.
Tanto Hochul como Adams han pedido reiteradamente al gobierno de Biden ayuda federal para hacer frente a la afluencia de inmigrantes ilegales en la ciudad.
«El gobierno federal debe intervenir. Se trata de una crisis nacional que exige una solución nacional. Es hora de que el gobierno federal se ocupe de esta crisis federal y nos aseguremos de darles la oportunidad», dijo Adams en su discurso sobre el estado de la ciudad el 24 de enero.
De NTD News
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