Las autoridades de Honduras inspeccionan este lunes en Puerto Cortés, en el Caribe, una treintena de contenedores procedentes de México que transportan químicos utilizados para la elaboración de clorhidrato de cocaína, informó una fuente oficial.
La investigación se realiza en uno de los planteles de la Empresa Nacional Portuaria con un contenedor que llegó el martes, según un informe de Policía Nacional de Honduras.
Los químicos fueron hallados luego de una inspección de la Dirección Nacional Antidrogas y llegaron escondidos en 30 contenedores, indicó la institución hondureña.
Hasta ahora las autoridades hondureñas no han informado sobre el puerto mexicano del que partió el barco en el que llegaron los contenedores.
Las autoridades hondureñas realizan las pruebas científicas correspondientes para determinar si el total de evidencia requerida para investigación es componente para la elaboración de alucinógenos.
La Policía hondureña no precisó si hay personas detenidas por ese caso que está siendo investigado por las autoridades, ni a quien venían dirigidos los químicos.
El país centroamericano es utilizado por grupos de traficantes de drogas suramericanos que envían cargamentos de cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo.
Las autoridades hondureñas incautaron en 2019 más de 1.800 kilos de cocaína en diferentes operaciones antidrogas, según cifras oficiales.
En 2014, el Gobierno hondureño puso en marcha un «escudo» aéreo, marítimo y terrestre contra el tráfico de drogas en el Caribe, lo que ha permitido reducir la entrada de cocaína al país.
El escudo aéreo fue impuesto por Honduras de manera unilateral, mientras que en el marítimo cuenta con el apoyo de Estados Unidos a través de un guardacostas en aguas internacionales colindantes con las del país centroamericano en el Caribe.
Las autoridades aseguran que la medida ha reducido el paso de drogas por Honduras, donde antes eran frecuentes los aterrizajes de avionetas cargadas con cocaína cuyo destino final eran México y Estados Unidos.
El Parlamento hondureño aprobó a finales de 2013 una ley que permite el derribo de avionetas civiles sospechosas de transportar droga en caso de no acatar instrucciones oficiales de aterrizar.
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