Los habitantes de una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentran sometidos a un «feroz control» de grupos armados ilegales que operan con total «descaro» e impunidad, advirtió este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).
El organismo presentó el informe «Los guerrilleros son la policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure», que documenta los crímenes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de una disidencia de las FARC y de las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).
La población de la zona «está en una situación de indefensión total, pues la ley y el orden lo imponen estos grupos ilegales que operan con una impunidad total», dijo a Efe en Bogotá el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, al comentar las conclusiones del estudio.
Numerosos crímenes y abusos
Para constatar la situación, HRW visitó en agosto pasado Arauca, en el este de Colombia, donde entrevistó a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.
Con los testimonios, según el director regional del organismo, determinaron que «la situación es pavorosa y la gente está aterrada» pues «los grupos armados no estatales usan la violencia para controlar su vida cotidiana», mediante amenazas, secuestros, trabajo forzado, reclutamiento de niños, asesinatos y abuso sexual.
«Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo» porque las organizaciones criminales «reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado, limpiando caminos o cocinando» para ellos, generalmente en campamentos instalados en Venezuela, afirmó Vivanco.
Las reglas, que las organizaciones criminales informan a través de megáfonos o letreros en las carreteras, incluyen toques de queda, «prohibiciones de violación, robo y asesinato» y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de funcionamiento de bares.
Bajo ese régimen, sostiene HRW, el año pasado 16 civiles fueron ejecutados y sus cuerpos hallados con carteles en los que los acusaban de ser «informantes», «violadores», «traficantes de drogas» o «ladrones».
Impunidad total
HRW enfatizó este miércoles en que «los grupos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera» e incluso en Venezuela existe connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales.
Para Vivanco, la situación es de «extrema gravedad» porque la «posibilidad de justicia es irrisoria, no hay una mínima expectativa de justicia en Arauca» ante la falta de recursos humanos y técnicos para investigar los delitos.
«En algunos municipios solo hay un fiscal para atender cientos de casos», indicó.
Según el estudio, aunque Colombia ha tratado de arrebatar el poder a los grupos armados los abusos siguen impunes, mientras en Venezuela la situación es peor porque las guerrillas «parecen sentirse aún más libres para operar».
Vivanco añadió que en Colombia la seguridad militar en la zona le da «prioridad» a resguardar la infraestructura petrolera y no a la población, lo que deja amplias áreas desprotegidas, donde, según dijo un agente policial a Human Rights Watch, las guerrillas «son la policía».
Riesgo para migrantes venezolanos
HRW mostró especial preocupación por los migrantes venezolanos que llegan a Arauca huyendo de la crisis en su país y que por ignorar las «reglas» de los grupos armados se cuentan entre las víctimas de asesinatos.
Entre enero y noviembre de 2019, la Policía de Colombia contabilizó 30 venezolanos asesinados en Arauca, muchos de ellos, según líderes comunitarios, por violar las «reglas».
Además, hay testimonios de venezolanas explotadas sexualmente, lo que HRW describe como una grave muestra de la trata de personas en la región.
Colombia y Venezuela, que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, comparten una frontera de 2219 kilómetros, donde operan grupos guerrilleros, bandas criminales herederas de los paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y delincuentes comunes.
Vivanco lamentó que tras el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, firmado en noviembre de 2016, el vacío dejado por la guerrilla en regiones como Arauca no lo llenó el Estado sino distintas organizaciones criminales que siguen cometiendo numerosos abusos y crímenes.
De hecho, dice el informe, cuando las FARC declararon un alto el fuego en 2015 para avanzar en las conversaciones de paz, el Gobierno registró 96 homicidios en Arauca, cifra que ascendió a 161 entre enero y noviembre de 2019.
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