El expresidente Donald Trump se convirtió el jueves en el primer expresidente estadounidense de la historia en ser imputado.
El abogado de Trump, Joseph Tacopina, confirmó la imputación por parte de la oficina del fiscal de Manhattan Alvin Bragg a The Epoch Times el 30 de marzo.
La oficina de Bragg ha estado investigando a Trump por su presunta implicación en un pago de 130,000 dólares a la actriz de entretenimiento para adultos Stormy Daniels por parte del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2016. El pago presuntamente fue para evitar que Daniels hiciera público un romance que dice haber tenido con Trump, quien niega la afirmación.
La imputación se produjo tras un proceso de semanas en el que un gran jurado escuchó el testimonio de excolaboradores de Trump, entre ellos Cohen y el exabogado de Cohen, Robert Costello.
Aunque la acusación permanece sellada, se cree que el caso se basa en gran medida en el testimonio de Cohen. Cohen se declaró culpable de violar las leyes federales de financiación de campañas en 2018 al organizar pagos a Daniels y a otra mujer que afirmaba haber tenido un romance con Trump. En su acuerdo de culpabilidad, el abogado afirmó haberlo hecho por indicación de Trump y que fue reembolsado por la Organización Trump a través de gastos legales rutinarios, a pesar de sus afirmaciones anteriores de que pagó el dinero de su propio bolsillo.
Trump, candidato a las elecciones presidenciales de 2024, ha negado cualquier delito, alegando que es víctima de extorsión.
Obstáculos legales
El caso de Bragg contra Trump, del que algunos han dicho que emplea un argumento jurídico «nuevo», se enfrenta a importantes obstáculos legales, según algunos expertos jurídicos.
Alan Dershowitz, jurista que enseñó Derecho en Harvard durante cincuenta años, se mostró muy escéptico ante el intento de Bragg de combinar leyes estatales y federales —la acusación de registros falsos y las leyes de financiación de campañas, respectivamente.
«Hay una ley federal de campañas y una ley estatal de registros, y ambas no tienen nada que ver», declaró Dershowitz a The Epoch Times el 18 de marzo. «Pero para convertir el estatuto estatal en un delito grave, hay que tomar prestado un estatuto federal, lo que parece plantear cuestiones jurídicas reales y serias».
También está la cuestión de si el plazo de prescripción ha vencido en este caso.
Según la legislación del estado de Nueva York, la falsificación de registros comerciales es en sí misma un delito menor, que prescribe a los dos años. Pero si el fraude en los registros se utilizó para encubrir o cometer otro delito, la acusación se elevaría a delito grave, que prescribe a los cinco años.
Dado que el pago a Daniels tuvo lugar en octubre de 2016, un caso que persigue cargos de delito grave todavía tendría dos años más de prescripción en circunstancias normales. Pero se espera que Bragg haga uso de una disposición en la ley estatal que detiene el reloj de los estatutos de limitaciones cuando «el acusado estuvo continuamente fuera» de Nueva York, dijo el abogado litigante John O’Connor a The Epoch Times en una entrevista. Se espera que el fiscal del distrito argumente que el reloj se detuvo porque Trump estuvo en Washington y Florida durante el período a partir de 2016, dijo O’Connor.
Durante este período, sin embargo, Trump todavía pasó algún tiempo en Nueva York. Por lo tanto, la cuestión gira en torno a la interpretación de la palabra «continuamente», con expertos legales divididos sobre qué camino podría tomar el tribunal en este punto.
Lo que sucederá a continuación
Siguiendo los procedimientos normales, los fiscales negociarían la entrega voluntaria de Trump en la oficina del fiscal del distrito en el bajo Manhattan. El abogado de Trump, Joseph Tacopina, ha dicho previamente que el expresidente se entregaría voluntariamente si fuera acusado. En este caso, Trump se presentaría en la oficina del fiscal del distrito a la hora acordada para ser fichado, lo que incluye que le tomen las huellas dactilares, le tomen una foto policial y le lean sus derechos Miranda.
Más tarde se le instruirían cargos, lo que suele ocurrir en unas pocas horas, en una sala del mismo edificio. Durante este procedimiento judicial, el equipo de defensa de Trump recibirá la copia física de la acusación, y Trump se declarará inocente. Trump quedaría entonces en libertad bajo fianza, ya que la ley neoyorquina prohíbe a los fiscales solicitar fianzas por cargos de delitos graves no violentos.
En el improbable caso de que Trump no se entregue voluntariamente, comenzaría el proceso de extradición, que requeriría la firma del gobernador de Florida, Ron DeSantis, también principal rival de Trump por la nominación republicana para las presidenciales de 2024.
En cuanto a si DeSantis tiene potestad para intervenir en una posible solicitud de extradición, el abogado defensor de Florida Andrew Moses dijo a The Epoch Times que el papel del gobernador es en gran medida «ministerial» cuando recibe una solicitud de extradición de otro estado. La ley de Florida estipula que el gobernador puede investigar la demanda de otro estado para extraditar, dijo Moses, lo que significa que DeSantis podría potencialmente retrasar la extradición si así lo decide, pero no puede negarla por completo.
Dershowitz dijo a The Epoch Times que cree que Trump sería condenado por un delito después de un juicio con jurado en Manhattan, pero que más tarde ganaría en la apelación.
«Porque no creo que Trump pueda tener un juicio justo en Nueva York», dijo el experto legal, señalando a la población de la ciudad, predominantemente votante demócrata.
«Entonces se revertirá en apelación, pero para entonces, estaremos muy metidos en el ciclo electoral», dijo Dershowitz, refiriéndose a las elecciones presidenciales de 2024.
Un portavoz de Trump ha descrito el caso como otra instancia del «uso como arma de nuestro sistema de injusticia».
«El fiscal demócrata de izquierda radical de Manhattan, financiado por George Soros, ha decidido llevar su cacería de brujas al siguiente nivel», escribió el portavoz en una declaración a The Epoch Times la semana pasada.
Mientras tanto, Trump ha mantenido que seguirá en la contienda presidencial si se presentan cargos penales contra él.
«Oh, absolutamente, ni siquiera pensé en abandonar», dijo Trump a los periodistas en la Conferencia de Acción Política Conservadora el 4 de marzo, en respuesta a una pregunta sobre el asunto. «Probablemente, mejorará mis números, pero es algo muy malo para Estados Unidos. Es muy malo para el país».
La acusación supone el primer cargo penal contra Trump que se materializa, ya que el expresidente aún se enfrenta a un posible procesamiento en otras tres investigaciones: Una investigación de Georgia sobre la presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, una investigación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre el manejo de Trump de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, y otra una investigación del DOJ sobre los presuntos esfuerzos de Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020.
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