La Fiscalía colombiana imputó este viernes un nuevo cargo al intendente de la Policía Alfonso Quinchanegua, implicado en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, que fue niñera en la casa de Laura Sarabia, exjefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.
Una fiscal contra la corrupción le imputó a Quinchanegua el delito de «falsedad de material en documento público», cargo que él no aceptó, informó el ente acusador en un comunicado.
Las pruebas recolectados, según la Fiscalía, indican que el intendente «habría ordenado a un patrullero modificar y adicionar algunos apartes de la entrevista que dio Marelbys Meza, con ocasión de la pérdida de un dinero en la vivienda de la señora Sarabia Torres, el 29 de enero del año en curso».
En ese sentido, se incluyó que Meza tomó un servicio de transporte particular, luego de culminar su jornada laboral, el día en el que se extraviaron unos dólares.
Esta información, presuntamente, se usó para justificar una declaración tomada de manera extemporánea a un conductor de plataformas virtuales de transporte.
La investigación da cuenta de que el intendente Quinchanegua, al parecer, presionó a su subalterno, a través de mensajes de texto y de manera verbal, para que procediera irregularmente.
La entrevista alterada hizo parte del informe de policía judicial presentado a la fiscal que ordenó interceptar las comunicaciones de Meza y otra persona, con base en varios elementos suministrados por los imputados por estos hechos.
El escándalo de Sarabia, que ahora es directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y fue la mano derecha del presidente durante parte de su primer año de Gobierno, protagonizó uno de los mayores escándalos del ejecutivo Petro originado por el robo de un maletín con dinero y documentos oficiales de su apartamento.
Tras el supuesto robo de dinero, los números telefónicos de la niñera y otra empleada doméstica fueron interceptados ilegalmente por la Policía usando como fachada una investigación contra la banda criminal del Clan del Golfo en el departamento del Chocó, en el noroeste del país.
Además, Meza fue llevada a una dependencia de la Casa de Nariño, sede presidencial, para ser interrogada y sometida a pruebas polígrafo sin una orden judicial.
Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela, también se vio involucrado en la trama por los chantajes y amenazas que envió a Sarabia, que antes le llevaba la agenda y a quien amenazaba con revelar «secretos» que podrían incluso involucrar una supuesta financiación irregular de la campaña presidencial.
Aunque Sarabia dejó su puesto en el Gobierno, volvió a los pocos meses al cargo de directora del DPS, un departamento que no tiene rango ministerial pero gestiona gran cantidad de recursos para programas para personas sin recursos, y sigue siendo una de las personas de confianza del presidente.
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