La inadecuada investigación de decenas de miles de casos de desaparición forzada en México provoca una «impunidad casi absoluta» en el país, denunció hoy el comité de la ONU encargado de la lucha contra estos delitos, y pidió a las autoridades mexicanas mayor transparencia en la materia.
En un informe publicado hoy, y después del diálogo que sostuvo con representantes del gobierno mexicano del 13 al 15 de septiembre, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) lamentó «la persistencia de una situación generalizada de desapariciones» en el país, y los limitados avances en la persecución penal de éstas.
En los estados de México, Tamaulipas, Jalisco o Guerrero, donde desde 2014 en este estado se desconoce el paradero de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, el comité advirtió un aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, según el documento.
El comunicado de la comisión informa que el Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, que contabiliza 115,540 personas en esa situación desde 1962 hasta la actualidad, no se ajusta a los estándares internacionales.
El comité pidió a las autoridades de México la transparencia de la metodología usada y que «garanticen la fiabilidad de los datos recolectados», coordinando «de forma independiente e imparcial» el proceso con la Comisión Nacional de Búsqueda.
También subraya la «resistencia de algunas autoridades» a la hora de compartir información con ese registro nacional, o la «poca claridad» sobre la proporción de los casos registrados que podrían corresponder a desapariciones forzadas.
«Se han denunciado casos de revictimización, incluyendo señalamientos contra familiares» acusados de «ocultar el paradero de sus seres queridos», agregó el informe.
Los expertos del comité recibieron denuncias de amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de personas en paradero desconocido, sus acompañantes, defensores de los derechos humanos y periodistas que cubrían esos casos.
El informe lamenta que en muchas ocasiones tienen que ser familiares y allegados los encargados la búsqueda e investigación, labores que deberían competer al Estado.
Y en muchos de esos casos, los familiares a menudo tienen dificultades de acceso a los expedientes de investigación, o han denunciado cierres paulatinos de espacios de participación, prosigue el documento.
Asimismo, señala que algunas autoridades mantengan la práctica de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que según el comité impide la búsqueda inmediata de muchas víctimas.
El informe también da cuenta del elevado y creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los desbordados servicios médico-forenses mexicanos, que son incapaces de realizar su adecuada identificación y conservación.
Según señala el documento, el 89 % de los más de 53,000 cuerpos y restos humanos almacenados en laboratorios, centros forenses e instalaciones no se identificaron durante el año 2022.
El comité, que visitó México en noviembre de 2021 para analizar los progresos del país en la lucha contra las desapariciones forzadas, aplaudió algunos avances, como la creación del Centro Nacional de Identificación Humana en Morelos, que inició operaciones en agosto de 2022.
Y elogió la inauguración en enero de 2023 del Laboratorio de Identificación Humana en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, así como la publicación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en marzo de este mismo año.
Pese a ello, México sufre «la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones», resume el informe de la CED para México sobre la implementación de la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas.
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