Esta semana han comenzado en Cuba una serie de juicios contra 57 manifestantes implicados en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Algunos de ellos se enfrentan a hasta 30 años de prisión por manifestarse contra el régimen comunista de la nación, a pesar de que el derecho a reunirse y protestar está protegido por el artículo 56 de la Constitución del país.
«Sencillamente no se puede protestar contra el régimen en Cuba», dijo el analista de origen cubano Fernando Menendez a The Epoch Times.
El gobierno programó un total de tres juicios: 21 acusados en la ciudad oriental de Holguín, 20 en La Habana y 16 en Santa Clara.
Las protestas de julio de 2021 fueron las más grandes que se han visto en el país en décadas.
Miles de manifestantes pacíficos salieron a las calles para protestar por varias carencias críticas: agua, electricidad, alimentos y medicinas.
El presidente Miguel Mario Díaz-Canel llamó a los manifestantes desarmados «mercenarios».
Al comenzar las manifestaciones, Díaz-Canel instó a los partidarios del régimen comunista a contraatacar utilizando la violencia.
«Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución en todos los lugares», a lo que siguió: «La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios».
En enero de 2021, había 138 presos políticos documentados en Cuba. A finales de año, la cifra ascendía a 955, según un informe de la organización jurídica española Prisoners Defenders.
«En Cuba no hay derechos individuales», dijo Menéndez.
Al crecer en La Habana, su familia formaba parte de la clase media que, como muchas otras, apoyó el gobierno de Fidel Castro al principio.
Eso fue antes de que el dictador nacionalizara las grandes industrias de la nación y comenzara a confiscar los activos de propiedad extranjera.
Y, por supuesto, alió los intereses de Cuba con los de la Unión Soviética y China.
El gobierno de Díaz-Canel, ferviente partidario de la dinastía Castro, ha cometido múltiples violaciones de los derechos humanos contra los detenidos en las protestas de julio, según un informe de Human Rights Watch.
Además, los agentes de seguridad no solo detuvieron a manifestantes pacíficos, sino que interceptaron a personas que se dirigían a las manifestaciones.
Los militares y la policía detuvieron a más de 1000 personas, según el grupo de derechos cubanos Cubalex. Más de 500 siguen detenidas por el Estado.
A diferencia de las protestas anteriores, Internet desempeñó un papel fundamental en la magnitud de las manifestaciones de julio.
«Gracias a Internet, la gente pudo postear videos de lo que estaba ocurriendo y se extendió como un reguero de pólvora por todo el país», dijo Menendez.
El Grupo Cívico Cubano Archipiélago organizó otra protesta para exigir la liberación de las personas detenidas en las manifestaciones de julio, prevista para el 15 de noviembre de 2021.
El grupo notificó a las autoridades en septiembre su intención de marchar, lo que resultó en que le negaran las solicitudes de permiso basándose en acusaciones de que la manifestación era un intento de Estados Unidos de causar desorden y derrocar al gobierno.
El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó el intento de manifestación de «operación fallida» orquestada por Estados Unidos.
Menendez añadió que la gente hará casi cualquier cosa para evitar las terribles condiciones de las prisiones cubanas, incluyendo informar al régimen comunista de cualquier discurso o comportamiento antigubernamental perpetrado por familiares o amigos.
«He conocido a gente que ha estado en la cárcel cubana. Me sorprende que estén vivos», dijo.
Durante una declaración realizada el 14 de enero, Díaz-Canel dijo: «Quienes dirigen tienen que estar en la calle, escuchando a la gente y promoviendo la participación de toda la población, que debe plantear, proponer, consensuar prioridades, dar soluciones, participar en ellas, y controlar lo que se hace».
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