Inmigrantes ilegales miembros de la pandilla MS-13 se declaran culpables de dos decapitaciones

Por Zachary Stieber
08 de octubre de 2019 5:14 PM Actualizado: 08 de octubre de 2019 5:14 PM

Cuatro inmigrantes ilegales miembros de MS-13, la pandilla conocida por su violencia, se declararon culpables en dos casos de asesinato en los que las víctimas fueron decapitadas.

Ambos crímenes tuvieron lugar en Maryland, donde se ha producido una avalancha de inmigrantes ilegales y de delitos violentos cometidos por MS-13.

Jennifer Rivera-López, una mujer de 21 años de Annapolis, fue descubierta enterrada en una tumba secreta en un parque de Crownsville en septiembre de 2017.

Según el acuerdo, uno de los cuatro que se declararon culpables, Ronald Méndez-Sosa, de 21 años, se puso en contacto con Rivera-López a través de las redes sociales. Se conocieron bajo el pretexto de una cita.

Pero el plan era que MS-13 matara a Rivera-López «debido a su asociación con la pandilla rival Calle 18», según el convenio, reportó el Capital Gazette.

Brenda Argueta, 20 años, atrajo a Rivera-López a un auto. Poco después, varios otros miembros de la MS-13 obligaron a Rivera-López a subir a otro vehículo y la llevaron al parque, donde fue atacada por pandilleros con machetes y cuchillos que finalmente la decapitaron.

Ervin Arrue-Figueroa, de 20 años, y Francisco Ramírez-Peña, de 24, también admitieron haber participado en el brutal asesinato.

Méndez-Sosa también se declaró culpable de estar involucrado en el asesinato de Neri Giovani Bonilla-Palacios, de 17 años, que fue encontrado muerto el 3 de octubre de 2017 en Annapolis.

Méndez-Sosa dijo que él y otros miembros de la pandilla pensaron que la víctima se hacía pasar por miembro de una rama diferente de la MS-13 y/o ayudaba a la pandilla Calle 18, por lo que lo persiguieron para matarlo.

Lo invitaron a un parque y lo atacaron con un martillo y un machete antes de decapitarlo.

Ervin Arrue-Figueroa, de 20 años, izquierda, y Francisco Ramírez-Peña, de 24, derecha, se declararon culpables de participar en un brutal asesinato en Maryland. Ambos son miembros de la MS-13. (Departamento de Policía de Anne Arundel)

Ramírez-Peña y Arrue-Figueroa también se declararon culpables de vender marihuana por medio de la MS-13, mientras que Argueta admitió que ayudó a extorsionar a las empresas locales en una estafa al estilo mafioso.

Las declaraciones de culpabilidad se produjeron más de un año después de que la agencia de Inmigración y Aduanas anunciara que 24 presuntos miembros de MS-13 se enfrentaban a una acusación federal por extorsión violenta, asesinato y conspiración para el lavado de dinero.

La acusación de seis cargos alegó que desde el 2015 y hasta el 2017, los miembros y asociados de MS-13 participaron en actividades de chantaje que incluían asesinatos, conspiraciones para cometer asesinatos, tentativas de asesinato, extorsión, robo, secuestro, narcotráfico y lavado de dinero.

Los miembros asesinaron a cinco personas en los condados de Frederick, Anne Arundel y Montgomery, desmembrando a tres de las víctimas, según las acusaciones. Los demandados supuestamente conspiraron para matar a otras ocho personas. Mutilaron y atacaron a una persona, dispararon a otra, y secuestraron y amenazaron a un tercero.

«MS-13 es una de las pandillas más violentas y despiadadas de las calles hoy en día. Trabajando con nuestros socios estatales y locales, y usando las herramientas de nuestros Grupos de Trabajo para el Control de Drogas del Crimen Organizado, estamos decididos a desmantelar esta organización para hacer que nuestras comunidades en Maryland sean más seguras», dijo el Fiscal General de Estados Unidos Robert Hur en una declaración en ese momento.

«La MS-13 está asolando comunidades en todo Estados Unidos con violencia brutal, reclutando niños para sus filas asesinas, destruyendo familias y dejando atrás innumerables víctimas», dijo el Asistente del Procurador General en funciones, John Cronan. «Esta acusación -que imputa a dos docenas de presuntos miembros de MS-13 por actos de violencia sin sentido- es el último ejemplo del compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia de combatir a las pandillas violentas que se aprovechan de las comunidades, ya sea en Maryland o en cualquier otro lugar de nuestro país».

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