La red de corrupción que opera con el hambre de las familias venezolanas con la introducción de las cajas de alimentos CLAP por parte del régimen de Maduro en 2016 se está investigando tanto dentro como fuera del estado venezolano.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) nacieron bajo el Decreto Nro. 2.323 con el que Maduro declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el país, el 13 de mayo de 2016 y desde entonces se asocia a una gran lista de corrupción tanto en la compra como en la distribución y venta, además de la intervención de las guerrillas armadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México está investigando por lavado de dinero a una red de 23 empresas que desde el país mexicano han provisto alimentos vinculados a las cajas CLAP con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Los beneficiarios pueden estar relacionados a miembros del régimen de Maduro.
Es “una red de corrupción que opera a costa del hambre de los venezolanos” dijo el 13 de julio Reinaldo Díaz a través de un comunicado de la Asamblea Nacional venezolana, el representante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, enviado especial del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó en México, donde se investiga un robo millonario al pueblo venezolano.
Firmas mexicanas recibieron cantidades millonarias de dinero del régimen de Maduro a través de cuatro empresas constituidas en Turquía, Hong Kong y Panamá.
Son las empresas que “triangulan la compra de alimentos para el régimen usurpador venezolano”, dijo Díaz.
Jack Landsmanas, propietario de Grupo Kosmos, empresa investigada conformada por las empresas La Cosmopolitana, Serel y Koltov, “recibió en agosto de 2017 depósitos por 8,8 millones de pesos de Million Rise Industries Limited, una de las cuatro empresas constituidas en los países arriba mencionados”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre marzo y junio de este año, “señaló que había 217 cuentas bancarias vinculadas a la red de corrupción.
Million Rise y otra empresa de nombre Mass Joy Industries LTD tienen como beneficiarios a los hermanos Omar Sruji y Tussef Smaill Abou Nassif, este último pareja de la integrante del chavismo, Delcy Eloína Rodríguez Gómez”.
“No vamos a permitir que permanezcan impunes aquellos que se están enriqueciendo con el hambre y la vulnerabilidad de los venezolanos, ante la crisis que atraviesa. No permitiremos que en ningún país y en este caso México, estos terribles actos pasen desapercibidos”, dijo Díaz.
Además el parlamentario advirtió que “todos los casos de corrupción, vinculados con el usurpador Nicolás Maduro” se llevarán a través de la justicia internacional hasta lograr que “los responsables paguen por el desfalco económico que han perpetrado en Venezuela”.
Otra empresa con sede en Turquía, Mulberry Proje Yatirim, citada por el medio Reforma, desde 2017 tiene el contrato para surtir las despensas a las CLAP y tiene transferencias por 24,1 millones de dólares en marzo de 2018 a la Comercializadora DRR S. A. de S. C., constituida en junio de 2016, y por 10,6 millones de dólares a El Sardinero Es Servicio y a Rice and Beans.
Million Rise también ha hecho transferencias por 19,5 millones de dólares a Ilas México. Otras empresas bajo investigación son Integradora de Productos del Estado de México y B-Eminent Inc. de México, con sede en Baja California, añade el reporte.
El 19 de junio de 2018 cuando se hizo la primera denuncia en Veracruz habían contenedores con 1,8 millones de despensas de los alimentos.
Depósitos del 21 de agosto al 2 de octubre de 2018 de Mulberry Proje Yatirim AS -una de las intermediarias del régimen de Maduro, establecida en Estambul-, en favor de las empresas mexicanas Rice and Beans Co. S.A. de C.V. y El Sardinero Es Servicio, son por más de10 millones de dólares.
La empresa turca es la titular de un contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017, de 11,5 millones de despensas para el sistema de CLAP, señala el medio Reforma.
Otras empresas que son parte de la investigación han realizado las ventas directamente a Venezuela, como Integradora de Productos del Estado de México. Las compras de Venezuela, según la UIF, se hicieron a empresas de Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México y Nuevo León, y salieron por los puertos de Altamira y Veracruz.
Corrupción en la distribución
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2018 determinó que 7,3 millones de hogares venezolanos reciben este subsidio, informó Pitazo y los precios de cada caja varían demasiado entre un lugar y otro y entre una persona y otra.
Mediante la asociación de los beneficiarios a las cajas CLAP al carnet de la patria, Maduro puede controlar y someter a la población que recibirá el beneficio de una caja CLAP a precio subsidiado.
“Vamos a unir el poder de la Milicia Nacional Bolivariana en más de 51 mil Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI) con el Sistema Patria, el sistema del Carnet de la Patria, apuntando a la creación de un Sistema Nacional de Control para la entrega de alimentos subsidiados a las familias venezolanas”, informó el 28 mayo Nicolás Maduro en un comunicado del régimen, que actualmente se vive en dictadura. El Carnet de la Patria tiene a su vez requisitos ideológicos.
Con este sistema las familias deben esperar aveces hasta cinco meses la llegada de una caja para alimentar a sus hijos y dependiendo de la zona en la que se viva, según una investigación de El Pitazo, “la caja puede costar desde 1.500 bolívares hasta 30.000 bolívares. Eso sin contar los 1.000 o 2.000 bolívares que solicitan los líderes vecinales para pagar el transporte de las cajas”. Esta diferencia de precios ocurre por las reventas de cajas sin control.
Para el primer semestre de 2019, el precio se mantuvo extraoficialmente en las zonas populares entre los 500 y los 800 bolívares, hasta que en abril se aumentó oficialmente a 2.500 bs, añade el informe.
Control de la guerrilla
Habitantes de los municipios venezolanos en la frontera con Colombia declararon con gran preocupación a la ONG Fundación Redes que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que la guerrilla colombiana es la que en estos momentos tiene “amplia presencia en Venezuela”, participa en la distribución de cajas de comida del programa social del régimen de Maduro, informó la organización el 11 de julio.
En nuestro último boletín, #Boletin008Fundaredes denunciamos el control político que ejerce el ELN al encargarse de la distribución de CLAP en zona de frontera. Programa @TestigoDirecto hizo un reportaje completo sobre el CLAP en #Venezuela. pic.twitter.com/vzmimRArkf
— FundaREDES (@FundaREDES_) October 26, 2018
No habiendo alternativas de mercado para las familias empobrecidas, deben adquirir las cajas a través de la guerrilla. En la frontera opera el ELN y dentro del país las milisias anunciadas por Maduro.
FundaRedes ha podido constatar que el ELN tiene control de ese reparto en aproximadamente 40 municipios de los estados venezolanos Apure, Zulia, Táchira, Bolívar y Amazonas.
“Esta situación se registra en diversas localidades de los estados fronterizos con Colombia y forma parte de las acciones emprendidas por esta guerrilla para afianzar su presencia en Venezuela y fortalecer sus nexos con la administración de Nicolás Maduro”, señala FundaRedes quien realizó unas entrevistas personales.
La distribución se hace como una especie de “labor conjunta” de los irregulares con la estructura gubernamental a plena luz del día sin que las Fuerzas Armadas impidan el desplazamiento de estos hombres fuertemente armados en el territorio nacional. Una mujer que pidió anonimato a la fundación hizo las siguientes declaraciones.
“Como mujer soltera me toca buscar ese apoyo de alimentación para darle de comer a mis hijos por la crisis que estamos viviendo, pero vemos con preocupación que desde hace unos meses la guerrilla colombiana del ELN es la que está distribuyendo las cajas de comida en la frontera, y casi obligando a escuchar la emisora de radio de ellos. La entrega la hacen dos veces al mes o cada 22 días, llegan en carros del gobierno de Venezuela, a uno no le parece que sea lo correcto porque debería ser el gobierno el que esté repartiendo esos alimentos, pero uno lo acepta por necesidad”, declaró la residente a FundaRedes.
La crisis hiperinflacionaria y a las severas fallas en los sistemas de salud y seguridad, así como el colapso en los servicios públicos en Venezuela, “hace que los pobladores de estas zonas sean cada vez más vulnerables, de allí que estos grupos manipulan sus necesidades”.
Los alimentos del programa gubernamental CLAP se hacen solo a los inscritos al Carnet de la Patria, “otro instrumento de control político y discriminación a la población”, que usa Maduro exigir un apoyo ideológico para obtenerlo.
“Los beneficiarios del programa social con quienes nuestra organización se ha entrevistado aseguran que la caja la reciben cada cinco o seis meses. En ciertos lugares la guerrilla decide a quién entregan estos alimentos y, adicionalmente, utiliza ese programa social gubernamental como vehículo para distribuir su propaganda”, dice FundaRedes.
Adentro de las cajas introducen panfletos con un comunicado en el que se lee: “El bloque del ELN Carlos Germán Velasco Villamizar, siempre junto al pueblo, sembrando sueños y esperanzas en una vida mejor, comparte el amor para el legado del comandante Chávez”, agrega el informe.
A ello se suma la promoción de su emisora Antorcha Estéreo. Estas “es una de las cinco estaciones radiales pertenecientes al ELN que transmiten todos los días desde territorio venezolano pese a las reiteradas denuncias que sobre este hecho FundaRedes ha realizado ante diversas instancias gubernamentales”.
Desde 2017 FundaRedes ha denunciado esta distribución irregular ante instancias regionales y nacionales de Venezuela, como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
La distribución está asignada de hecho por decreto para que se realice “mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadanas”, informa a su vez el programa Patria del régimen. Para Maduro los ELN formaría parte de sus órganos de seguridad ciudadana al parecer.
Según la normativa de febrero “el Jefe de Calle autorizado a retirar los combos CLAP es todo aquel que tenga registrado y confirmado 20 familias o más”.
Se cree que el ELN hace esta labor de control armado en los municipios fronterizos Cárdenas, Córdoba, Fernández Feo, García de Hevia, Independencia, Junín, Libertador, Panamericano, Pedro María de Ureña, Rafael Urdaneta, Samuel Darío Maldonado, Simón Rodríguez, Sucre, Torbes, así como en zonas rurales de San Cristóbal (Táchira); Río Negro, Maroa, Atabapo, Atures y Autana (Amazonas); Angostura, Caroní, El Callao, Sifontes y Sucre (Bolívar); San Fernando, Páez, Pedro Camejo y Rómulo Gallego (Apure); y Cabimas, Catatumbo, Colón, Guajira, Jesús María Semprún, Lagunillas y Machiques de Perijá (Zulia).
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