La irrupción en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero provocó daños en el edificio por un valor de casi 1.5 millones de dólares, dijeron los fiscales en una presentación, en la que anunciaron que esperan acusar a más de 550 personas por el incidente en un nuevo caso.
La fiscal adjunta, Mona Sedky, reveló esta semana una estimación de los daños en un acuerdo de aceptación de culpabilidad en el caso de Paul Hodgkins, quien aceptó declararse culpable de un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial.
«Su cliente reconoce que el motín que ocurrió el 6 de enero de 2021, causó aproximadamente 1,495,326.55 dólares de daño al Capitolio de los Estados Unidos, para el 17 de mayo de 2021», escribió Sedky.
Hodgkins aceptó pagar 2000 dólares de restitución al Departamento del Tesoro.
El arquitecto del Capitolio, Sedky y el Departamento de Justicia (DOJ) no devolvieron las solicitudes de comentarios sobre la estimación de daños.
Una portavoz del arquitecto dijo al Washington Post que la oficina del profesional reveló las evaluaciones de los daños al DOJ y el departamento utilizó la información para calcular cuánto debía pagar cada acusado.
Otro fiscal, por su parte, reveló que los funcionarios del gobierno esperan que más de 550 personas sean finalmente acusadas por participar en la irrupción.
«La investigación y el enjuiciamiento de estos delitos será probablemente una de las mayores de la historia de Estados Unidos, tanto por el número de acusados como por la naturaleza y el volumen de las pruebas. Más de 450 personas fueron acusadas. La investigación continúa y el gobierno espera que al menos un centenar de personas más sean acusadas», escribió Amanda Jawad, fiscal adjunta de Estados Unidos, en una presentación judicial.
«Si bien la mayoría de los casos se presentaron contra acusados individuales, el gobierno también está investigando la actividad conspirativa que ocurrió antes y el 6 de enero de 2021», agregó.
Los delitos que se imputan a los presuntos participantes en la irrupción del Capitolio incluyen la participación en conductas violentas dentro del edificio, la destrucción de propiedad gubernamental y las agresiones a agentes de la policía federal y local. Los fiscales solicitaron el sobreseimiento de al menos un caso en el que ellos consideraron que el acusado no había entrado realmente en el Capitolio.
Los investigadores ejecutaron más de 900 órdenes de registro en casi todos los 50 estados y en Washington, y las pruebas acumuladas en la amplia investigación incluyen más de 15,000 grabaciones de cámaras de vigilancia y cámaras corporales, aproximadamente 1600 dispositivos electrónicos, más de 80,000 informes y 93,000 archivos adjuntos relacionados con las entrevistas de las fuerzas policiales a sospechosos y testigos además de otras medidas de investigación.
Debido a que los datos de las investigaciones están aumentando tanto, y para cumplir con las disposiciones esbozadas en casos judiciales anteriores como Brady vs. Maryland, el gobierno está trabajando con el Defensor Público Federal para desarrollar un plan para manejar, rastrear, procesar, revisar y producir el descubrimiento en todos los casos de violación del Capitolio.
«Estas producciones comenzaron y también se complementarán de forma continua. A largo plazo, el plan incluirá un sistema para almacenar, organizar, buscar, producir y/o poner a disposición cuantiosos materiales como los descritos anteriormente de una manera que sea manejable tanto para el gobierno como para los cientos de acusados», dijo Jawad. «Esta última parte del plan requerirá más tiempo para su desarrollo e implementación, incluyendo más consultas con el Defensor Público Federal».
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