El magistrado presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha renunciado a su rol habitual de supervisar los juicios de impeachment presidenciales, dijo el lunes pasado el líder de la Mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.).
«La Constitución dice que el magistrado presidente presidirá [el juicio político] de un presidente en ejercicio. Así que dependía de John Roberts si quería presidir [el juicio] de un presidente que ya no está en el cargo, Trump, y no quiere hacerlo», dijo Schumer durante una aparición en MSNBC.
«Así que tradicionalmente lo que ha sucedido es que el siguiente en la línea es el pro tem del Senado. Ese es el senador más antiguo de la Mayoría, y ese es el senador Leahy, que es un hombre muy experimentado, y un hombre muy justo».
La Corte Suprema no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
El presidente pro tempore del Senado, Patrick Leahy (D-Vt.), anunció el lunes pasado que presidirá el próximo juicio de Trump, aunque sea parte del jurado.
«Cuando presida el juicio político del expresidente Donald Trump, no voy a renunciar a mis obligaciones constitucionales y juradas de administrar el juicio con justicia, de acuerdo con la Constitución y las leyes», dijo Leahy en un comunicado.
La Cámara de Representantes, que impugnó al expresidente Donald Trump el 13 de enero, transmitió el cargo de incitación a la insurrección al Senado el lunes. Se supone que el juicio del Senado comenzará la semana del 8 de febrero.
De acuerdo con la Constitución, el magistrado presidente de la Corte Suprema presidirá el Senado cuando el presidente de los Estados Unidos sea juzgado en un juicio político. Nunca en la historia de EE. UU. se ha juzgado a un expresidente en un juicio político. La Constitución no aborda directamente la cuestión de si el Congreso puede impugnar y juzgar a un expresidente por las medidas adoptadas durante su mandato, según el Servicio de Investigación del Congreso, que no es partidista.
Si bien el exsecretario de Guerra William Belknap fue sometido a un juicio político en 1876 después de su dimisión —posteriormente fue absuelto— en la historia más reciente, tanto la Cámara de Representantes como el Senado han optado por no proceder al juicio político de un funcionario que ha dimitido o abandonado el cargo.
«A veces, parece que esta decisión se basa en un criterio en el que la destitución es a menudo el objetivo principal, si no el único, de un juicio de impeachment», declaró el servicio en un informe de este mes.
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