El 30 de junio, un juez federal de Florida bloqueó parcialmente una ley sobre redes sociales que habría impuesto sanciones a las grandes empresas de redes sociales por excluir permanentemente de sus plataformas a los candidatos a cargos públicos.
El juez de distrito Robert Hinkle concedió una orden judicial preliminar solicitada por los demandantes en el caso, NetChoice LLC y Computer & Communications Industry Association.
«La legislación obliga a los proveedores a albergar discursos que violan sus reglas —discurso que de otro modo no albergarían— y prohíbe a los proveedores hablar como lo harían de otro modo», escribió el juez en su dictamen de 31 páginas (pdf).
«La declaración firmada por el gobernador y las numerosas observaciones de los legisladores muestran con bastante claridad que la legislación se basa en el punto de vista. Y las partes infringen un estatuto federal. Esta orden prohíbe de forma preliminar la aplicación de las partes de la legislación que se oponen o violan la Primera Enmienda».
El juez bloqueó dos de los tres estatutos de Florida creados mediante la promulgación de la ley de redes sociales, también conocida como Proyecto de Ley 7072 del Senado de Florida (pdf). Uno de los estatutos imponía multas a las empresas de redes sociales por expulsar de las plataformas permanentemente a los candidatos a cargos públicos. La otra ley imponía una serie de restricciones a la censura por parte de los gigantes de las redes sociales, que son empresas privadas.
Los demandantes son asociaciones comerciales que representan a algunas de las empresas de redes sociales afectadas por la legislación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2020. Los demandantes interpusieron el 27 de mayo una demanda contra varios funcionarios de Florida. La demanda alegaba que la ley de redes sociales violaba la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU. y que estaban cubiertas por las protecciones de las empresas de Internet en virtud de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EE. UU.
El juez coincidió con los argumentos de los demandantes.
«La legislación que ahora se cuestiona fue un esfuerzo por frenar a los proveedores de redes sociales considerados demasiado grandes y demasiado liberales. Equilibrar el intercambio de ideas entre hablantes privados no es un interés gubernamental legítimo», escribió Hinkle. «También está sujeta a un escrutinio estricto porque discrimina a primera vista entre oradores que, por lo demás, son idénticos: entre proveedores de redes sociales que cumplen o no los requisitos de tamaño de la legislación y que son o no de propiedad común con un grupo temático. La legislación no supera el escrutinio estricto. Además, algunas partes están expresamente previstas por la ley federal».
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, apoyó la ley de redes sociales. Entre otras disposiciones, la ley permitiría a los floridanos demandar a las grandes empresas de tecnología sobre la censura. También facultaba a la Comisión Electoral de Florida a imponer multas de 250,000 dólares por día a cualquier empresa de redes sociales que excluya de forma permanente a cualquier candidato a un cargo estatal. La multa era de 25,000 dólares por día cuando los candidatos a otros cargos sean explusados de estas plataformas.
La oficina del gobernador dijo a The Epoch Times que planea apelar inmediatamente el fallo.
«Estamos decepcionados por el fallo del juez Hinkle y no estamos de acuerdo con su determinación de que la Constitución de EE. UU. protege la censura por parte de las grandes empresas tecnológicas impuesta a ciertos individuos y contenidos por encima de otros», dijo la oficina del gobernador en un comunicado enviado por correo electrónico. «Como el juez Hinkle pareció indicar durante la audiencia de esta semana sobre el requerimiento preliminar, este caso siempre estuvo destinado al Undécimo Circuito y el tribunal de apelaciones tomará en última instancia su propia decisión sobre las conclusiones legales. El gobernador DeSantis sigue luchando por la libertad de expresión y contra la censura discriminatoria de las grandes empresas tecnológicas».
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