Un juez federal de Luisiana ha bloqueado la suspensión por parte del presidente Joe Biden de nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras y aguas federales, lo que supone un revés para los planes de la administración que pretendían reducir los combustibles fósiles.
El fallo del juez de distrito Terry Doughty (pdf), presentado el 15 de junio, concede una orden judicial preliminar en una demanda de 13 estados dirigida por el fiscal general republicano de Luisiana, Jeff Landry (pdf).
«Esta es una victoria no solo para el Estado de derecho, sino también para los miles de trabajadores que producen energía asequible para los estadounidenses», dijo Landry en un comunicado tras el fallo.
Técnicamente, la orden judicial equivale a detener la suspensión que la Administración Biden impuso a los nuevos permisos de perforación, con efecto en todo el país, a la espera de nuevos argumentos sobre el fondo del asunto.
La demanda alegaba que la Administración Biden había violado las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y que Biden se había excedido en sus facultades en la Sección 208 de la Orden Ejecutiva 14008.
Biden, en su primer día en el cargo, firmó la orden, que dice que el gobierno federal «debe promover la justicia medioambiental» y, entre otras medidas, «reducir las emisiones de gases de efecto invernadero» y «reforzar la resistencia a los impactos del cambio climático».
Landry y los demás demandantes argumentaron que la administración se saltó los periodos de comentarios y otros pasos burocráticos necesarios antes de imponer una pausa en los permisos de perforación, y que la medida costaría a los estados dinero y puestos de trabajo.
«Las reclamaciones de los estados demandantes son sustanciales. Están en juego millones y posiblemente miles de millones de dólares», escribió el juez en un memorando (pdf). «Están en juego los fondos de los gobiernos locales, los empleos de los trabajadores de los Estados demandantes y los fondos para la restauración de la costa de Luisiana. Los Estados demandantes tienen un interés de confianza en las ganancias derivadas de las ventas de arrendamiento de petróleo y gas en alta mar y en tierra», añadió.
El juez añadió que, al imponer la moratoria, la Administración Biden no proporcionó una justificación suficiente para su decisión.
«La omisión de cualquier explicación racional en la cancelación de las ventas de arrendamiento, y en la promulgación de la Pausa, da lugar a que este Tribunal dictamine que los Estados demandantes también tienen una probabilidad sustancial de éxito en el fondo de esta demanda», escribió el juez.
La directora de Comunicación del Departamento del Interior, Melissa Schwartz, respondió al requerimiento en un comunicado, diciendo que «estamos revisando la opinión del juez y cumpliremos con la decisión», aunque no especificó ningún plan para apelar el requerimiento.
«El Departamento de Interior sigue trabajando en un informe provisional que incluirá las conclusiones iniciales sobre el estado de los programas federales de energía convencional, así como un esbozo de los próximos pasos y recomendaciones para que el Departamento y el Congreso mejoren la administración de las tierras y aguas públicas, creen puestos de trabajo y construyan un futuro energético justo y equitativo», añadió.
El fallo de Doughty se produjo después de escuchar los argumentos orales la semana pasada, en los que los abogados de la oficina de Landry expusieron el caso de que los funcionarios de la Administración Biden no pueden detener legalmente todas las ventas de arrendamiento, citando la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior y la Ley de Arrendamiento de Minerales como prohibiciones explícitas de la moratoria.
«Aunque nuestra lucha está lejos de haber terminado, me complace que el Tribunal haya concedido un alivio preliminar contra el desmedido ataque del presidente a la energía estadounidense», dijo Landry en un comunicado.
Zachary Stieber contribuyó a la elaboración de este artículo.
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