Un juez federal de Luisiana dictó el martes una medida cautelar para bloquear la orden nacional de vacunación contra COVID-19 del presidente Joe Biden, dirigida a los trabajadores de la salud, la que había sido fijada para entrar en vigor la próxima semana.
El juez de distrito, Terry Doughty, de Monroe, Luisiana, dictó la medida cautelar (pdf) para ampliar una orden emitida aparte el lunes, por un tribunal federal de Missouri, que se aplicaba solo a 10 estados.
Al hacerlo, el juez falló a favor de una solicitud del fiscal general del estado, el republicano Jeff Landry, de bloquear la regulación de emergencia expedida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) el 4 de noviembre.
Una orden de vacunación del presidente de Estados Unidos exige que todos los trabajadores de la salud —a tiempo completo, a tiempo parcial, voluntarios y contratistas que trabajen en centros de salud que reciban fondos de Medicaid o de este organismo— reciban su primera dosis de la vacuna COVID-19 antes del 6 de diciembre, y su segunda dosis antes del 4 de enero.
Doughty argumentó en su fallo que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid carecen de autoridad constitucional para expedir una orden de vacunación que afectaría a más de 2 millones de trabajadores de la salud que aún no se han vacunado contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
«No hay duda de que ordenar una vacuna a 10.3 millones de trabajadores de la salud es algo que debería hacer el Congreso, no una agencia gubernamental», escribió Doughty. «No está claro que incluso una ley del Congreso que ordene una vacuna sea constitucional».
Doughty añadió que los demandantes también tienen un «interés en proteger a sus ciudadanos de ser obligados a someterse a las vacunas”.
«Si la naturaleza humana y la historia enseñan algo, es que las libertades civiles se enfrentan a graves riesgos cuando los gobiernos proclaman estados de emergencia indefinidos», escribió. «Durante una pandemia como ésta, es aún más importante salvaguardar la separación de poderes establecida en nuestra Constitución para evitar la erosión de nuestras libertades».
The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca y con los Centros de Medicare y Medicaid para obtener comentarios.
«Yo aplaudo al juez Doughty por reconocer que es probable que Luisiana tenga éxito en los méritos y por ofrecer otra victoria para la libertad médica de los estadounidenses», dijo el fiscal general Landry en una declaración, elogiando la decisión del juez. «Mientras Joe Biden villaniza a nuestros héroes de la salud con sus decretos de ‘pinchazo o trabajo’, yo seguiré enfrentándome a las tácticas intimidatorias del presidente y luchando por la libertad».
La orden judicial de Doughty se aplica en todo el país, excepto en los estados de Alaska, Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, New Hampshire, Nebraska, Wyoming, Dakota del Norte y Dakota del Sur, ya que estos diez estados ya están bajo una orden cautelar emitida por la Corte del Distrito Este de Missouri el 29 de noviembre.
«Si bien nuestra lucha está lejos de haber terminado, me complace que la Corte haya concedido una medida cautelar contra el ataque inconstitucional e inmoral del Presidente no solo contra nuestros trabajadores de la salud, sino también contra el acceso a los servicios de salud de nuestros pobres y ancianos», añadió Landry. «Llevaré este caso hasta el final —luchando en cada paso del camino para evitar que el gobierno federal imponga la tiranía médica a nuestros ciudadanos y convierta a los héroes de la salud del año pasado en los desempleados de este año».
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