Una corte federal bloqueó temporalmente una nueva ley de Illinois que apunta a los centros de salud materna por expresar su mensaje provida.
La Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois concedió una medida cautelar a última hora del 3 de agosto, y detuvo la aplicación de la SB1909, la Ley de Illinois sobre Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas.
La demanda (pdf), presentada el 27 de julio, es el caso National Institute of Family and Life Advocates (NILFA) vs. Raoul (caso nº 23-cv-50279). La acción legal se presentó para proteger en el estado el derecho de los centros de apoyo a embarazadas provida y de los consejeros que están las aceras para continuar con su trabajo de llegar a las mujeres de todo Illinois que se enfrentan embarazos no planificados.
El problema de la ley es que declara que el discurso provida de los ministerios en ayuda a embarazadas es una «práctica comercial engañosa», afirman los demandantes.
Según los documentos recibidos en virtud de la Ley de Libertad de Información, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, un demócrata, «no ha recibido ninguna queja del público contra un Centro de Ayuda para el Embarazo de Illinois por presuntas violaciones de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas», dijo Peter Breen, vicepresidente ejecutivo y jefe de litigios de Thomas More Society, una firma de abogados de interés público que representa a NILFA.
La ley “es un intento descarado de enfriar y silenciar el discurso provida bajo el pretexto de ‘protección al consumidor’”, dijo el Sr. Breen.
“Los ministerios de ayuda al embarazo brindan opciones reales y asistencia a las mujeres y familias necesitadas, pero en lugar de los elogios que merecen, los políticos a favor del aborto están atacando a estos ministerios con multas de USD 50,000 y órdenes judiciales únicamente por su punto de vista provida”.
Pero “la libertad de expresión ganó hoy en la Tierra de Lincoln: los defensores de la vida en todo Illinois pueden dar un suspiro de alivio porque el fiscal general Kwame Raoul no los perseguirá por ‘información errada’”, dijo el Sr. Breen.
El Sr. Breen argumentó el caso en nombre del Instituto Nacional de Defensores de la Vida Familiar y otros ministerios provida, incluidos los centros de atención del embarazo en Illinois.
“En todo el país, los ministerios de ayuda al embarazo están siendo discriminados por las leyes que se enfocan en su trabajo de afirmación de la vida”, dijo Breen en una declaración. “La medida cautelar otorgada hoy envía un mensaje fuerte y claro al país de que la Primera Enmienda protege el discurso a favor de la vida”.
La ley, que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, demócrata, firmó el 27 de julio, “prohíbe a los llamados ‘centros de embarazo en crisis’ usar información errónea, prácticas engañosas o tergiversaciones para interferir con el acceso a los servicios de aborto o anticoncepción de emergencia”, dijo su oficina en un comunicado de prensa en ese momento.
El estatuto permite que el fiscal general del estado investigue las quejas contra los centros que utilizan tales tácticas y mejora el poder de la oficina del fiscal general «para procesar incidentes de fraude al consumidor en tales casos».
“Las mujeres necesitan acceso a atención médica integral y basada en hechos cuando toman decisiones críticas sobre su propia salud, no manipulación o información errónea de actores no médicos con motivaciones políticas”, dijo el gobernador Pritzker en ese momento. “Al facultar a la oficina del fiscal general para luchar contra las prácticas engañosas, nos aseguramos de que los habitantes de Illinois puedan tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos utilizando información precisa y segura”.
El fiscal general Raoul dijo en ese momento que «fue testigo de las tácticas engañosas del centro de embarazo en crisis de primera mano al visitar un centro de salud de Planned Parenthood en Illinois».
Había “personas que parecían trabajar allí (…) afuera tratando de desviar a los pacientes del centro de salud”, dijo el Sr. Raoul.
“Los pacientes informan que van a los centros de embarazo en crisis, a veces incluso se hacen exámenes y ecografías, pensando que están visitando una clínica que ofrece la gama completa de atención reproductiva».
“Como resultado, los pacientes pueden divulgar información médica personal, sin saber que el centro no puede mantener esa información en forma privada y confidencial. Al firmar esta ley en un momento en que el acceso a la salud reproductiva enfrenta continuos ataques en otros estados, el gobernador Pritzker está ayudando a proteger a los pacientes que buscan atención en Illinois de estas violaciones extremas de la confianza y la privacidad”.
Los demandantes dicen en su demanda legal que la nueva ley “se dirige abiertamente a los ministerios provida del embarazo—al tiempo que exime a las instalaciones de aborto—prohibiéndoles específicamente participar en indefinidos ‘engaños’ u ‘omisiones de cualquier hecho material’ bajo la Ley de Fraude al Consumidor de Illinois y Ley de Prácticas Comerciales Engañosas”.
El estatuto “va mucho más allá de las restricciones tradicionales sobre las prácticas comerciales engañosas, en parte al afirmar (…) que se dirige sin disculpas a la supuesta ‘información errada’ provida, es decir, hechos controvertidos sobre el aborto que la mayoría de la Asamblea General de Illinois cree que no se encuentran entre los puntos de vista ‘ortodoxos’ sobre el tema”.
Durante las audiencias legislativas sobre la SB1909, la oficina del fiscal general confirmó que “la ley podría prohibir que los centros de embarazo provida declaren que ‘La vida comienza en la concepción’ o podría exigirles que expresen el punto de vista del Estado de que el parto supuestamente estaría asociado con 14 veces” mayor riesgo de muerte que el aborto, a pesar de los estudios que contradicen ese punto de vista y es contrario a la posición provida de que el aborto representa un riesgo del 100% de muerte para el feto”, afirma la denuncia legal.
Como resultado de la ley, “expresar puntos de vista provida comunes como parte de un ministerio de ayuda al embarazo, o no expresar los puntos de vista pro aborto del Estado en temas muy disputados, es ilegal bajo la ley estatal, bajo pena de multas paralizantes, mandatos judiciales y honorarios de abogados».
Al mismo tiempo, “las instalaciones de aborto (así como los hospitales y proveedores de atención médica expresamente exentos de licencia) siguen siendo libres de participar en su propio discurso controvertido sobre el aborto, como lo deseen”.
The Epoch Times se comunicó después de horas con la oficina del fiscal general Raoul, pero no recibió una respuesta al cierre de esta edición.
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