Un juez federal ordenó el 12 de julio a la administración Biden que cumpla con las solicitudes de información en una demanda presentada por los funcionarios de Missouri y Louisiana sobre la supuesta colusión del gobierno federal con las empresas de redes sociales para suprimir noticias importantes en nombre de la lucha contra la llamada desinformación.
La demanda podría ayudar a revelar los esfuerzos entre bastidores de la administración Biden para desalentar la difusión de información relacionada con la llegada del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) que causa la enfermedad de COVID-19 y el presente escándalo del portátil de Hunter Biden, según Eric Schmitt, fiscal general republicano de Missouri.
Los partidarios del expresidente, Donald Trump, afirman que si no se hubiera suprimido la historia del portátil del hijo más cuestionado de Joe Biden, el presidente Biden habría perdido las elecciones de 2020 por las cuales asumió el poder. Los republicanos sostienen que el portátil proporciona pruebas del mal comportamiento del hijo y de la corrupción de la familia Biden.
Facebook y Twitter restringieron abiertamente la distribución de información relacionada con el contenido del ordenador. Los partidarios de Biden afirmaron que la historia fue fabricada por el gobierno ruso como desinformación.
Las redes sociales también suprimieron numerosas historias relacionadas con los orígenes del COVID-19, los posibles tratamientos médicos para prevenir o curar la enfermedad y los debates sobre las políticas gubernamentales y empresariales aplicadas para hacer frente al virus, hechos que en muchos de los casos coartaron las libertades personales. Muchos empleados del gobierno y de las empresas fueron despedidos en la era de la pandemia por negarse a recibir las vacunas aprobadas por el gobierno, que según ellos tienen una eficacia limitada y efectos secundarios potencialmente graves.
La demanda también podría servir de argumento a los republicanos, que prometen múltiples investigaciones sobre las irregularidades del gobierno si vuelven a ocupar el Congreso en las elecciones de noviembre.
Entre los demandados se encuentran el presidente Joe Biden, su exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki; el secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Morkas; la exdirectora ejecutiva de la Junta de Gobernanza de la Desinformación, Nina Jankowicz, y Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
Según los documentos judiciales, los estados alegan que la administración Biden «se confabuló con las empresas de redes sociales y/o las coaccionó para suprimir a los oradores, puntos de vista y contenidos desfavorables en las plataformas de redes sociales etiquetando el contenido como «desinformación», » información errónea» y » mal información».
Los estados «alegan que la supresión de oradores, puntos de vista y contenidos desfavorecidos constituye una acción gubernamental y, por lo tanto, viola la libertad de expresión de los estados demandantes en violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos».
La demanda también sostiene que la Junta de Gobernanza de la Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos fue creada «para inducir, etiquetar y presionar la censura de contenidos, puntos de vista y oradores desfavorables en las plataformas de redes sociales».
«Los supuestos intentos del gobierno federal de confabularse con las empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión deberían aterrorizar a los habitantes de Missouri y a los estadounidenses por igual», dijo Schmitt cuando presentó los documentos judiciales el 14 de junio.
«Nosotros puede que hayamos obligado a la Administración Biden a renunciar a su Junta de Gobernanza de la Desinformación, pero sigue habiendo una amenaza muy real para el derecho a la libertad de expresión de los habitantes de Missouri y de los estadounidenses».
«El gobierno no puede externalizar su censura a las grandes tecnologías», añadió Schmitt en un tuit.
El fiscal general de Missouri celebró el nuevo fallo judicial de la corte federal en una serie de posteos en Twitter.
«Un tribunal federal ha accedido a nuestra solicitud de presentación de pruebas y documentos de funcionarios de alto rango de Biden y de las empresas de redes sociales para llegar al fondo de su colusión para suprimir y censurar la libertad de expresión», dijo Schmitt.
«Nadie ha tenido la oportunidad de mirar bajo el capó antes —ahora nosotros lo hacemos».
«En nuestra demanda, alegamos que funcionarios de alto rango de la Administración Biden se confabularon con esas empresas de redes sociales para suprimir la expresión sobre la historia del portátil Hunter Biden, los orígenes de COVID-19, la eficacia de las máscaras y la integridad de las elecciones», añadió el fiscal general de Missouri.
El juez Terry A. Doughty, designado por Trump, concedió la moción de los estados para acelerar el despliegue relacionado con la orden cautelar preliminar. La solicitud de requerimiento judicial propiamente dicha se resolverá en una fecha posterior.
Doughty señaló en su orden (pdf) que los estados pidieron al tribunal que impida al gobierno «tomar medidas para exigir, instar, alentar, presionar o inducir de otro modo a cualquier empresa o plataforma de medios sociales a censurar, suprimir, eliminar, desplantar, suspender, ocultar, desimpulsar, limitar el acceso a los contenidos o tomar cualquier otra medida adversa contra cualquier orador, contenido o punto de vista expresado en las redes sociales».
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia de EE. UU. para recibir sus comentarios, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
El caso, Missouri vs. Biden, expediente judicial 3:22-CV-01213, está pendiente ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Occidental de Luisiana.
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