La ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos seguirá en vigor al menos hasta el 1 de octubre, fecha en la que un juez federal escuchará los argumentos del Departamento de Justicia sobre por qué debe bloquearse la medida.
La ley, que prohíbe los abortos fuera de las emergencias médicas una vez que se detecta el latido del corazón del feto, está siendo impugnada por la Administración Biden por una supuesta violación del acceso constitucional al aborto establecido en sentencias de la Corte Suprema como Roe contra Wade.
El juez de distrito de EE. UU. Robert Pitman, nombrado por Obama, emitió la orden el miércoles fijando la fecha para una moción de emergencia presentada por los abogados del gobierno que le pide que presente una orden judicial preliminar que bloquee la ley hasta que se determine el resultado del caso.
«Este desagravio es necesario para proteger los derechos constitucionales de las mujeres de Texas y el interés soberano de Estados Unidos en garantizar que sus Estados respeten los términos del pacto nacional. También es necesaria para proteger a las agencias federales, a los empleados y a los contratistas cuyas acciones lícitas pretende prohibir la ley S.B. 8», declaró la presentación del gobierno.
Se ordenó a Texas que presentara su respuesta a la moción antes de la mañana del 29 de septiembre, y a Estados Unidos que presentara su respuesta, si la hubiera, antes de la audiencia del 1 de octubre.
Pitman concedió una solicitud de consideración acelerada de la petición del gobierno, pero la audiencia se celebra casi dos semanas después de la fecha propuesta por el gobierno.
La ley en cuestión entró en vigor el 1 de septiembre. Exige que los médicos realicen una prueba para detectar el latido del corazón del feto antes de practicar un aborto o interrumpir un embarazo y, si se detecta un latido, que solo lleven a cabo el aborto si existe una emergencia médica.
Dicha emergencia es definida por la ley estatal como una amenaza grave para la salud o la vida de la mujer embarazada.
La ley también prohíbe a los funcionarios estatales que la apliquen. Los ciudadanos particulares pueden demandar a los médicos u otras personas que aleguen que participaron o ayudaron en un aborto ilegal.
Los republicanos de la Legislatura de Texas aprobaron la ley hace unos meses. El gobernador Greg Abbott, republicano, la sancionó.
Los republicanos tienen la llamada trifecta en Texas, ya que controlan las dos cámaras legislativas y la mansión del gobernador.
Los proveedores de abortos demandaron la ley antes de que entrara en vigor, pero los tribunales fallaron en su contra por el momento, incluida la Corte Suprema. Eso provocó la demanda de la Administración Biden, que está respaldada por 24 fiscales generales demócratas.
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