Un juez federal en Georgia bloqueó temporalmente el último plan de la administración Biden para cancelar masivamente la deuda estudiantil federal de hasta 30 millones de prestatarios.
El juez emitió la orden de restricción de 14 días el 5 de septiembre, dos días después de que una coalición de siete estados liderados por republicanos presentara una demanda para detener el plan. Estos estados alegan que el gobierno federal «intenta cancelar ilegalmente cientos de miles de millones de dólares en préstamos» y planea hacerlo antes del 7 de septiembre.
El plan en cuestión, conocido popularmente como «Plan B», está en desarrollo desde el verano pasado, cuando la Corte Suprema de EE.UU. anuló el intento inicial de la administración Biden de cancelar hasta 400 mil millones de dólares en préstamos estudiantiles. Aún no se publicó, aunque el mes pasado se pidió a los prestatarios que confirmaran si querían excluirse del plan.
Según el Departamento de Educación de EE.UU., el Plan B beneficiaría principalmente a quienes deben más de lo que originalmente pidieron prestado debido a los intereses acumulados. El plan eliminaría hasta 20,000 dólares por encima del saldo principal, sin importar el ingreso del prestatario. Aproximadamente 23 millones de personas podrían ver eliminados sus saldos de intereses por completo.
El Departamento de Educación también podría perdonar la deuda de aquellos que han estado pagando durante al menos 20 o 25 años, quienes califican para la condonación de préstamos bajo otros programas pero no han solicitado, y aquellos que asistieron a escuelas que perdieron acceso a la ayuda federal, cerraron repentinamente o dejaron a los graduados en peor situación financiera.
Un quinto grupo de prestatarios vería su deuda perdonada en función de ciertas «dificultades» que persisten después de agotar otros beneficios, como deudas médicas y el alto costo del cuidado infantil. Los detalles específicos aún están bajo revisión.
La coalición de siete estados, liderada por el Fiscal General de Missouri, Andrew Bailey, argumenta que el Departamento de Educación carece de la autoridad para cancelar la deuda a tan gran escala. Señalan que el programa de pago de préstamos basado en ingresos del departamento, denominado SAVE, también está detenido mientras se resuelve un proceso de apelación sobre su legalidad.
«Esta es la tercera vez que el Secretario intenta ilegalmente cancelar cientos de miles de millones de dólares en préstamos», dice la demanda. «Los tribunales lo detuvieron las dos primeras veces cuando lo intentó de manera abierta. Ahora intenta hacerlo de manera encubierta».
El juez J. Randal Hall del Distrito Sur de Georgia falló a favor de los estados, emitiendo una orden que suspende el Plan B hasta una audiencia programada para el 18 de septiembre.
«Los demandantes demuestran una probabilidad sustancial de éxito en cuanto al fondo del caso, dado que la norma carece de autoridad legal», escribió el juez.
Bailey celebró la decisión, calificándola como una «gran victoria» para los estadounidenses que ya pagaron sus préstamos estudiantiles o que no asistieron a la universidad.
«Yo pagué mi educación con sangre, sudor y lágrimas en servicio a mi país, así que esta lucha es personal para mí», dijo en un comunicado. «Seguiremos liderando el camino para los trabajadores estadounidenses que están siendo explotados por burócratas federales no elegidos en Washington D.C.».
La demanda cuenta con el apoyo de los fiscales generales de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Dakota del Norte y Ohio.
El Departamento de Educación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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