El secretario de Defensa Lloyd Austin y todos los demás oficiales militares tienen prohibido tomar medidas punitivas contra dos miembros del servicio que buscan exenciones religiosas a la orden militar de vacunación contra el COVID-19, según el dictamen de un juez federal emitido el 2 de febrero.
Al parecer, a la teniente coronel del Cuerpo de Marines y al oficial del Mando de la Armada se les ha “denegado injustamente una exención religiosa de la vacuna anti-COVID”, escribió el juez de distrito de EE.UU. Steven Merryday, nominado por George H. W. Bush, en una sentencia de 10 páginas.
A la teniente coronel se le dijo que sería disciplinada a partir del 2 de febrero si no recibía una dosis de la vacuna anti-COVID, según documentos judiciales.
Al oficial de la Armada, por su parte, se le dijo que se le retiraría el mando de su barco el 3 de febrero si no iniciaba una serie de vacunas contra el COVID-19.
A ambos se les denegó la solicitud de exención por motivos religiosos y se rechazaron sus apelaciones a las denegaciones.
Los altos mandos militares determinaron que las creencias religiosas del comandante son sinceras y que se verían “sustancialmente perjudicadas” si se le obligara a vacunarse, pero también afirmaron que la concesión de la solicitud de exención “tendría un efecto previsible y perjudicial para la preparación de usted y de los marineros que sirven a su lado”.
En el caso de los Marines, la oposición religiosa de la teniente coronel a cualquier vacuna desarrollada con líneas celulares fetales -las tres vacunas anti-COVID autorizadas por los reguladores estadounidenses utilizaron células abortadas- surgió a raíz de quedarse embarazada por una violación, según declaró en una declaración jurada.
La carta de rechazo era idéntica a las cartas recibidas por otros 16 marineros cuyas solicitudes fueron denegadas a pesar de que cada marinero obtuvo su solicitud respaldada por la mujer, quien es la oficial al mando de la unidad, y cada marinero presentó “relatos personales distintos de nuestras prácticas religiosas y el método por el cual recibir la vacuna anti-COVID violaría esos principios”, agregó.
La carta de denegación, presentada ante el tribunal, mostró que un oficial de la Infantería de Marina cuestionó si recibir una vacuna contra el COVID sería una carga sustancial para una creencia religiosa porque las mismas objeciones que presentó la teniente coronel “podrían hacerse para cada vacuna aprobada por la FDA [que ha] recibido” en la fuerza militar.
Incluso si el caso pudiera ser una carga sustancial, el funcionario dijo que “los intereses apremiantes del gobierno en la preparación militar y en la salud y seguridad de la fuerza” justificaron la denegación de la solicitud.
El rechazo de las dos fuerzas militares omitió señalar que las ramas han concedido por separado cientos de exenciones médicas al mandato de la vacuna anti-COVID, escribió el juez Merryday.
El expediente del caso “crea una fuerte inferencia que implica que los servicios están negando de manera discriminatoria y sistemática las exenciones religiosas sin una audiencia justa y significativa y sin la demostración requerida por la RFRA (mientras que simultáneamente otorgan exenciones médicas y permiten que las personas no vacunadas continúen en el servicio sin consecuencias adversas)”, dijo Merryday.
RFRA se refiere a la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, una ley que los demandantes y los demandados interpretan de manera diferente.
El ejército no ha establecido, y probablemente no pueda establecer, “que permitir que el número relativamente pequeño de objetores de la RFRA, incluso si cada solicitud de exención (mucho menos las dos en cuestión en esta moción) fuera sincera y exitosa, sirva sin consecuencias adversas para su posición y los términos y condiciones de su servicio afectarán adversamente el interés del público en el mantenimiento y preparación de las fuerzas militares de la nación”, agregó Merryday más tarde. “De hecho, el público sin duda tiene un interés considerable en mantener los servicios de miembros del servicio calificados, experimentados, altamente capacitados, patriotas, valientes y estimados, como los dos miembros del servicio en movimiento, en quienes el público tiene una inmensa inversión financiera y que no son, por decir lo menos, fácilmente reemplazables”.
El juez bloqueó el castigo a los dos miembros por ahora y ordenó una audiencia el 10 de febrero en una corte federal en Tampa, Florida.
Los abogados del gobierno habían instado al tribunal a no conceder la solicitud de una orden de restricción temporal, alegando que no tenía jurisdicción para decidir si los comandantes militares debían permanecer en sus cargos.
“Los demandantes invitan a este Tribunal a comenzar la supervisión judicial a las decisiones de asignación, reasignación y mando individuales, solicitando a este Tribunal que prohíba a la Marina que destituya al comandante de un buque de guerra y que detenga el retiro de la selección de mando de otro. Tal acción judicial sin precedentes dañaría los intereses militares en la preparación, la salud de los miembros del servicio, el buen orden y la disciplina, y el interés público en la seguridad nacional de Estados Unidos”, escribieron en una presentación que no logró convencer al juez.
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