Luisiana podría aplicar una prohibición casi total de los abortos después de que un juez estatal se negara a prorrogar una orden judicial, permitiendo que la llamada ley desencadenante del aborto entrara en vigor el 8 de julio.
El fallo se produjo el mismo día en que el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva destinada a proteger el acceso a las píldoras abortivas y a los anticonceptivos de emergencia. También se produjo en medio de una oleada de litigios en todo el país, dos semanas después de que la Corte Suprema de EE. UU. votara para anular el caso Roe contra Wade, el precedente fundamental de 1973 que anuló las leyes estatales y legalizó el aborto en Estados Unidos.
Una ley desencadenante es una ley que entra en vigor cuando se produce un acontecimiento específico. En este caso, la ley desencadenante de Luisiana, promulgada en 2006, establece que entra en vigor si se anula el caso Roe vs Wade. La ley, una de las muchas restricciones al aborto aprobadas en el estado en los últimos años, prohíbe los abortos excepto cuando la vida de la mujer embarazada está en peligro. Las violaciones de la ley se consideran delitos graves y pueden ser castigadas con 10 años de prisión y una multa de 100,000 dólares.
Luisiana es uno de los varios estados con leyes desencadenantes basadas en la revocación del caso Roe contra Wade. Leyes similares en Utah y Kentucky han sido bloqueadas temporalmente por los tribunales.
La jueza del Tribunal de Distrito Civil de Orleans, Ethel Julien, dijo el 8 de julio que carecía de autoridad para prorrogar una orden de restricción emitida recientemente por otro juez que impedía que las leyes entraran en vigor. Debido a que la demanda presentada por el proveedor de abortos Hope Medical Group for Women alega que las leyes son inconstitucionalmente vagas, el caso debe ser escuchado en el tribunal estatal de Baton Rouge, la capital del estado, según un reporte de Associated Press.
El proveedor de abortos argumentó que las leyes desencadenantes eran inconstitucionalmente vagas porque no proporcionaban ninguna protección contra la aplicación arbitraria, tal y como exige la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución de Luisiana.
Días después de que la Corte Suprema revocara Roe contra Wade, la sentencia que había sostenido que existía un derecho constitucional al aborto, Robin Giarrusso, que también es juez del Tribunal de Distrito Civil de la parroquia de Orleans, concedió una orden de restricción temporal que bloqueaba la aplicación de la ley.
Jeff Landry, fiscal general republicano de Luisiana, cuya oficina había argumentado que el caso debía ser transferido al tribunal de Baton Rouge, celebró el fallo de Julien en un breve mensaje de Twitter.
«¡Luchando y ganando por Luisiana!», escribió.
Landry añadió que había «reportes de que Biden está planeando una orden ejecutiva sobre el #aborto. Si lo hace, ¡lo enfrentaremos con acciones legales y lo derrotaremos de nuevo en los tribunales!».
Joanna Wright, abogada de los demandantes que luchan contra la prohibición, dijo que el caso continuará.
«La lucha está lejos de terminar, y estamos deseando litigar las prohibiciones desencadenantes ante el tribunal de Baton Rouge», la citó el Washington Post.
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