El 18 de agosto, un juez federal ha bloqueado temporalmente parte de la «Ley Stop WOKE» de Florida, también conocida como Ley de Libertad Individual del estado.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó en abril la medida, FL HB 7, que denominó «Ley Detener las Injusticias hacia Nuestros Niños y Empleados», para prohibir la enseñanza de la Teoría Crítica de la Raza (TCR) en las escuelas, y exigir a las empresas que la mantengan fuera del lugar de trabajo, incluso en las sesiones de formación de los empleados. Entró en vigor el 1 de julio.
DeSantis dijo entonces que el proyecto de ley estaba diseñado para proteger las libertades individuales en el lugar de trabajo y prohibiría a los empleadores someter a los empleados a cualquier tipo de proceso de certificación, examen o cualquier otra «actividad requerida» que se centre en cualquier número de conceptos relacionados con la raza.
La Enciclopedia Británica define la teoría crítica de la raza como un «marco de análisis jurídico basado en la premisa de que la raza es… una categoría construida socialmente… que se utiliza para oprimir y explotar a las personas de color».
Suspender la aplicación
El 18 de agosto, Mark Walker, juez jefe del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Florida (pdf), concedió una orden judicial preliminar para suspender la aplicación de parte de la ley que se refiere a la prohibición de la formación en la teoría crítica de la raza en los lugares de trabajo.
Walker, nombrado por el expresidente Barack Obama, dijo en su decisión de 44 páginas el 18 de agosto: «Normalmente, la Primera Enmienda prohíbe al Estado imponer trabas a la expresión, mientras que los actores privados pueden imponerlas libremente. Pero en Florida, la Primera Enmienda aparentemente prohíbe a los actores privados imponer trabas el discurso, mientras que el Estado puede imponer trabas al discurso libremente».
«Los legisladores de Florida pueden encontrar repugnante el discurso de los demandantes. Pero según nuestro esquema constitucional, el remedio para el discurso repugnante es más discurso, no el silencio forzado», escribió también.
«Si Florida realmente cree que vivimos en una sociedad posracial, entonces que exponga su caso. Pero no puede ganar el argumento amordazando a sus oponentes», añadió el juez. «Dado que, sin justificación, [la Ley Stop WOKE] ataca ideas, no conductas, los demandantes tienen una probabilidad sustancial de tener éxito en el fondo de esta demanda».
Demanda para bloquear la ley
La sentencia se produce después de que la empresa de registros de luna de miel Honeyfund, la consultora de diversidad en el lugar de trabajo Collective Concepts, su cofundadora Chevara Orrin, y la franquicia de Ben & Jerry’s con sede en Florida, Primo Tampa, demandaran para bloquear la ley en junio. Los demandados en el caso son DeSantis, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y los comisionados de la Comisión de Relaciones Humanas de Florida, todos ellos demandados a título oficial.
Al demandar para bloquear la ley (pdf), las empresas argumentaron que la Ley Stop WOKE infringe la libertad de expresión y «amedrenta la actividad protegida por la Primera Enmienda al amenazar con acciones legales y los costes asociados contra cualquier empleador que requiera una formación que «propugne, promueva, avance, inculque u obligue» a los empleados a creer en ciertos puntos de vista». Añadieron: «La penalización gubernamental de la actividad protegida por la Primera Enmienda es ilegal».
También argumentaron que la ley es vaga, lo que viola la Cláusula del Debido Proceso de la 14ª Enmienda, y es excesivamente amplia, lo que viola la Primera Enmienda.
«Las leyes excesivamente amplias, como la Ley Stop WOKE, infringen la libertad de expresión al regular una cantidad sustancial de expresión constitucionalmente protegida», argumentaron los abogados de los demandantes, y añadieron: «La Ley Stop WOKE dificulta a los demandantes la distinción entre el discurso permisible y el no permisible debido a la dificultad de asignar un significado a los conceptos prohibidos de la Ley Stop WOKE».
La demanda afirma que los demandantes están de acuerdo con la opinión de que «la discriminación por motivos de raza, género y orientación sexual está «sistemáticamente» arraigada en la sociedad estadounidense, tanto formal como informalmente, como resultado de siglos de discriminación legal y socialmente reforzada».
Según la demanda: «Según este punto de vista, las estructuras y la dinámica del poder están tan integradas en toda la sociedad que, consciente o inconscientemente, los privilegiados por esas reglas, normas y hábitos pueden no reconocer cómo se han beneficiado de la discriminación histórica y actual; solo reconociendo esos prejuicios y privilegios inconscientes por motivos de raza, género u orientación sexual podemos iniciar el proceso de contrarrestar esas fuerzas».
La oficina del gobernador de Florida no respondió inmediatamente a la petición de The Epoch Times de que comentara la orden judicial preliminar.
DeSantis había dicho previamente en una declaración en abril al firmar la ley FL HB7: «Nadie debe ser instruido para sentirse como si no fuera igual o avergonzado por su raza. En Florida, no dejaremos que la agenda woke de extrema izquierda se apodere de nuestras escuelas y lugares de trabajo. No hay lugar para el adoctrinamiento o la discriminación en Florida».
Según la oficina de DeSantis, la Ley Stop WOKE «protege los derechos civiles en el empleo y la educación K-20 especificando que someter a un empleado o estudiante a una actividad requerida que promueva, impulse u obligue a las personas a creer en conceptos discriminatorios, constituye una discriminación ilegal».
La oficina del gobernador señaló que los conceptos que constituyen una discriminación ilegal incluyen:
-Que los miembros de una raza, color, origen nacional o sexo son moralmente superiores a los miembros de otra raza, color, origen nacional o sexo.
-Que una persona, en virtud de su raza o sexo, sea intrínsecamente racista, sexista u opresora.
-El carácter moral o la condición de privilegiado u oprimido de una persona está determinado por su raza, color, origen nacional o sexo.
-Una persona, en virtud de su raza, color, origen nacional o sexo, debe ser discriminada o recibir un trato adverso para lograr la diversidad, la equidad o la inclusión.
La sentencia de Walker no aborda la parte de la ley que se aplica a las escuelas de Florida.
El 18 de agosto se presentó otra demanda federal en nombre de varios padres y maestros, sobre las disposiciones educativas de la Ley Stop WOKE. Las ramas de Florida y nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) respaldan la demanda.
Con información de Jannis Falkenstern.
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