Una jueza de Virginia declaró el lunes a un adolescente culpable de agredir sexualmente a una compañera de escuela.
El delito tuvo lugar en el instituto Stone Bridge de Ashburn el 28 de mayo.
El chico, de 15 años, fue condenado por un cargo de sodomía forzada y otro de felación forzada, ambos delitos graves, informaron varios medios locales.
«Encontré los hechos suficientes para apoyar los cargos», dijo durante la audiencia Pamela Brooks, la jueza principal del Tribunal de Distrito de Relaciones Juveniles y Domésticas del condado, según WTOP.
La víctima dijo que ella y el chico tuvieron encuentros sexuales consentidos antes de la agresión, pero que ella no consintió lo que él hizo en mayo.
Un abogado defensor del chico intentó argumentar que su cliente creía razonablemente que tenía permiso debido a los encuentros anteriores.
Los nombres de la chica y del chico no se han dado a conocer porque son menores de edad.
La sentencia fue aplazada hasta que se juzgue otro caso que involucra al varón. Se le acusó de agredir sexualmente a otra estudiante del instituto Broad Run, según las autoridades. Esa agresión tuvo lugar el 6 de octubre.
Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun acudieron a Stone Bridge aproximadamente a la 1:30 p.m. del 28 de mayo, según las notas de despacho obtenidas por The Epoch Times a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.
Los agentes fueron informados por un subdirector de que una estudiante alegaba haber sido «posiblemente violada o tocada de forma no deseada por otro estudiante» un par de horas antes. La familia de la víctima fue notificada.
Horas más tarde, un agente del FBI de la Oficina de Campo de Washington llamó a la oficina del sheriff y preguntó por el incidente, según las notas. Se informó al agente de que se estaba llevando a cabo una investigación sobre la agresión sexual. Dijo que el incidente no requeriría la ayuda del FBI.
La investigación condujo a la detención del varón el 8 de julio y el caso se entregó a la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Loudoun, que ayudó a procesar al muchacho.
El incidente de Broad Run involucró a un estudiante varón que agredió sexualmente a una estudiante, según las notas de despacho obtenidas por The Epoch Times.
La oficina del sheriff dijo que no se hicieron llamadas al 911 y se negó a proporcionar las grabaciones de las cámaras corporales, citando la ley estatal. También se negó a proporcionar inmediatamente los registros de todas las agresiones sexuales denunciadas en las escuelas públicas del Condado de Loudoun (LCPS) desde el 1 de enero de 2018.
Las LCPS no siguieron la ley estatal al informar de varias agresiones sexuales en sus escuelas a las autoridades estatales, dijo el superintendente Scott Ziegler hace unas semanas. Él también se retractó de su afirmación de que no se habían producido agresiones sexuales en los baños de las escuelas.
Ziegler hizo la afirmación durante una reunión del consejo escolar sobre una política protransgénero que permite a los estudiantes que dicen ser de un género diferente al de su sexo biológico utilizar baños diferentes. El consejo escolar aprobó posteriormente la propuesta de dicha política.
Las LCPS no respondieron a una solicitud de comentarios sobre el veredicto de culpabilidad.
Bill Stanley, del Stanley Law Group, que representa a la familia de la víctima, dijo en una declaración que «estamos aliviados de que se haya hecho justicia hoy para la hija de los Smith».
«Nadie debería tener que soportar lo que esta familia ha soportado, y ahora su atención se centra por completo en la salud y la seguridad de su hija a medida que avanza en su vida», dijo, y añadió que la familia «está más fuerte que nunca para seguir adelante y asegurarse de que los responsables del sistema escolar del Condado de Loudoun rindan cuentas, para que esto no vuelva a sucederle a la hija de nadie más».
Scott Smith, residente del condado, se identificó a principios de octubre como el padre de la víctima.
La familia ha interpuesto una demanda contra las LCPS por la supuesta violación del Título IX en su gestión del caso.
Las LCPS han dicho a The Epoch Times que no podían investigar lo ocurrido hasta que las fuerzas de seguridad concluyeran su investigación, y que estaban cooperando con la oficina del sheriff y otras autoridades. También dijeron que tenían prohibido sancionar a los estudiantes sin seguir el proceso de reclamación previsto en el Título IX.
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