Una ley de Florida que prohíbe el establecimiento de las llamadas ciudades santuario, o municipalidades que tratan de proteger a los inmigrantes ilegales de la detención, viola la ley federal, según ha dictaminado una jueza esta semana.
El proyecto de ley 168 del Senado de Florida prohíbe las políticas de santuario, o las políticas que prohíben o impiden a las fuerzas policiales cumplir con la ley federal de inmigración o que bloquean a las agencias policiales para que se comuniquen o cooperen con las agencias federales de inmigración.
La legislatura de Florida aprobó la legislación en 2019 y el gobernador Ron DeSantis, un republicano, la promulgó como ley.
Pero algunos de los grupos que apoyaron y estuvieron involucrados en la elaboración de la ley, incluyendo la Federación para la Reforma Migratoria Americana (FAIR), han «sido descritos como grupos de odio antiinmigrantes», escribió la jueza de distrito de Estados Unidos Beth Bloom, nominada por Obama, en su fallo de 110 páginas.
«Esta participación sugiere fuertemente que la Legislatura promulgó la ley SB 168 para promover y ratificar los puntos de vista racistas de estos grupos de defensa», añadió.
Como parte del fallo, Bloom resaltó una conferencia de prensa celebrada por el senador estatal Joe Gruters y el representante estatal Cord Byrd con Floridians for Immigration Enforcement (FLIMEN) que destacó a las víctimas de los delincuentes inmigrantes ilegales, incluyendo una pareja que habló de cómo su hijo fue asesinado por un extranjero ilegal que había sido deportado dos veces antes de volver a entrar en Estados Unidos.
«Estamos muy, muy orgullosos de estar aquí hoy con estos grupos de personas y de apoyar a nuestras familias Ángel para acabar con el tipo de anarquía que existe con la actividad criminal de algunos miembros de la población de extranjeros ilegales», dijo entonces Karyn Morton, de FLIMEN.
«Al referirse a los inmigrantes como ilegales, criminales, asesinos y victimarios, la conferencia de prensa tenía la clara intención de presentar a los inmigrantes bajo una perspectiva degradante y amenazante, demostrando así la antipatía racial de los oradores hacia la población inmigrante», dijo Bloom.
La descripción que hizo Gruter de los inmigrantes ilegales como «ilegales» también reveló una antipatía racial, afirmó el juez.
Esto contribuyó a la conclusión de que la aprobación del proyecto de ley tenía una motivación racial, añadió. Anuló algunas partes, incluidas las destinadas a prohibir las ciudades santuario.
El Centro de Justicia Comunitaria, uno de los demandantes, dijo en un comunicado que el fallo era «una victoria para los inmigrantes en todo el estado de Florida».
«Esta ley fue claramente desarrollada para fomentar el perfil racial, las violaciones de los derechos civiles, el aislamiento de las comunidades de inmigrantes y las deportaciones injustas. Hizo más daño que bien por las causas de la seguridad pública. Esto debería enviar un mensaje claro al gobernador DeSantis y a todos los proponentes de esta ley racista de que no pasarán desapercibidos», dijo el centro.
El Centro Legal para la Pobreza Sureña y la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami se unieron al centro para presentar la demanda.
Dan Stein, presidente de FAIR, dijo a The Epoch Times que el fallo era un ejemplo de jueces que legislan desde el tribunal.
«Esto es una burla a la justicia, es un completo insulto al proceso democrático y a la libertad de los estadounidenses de hacer peticiones al poder legislativo», dijo.
Dijo que Bloom presentó repetidamente «pronunciamientos despectivos sin fundamento» en «un intento de usurpar el privilegio del poder legislativo de decidir cuáles son las leyes».
FLIMEN y dos legisladores señalados en la sentencia, Gruters y Byrd, ambos republicanos, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los demandados planean apelar el fallo y tanto Stein como un portavoz de DeSantis dijeron que la apelación tendrá éxito.
«Una vez más, un juez de la corte federal de primera instancia impide parcialmente un estatuto estatal claramente constitucional», dijo Taryn Fenske, la portavoz del gobernador, en una declaración a los medios de comunicación. «No estamos de acuerdo con el fallo de la jueza y esperamos ganar en la apelación».
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