Una jueza federal bloqueó el jueves la ejecución de una asesino condenado por el secuestro y asesinato de una niña de 10 años, solo un día antes de su fecha programada.
La jueza de Distrito de EE.UU., Tanya Chutkan, detuvo la ejecución de Keith Dwayne Nelson, diciendo que el gobierno necesita cumplir con los requisitos de una ley federal que regula las drogas antes de poder llevar a cabo la ejecución. Chutkan dictaminó que el gobierno necesitaba obtener una prescripción para el uso del pentobarbital, la droga que se usará en la inyección letal, con el fin de cumplir los requisitos de la ley.
«El hecho de que el gobierno no haya obtenido una receta para el uso de pentobarbital en la ejecución de Nelson es contraria a la ley y por ello viola la [Ley de Procedimiento Administrativo], escribió Chutkan (pdf).
El gobierno federal apeló la decisión en la Corte de Circuito.
Nelson secuestró a Pamela Butler, de 10 años de edad, que estaba patinando frente a su casa en Kansas y la violó en el bosque detrás de una iglesia antes de estrangularla con un cable hasta la muerte Su fecha de ejecución había sido fijada para el 28 de agosto.
Esto sucede horas después de que Lezmond Mitchell, un asesino de 38 años, fuera ejecutado en Terre Haute, Indiana. Mitchel fue condenado por el asesinato de Alyce Slim, de 63 años, y Tiffany Lee, de 9 años —nieta de Slim— como parte de un violento robo de auto en Arizona en octubre de 2001. El gobierno federal también llevó a cabo tres ejecuciones federales en julio después de vencer las impugnaciones legales de último minuto.
La administración de Trump ha sido criticada por programar ejecuciones durante la pandemia, los críticos dicen que la programación no contempló la seguridad y salud de los involucrados. Mientras tanto, los grupos en contra de la pena de muerte, religiosos y otros han criticado la decisión de retomar la pena capital después de 17 años por preocupaciones morales y religiosas. La administración dijo que la reanudación de la pena capital es una forma de traer justicia a las víctimas y los familiares.
«Casi 19 años después de que Lezmond Mitchell terminó brutalmente con la vida de dos personas, destruyendo las vidas de muchas otras, finalmente se hizo justicia», la portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, dijo en un comunicado el miércoles sobre la ejecución de Mitchell.
El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Jeffrey A. Rosen, escribió en un reciente artículo de opinión, publicado en el New York Times, que la decisión como cuestión jurídica es clara, ya que la Constitución de Estados Unidos contempla expresamente los delitos capitales y el Congreso autorizó la pena de muerte para los delitos federales graves. Añadió que el Departamento de Justicia también tiene la obligación de cumplir la ley.
El DOJ también fijó la fecha de otras dos ejecuciones federales de asesinos convictos para septiembre.
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