La jueza federal Tanya Chutkan, que supervisa los cargos de la imputación presentada el 6 de enero por el abogado especial Jack Smith contra el expresidente Donald Trump, ordenó que ambas partes asistan a una audiencia sobre la propuesta de orden precautoria a las 10:00 horas del 11 de agosto de 2023.
La jueza Chutkan había instado anteriormente al fiscal y al acusado a acordar una fecha y hora adecuadas el 11 de agosto o antes. El Departamento de Justicia (DOJ) dio su disponibilidad «en cualquier momento del 9, 10 u 11 de agosto», pero los abogados de Trump no pudieron encontrar un momento adecuado durante ese período.
Ellos respondieron que el presidente Trump no comparecerá, pero que preferiría que «tanto su abogado John Lauro como Todd Blanche» estuvieran presentes en la audiencia. La única hora adecuada para que ambos abogados estuvieran presentes sería el 14 de agosto, después de las 12:00 p.m. o el 15 de agosto.
En la última Orden de Minuta del 8 de agosto, la jueza Chutkan dijo que se renunciaba a la comparecencia del Sr. Trump y que la audiencia quedó programada para el viernes.
La audiencia se refiere a una propuesta de orden de silenciamiento precautoria presentada por el Sr. Smith. El DOJ dijo que Donald Trump tenía la intención de tratar el caso de la imputación del 6 de enero en los medios de comunicación, y en general en la esfera pública, en lugar de la sala de la corte, presionando para ello la semana pasada.
En una presentación judicial (pdf) el lunes, el DOJ detalló casos de abogados de Trump que aparecen en la televisión para discutir el caso, en particular en relación con la orden de protección.
La presentación se hizo como respuesta del DOJ contra la petición del Sr. Trump de un juicio más abierto.
“La orden propuesta por el acusado conduciría a la difusión pública del material de evidencia. De hecho, ese es el objetivo declarado del acusado; el acusado busca utilizar el material de evidencia para litigar este caso en los medios. Pero eso es contrario al propósito del las evidencias penales, que es brindarles a los acusados la capacidad de prepararse y montar una defensa en la corte, no emprender una campaña en los medios. La Corte, en cambio, debería avanzar con la orden propuesta por el Gobierno”, dice la respuesta del Departamento de Justicia.
Cuando el gobierno propuso la orden precautoria, los abogados de Trump argumentaron que solo se deben restringir ciertos elementos «sensibles» del caso, respetando los «derechos del presidente Trump y del público a la libertad de expresión y un procedimiento abierto».
Los abogados de Trump argumentan que, de esta manera, el gobierno podría cumplir con lo que pretende lograr con la orden precautoria: “acelerar el flujo de las evidencias” y proteger el material confidencial.
De otra manera, simplemente seguir la orden gubernamental propuesta sería «demasiado amplio».
“En un juicio sobre los derechos de la Primera Enmienda, el gobierno busca restringir los derechos de la Primera Enmienda», dijeron los abogados.
“Peor aún, lo hace contra el principal oponente político de su administración, durante una temporada electoral en la que la administración, sus miembros destacados del partido y aliados en los medios han hecho campaña sobre la imputación y han proliferado sus acusaciones falsas”, dice la presentación (pdf).
El DOJ pretende un caso cerrado
Con respecto al llamado del Sr. Trump para «difundir públicamente» los materiales del caso, el gobierno declaró en la presentación del lunes que «no existe el derecho de divulgar públicamente el material de las evidencias, porque el proceso de las evidencias está diseñado para garantizar un proceso justo ante la Corte, no para proporcionar al acusado la oportunidad de presentar indebidamente su caso ante la corte de la opinión pública”.
El Departamento de Justicia insistió en que hablar abiertamente de «materiales de evidencia» sería «contrario al principio general contra la publicidad previa al juicio» y «podría perjudicar al jurado».
Por lo tanto, el gobierno solicitó a la corte que no hiciera arreglos para otorgarle al Sr. Trump la capacidad de difundir incluso fragmentos del proceso judicial “sin importar cuán breve sean”.
“Tal conducta tiene el potencial de inflamar innecesariamente a la opinión pública por debajo de todos los hechos relevantes, intimidar a los testigos, contaminar el grupo del jurado y, en general, degradar la integridad de los procedimientos en esta Corte”, dijo el Departamento de Justicia.
Postura de Trump sobre la orden de silenciamiento
Trump argumentó que el fiscal y la oposición tenían amplio acceso a los medios, mientras presionan para que Trump permanezca en silencio.
En su declaración, el Sr. Trump indicó que el Sr. Smith, quien presentó los cargos de la imputación inicial y la posterior propuesta de una orden precautoria, habló públicamente sobre el caso a los medios el 1 de agosto.
A su vez, el senador Chuck Schumer (D-N.Y.) emitió una declaración relacionada con el caso de la imputación del 6 de enero, repitiendo las alegaciones del fiscal Glenn Kirschner, un analista legal de MSNBC, quien habló sobre la imputación contra el Sr. Trump.
Además, el presidente Joe Biden supuestamente también se había involucrado en el tema.
“El presidente Biden también aprovechó la imputación, publicando una referencia apenas velada al enjuiciamiento del presidente Trump por parte de su administración, solo unas horas antes de la lectura de cargos”, dice la presentación, citando el posteo de un video en las redes sociales, en que sale el presidente bebiendo de una taza con un título: «Una taza de Joe que nunca supo mejor».
“De hecho, el presidente Biden prometió desde el principio que su administración se aseguraría de que el presidente Trump ‘no vuelva a ser el próximo presidente’, agregando una dimensión política sin precedentes a esta acusación”, dijeron los abogados de Trump citando un discurso de Biden en 2022.
Todas estas circunstancias, incluido el hecho de que el Departamento de Justicia “esperó más de dos años y medio para solicitar esta imputación, durante un ciclo electoral en el que el presidente Trump es el principal candidato”, debería convencer a la corte de no otorgar al gobierno la propuesta de orden precautoria, argumentaron los abogados que representan a Trump.
La orden ofende tanto la «Primera Enmienda» como la Regla 16, que «no impone límites expresos a los fines para los que se puede utilizar el material de evidencia».
Los abogados reiteraron que no buscan la divulgación pública completa, como por ejemplo del material del gran jurado.
“Sin embargo, la necesidad de proteger esa información no requiere una orden de silenciamiento general sobre todos los documentos producidos por el gobierno. Más bien, la Corte puede, y debe, limitar su orden precautoria a materiales verdaderamente confidenciales, una alternativa menos restrictiva que satisfaría cualquier interés del gobierno en la confidencialidad mientras se preservan los derechos de la Primera Enmienda del presidente Trump y del público”, dijo el Sr. Trump.
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