PUNTA GORDA, Florida—El Departamento de Educación de Florida sancionó el jueves a ocho distritos escolares de Florida por desafiar la prohibición estatal del uso obligatorio de mascarilla en las escuelas.
Los distritos escolares de los condados de Brevard, Broward, Duval, Hillsborough, Leon, Miami-Dade, Orange y Palm Beach se enfrentan ahora a sanciones económicas.
El comisionado Richard Corcoran informó a la junta que ninguno de los ocho condados había proporcionado información que demostrara que cumplían con la ley estatal antes de la reunión del jueves.
«No pueden elegir qué partes de la ley quieren seguir», dijo Corcoran mientras entregaba las sanciones a los distritos escolares. También dio a los distritos 48 horas para enmendar sus políticas antes de que las sanciones entraran en vigor.
La ley estatal a la que se refería el comisario es una norma de emergencia adoptada el mes pasado por el Departamento de Salud de Florida, que apuntala la Declaración de Derechos de los Padres. La norma exige que los padres puedan optar por eximir a sus hijos del uso obligatorio de mascarilla impuesto por las escuelas. La norma establece que la exclusión voluntaria de los requisitos de mascarilla queda «a la entera discreción de los padres o tutores legales».
El comisario recomendó que se retuvieran cada mes sanciones por valor de una doceava parte del salario anual de cada miembro del consejo escolar. Además, el comisionado recomendó retener la financiación por un importe equivalente a cualquier subvención federal que reciban los distritos, concretamente la subvención del proyecto Safe Grant.
Estas subvenciones, según Corcoran, sirven para «rellenar» lo que se retuvo a los distritos de Broward y Alachua por no cumplir la ley estatal sobre el uso obligatorio de mascarilla. El mes pasado, el Departamento de Educación de EE. UU. optó por conceder fondos de ayuda COVID-19 para cubrir los salarios de los miembros de las juntas directivas de los condados de Broward y Alachua. Corcoran dijo que fueron los dos únicos distritos del país que solicitaron y recibieron este tipo de subvención.
Corcoran informó durante la reunión que Alachua había recibido un total de 147,710 dólares en subvenciones del Proyecto Safe Grant y que Broward había recibido aproximadamente 420,000 dólares. El estado comenzó a retener la financiación de Alachua el 28 de agosto, que hasta ahora asciende a 13,429 dólares. Los seis condados restantes también fueron penalizados pero sus totales de financiación no estaban disponibles al cierre de esta edición.
El comisionado estatal dijo que las subvenciones federales sirvieron para «comprar a los distritos escolares» y dijo que el gobierno federal estaba interfiriendo con la responsabilidad de la junta estatal de gobernar su sistema educativo, lo que viola la décima enmienda de la constitución.
«Todos los floridanos deben sentirse ofendidos por la interferencia del gobierno federal en la cuestión de la educación estatal», dijo. «No nos dejaremos manipular por el gobierno federal».
Los superintendentes de cada condado tuvieron cinco minutos para defender sus políticas. Los ocho superintendentes argumentaron que sus políticas cumplían con la normativa y que no se les debían imponer sanciones, ya que estaban cumpliendo la ley y sirviendo a los estudiantes en nombre de la seguridad.
La superintendente del Condado de Orange, Barbara Jenkins, leyó su declaración de defensa ante la junta estatal durante la reunión y dijo que «la acción era legal» y «la acción era necesaria» dado el «aumento alarmante» de los casos de COVID-19 relacionados con las escuelas durante la oleada de agosto alimentada por la variante Delta contagiosa».
Se tomaron declaraciones públicas antes de que comenzara la reunión. La mayoría de las personas que llamaron eran del Condado de Brevard y dijeron que el distrito no estaba cumpliendo con las normas y los padres se quejaron de que habían sido retirados de una reunión de la junta a principios de la semana, lo que, según ellos, era una violación de la Ley del Sol de Florida y pidieron a la junta que investigara. La mayoría pidió que se retuvieran los sueldos, mientras que uno de los padres quería que llevaran las consecuencias un paso más allá.
«Me gustaría que la junta destituyera al superintendente y a los miembros de la junta», dijo Catherine Delaney, madre de un estudiante de Brevard. «Quiero que rindan cuentas; no queremos infractores de la ley en nuestras juntas escolares».
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