La comisión Justicia Cuba, una organización formada en 2017 con el fin de enjuiciar a los responsables de violaciones de los derechos humanos en ese país caribeño, anunció que abrirá una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el líder cubano, Miguel Díaz-Canel.
«Se trata de establecer la responsabilidad directa de Díaz Canel en la política de represión contra los presos políticos cubanos en huelga de hambre dada la muerte en días recientes del preso político Yosvani Aróstegui Armenteros», señala un comunicado de la comisión.
La decisión se tomó en una reunión por videoconferencia encabezada por el jurista mexicano René Bolio, que preside esta comisión formada por juristas, políticos y activistas de derechos humanos de diez países.
Intervinieron varios expresos políticos, entre ellos el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer, desde Cuba, Pedro Corzo y Jorge Luis García Pérez «Antúnez» desde Miami, y Roberto Pizano desde Tampa (Florida).
La «política represiva sistemática del régimen castrista» ha dado como resultado la muerte de al menos 14 presos políticos que estaban en huelga de hambre, según los testimonios de estos opositores.
Los casos de Yosvasny Aróstegui Armenteros y Orlando Zapata Tamayo, fallecidos en 2020 y 2010, mientras hacían huelgas de hambre, fueron destacados durante la reunión.
«Hay una responsabilidad por la conducción de una política represiva que resulta en que los presos políticos tienen que protestar iniciando huelgas de hambre, y esta misma política después les induce la muerte», dijo Bolio.
En la reunión intervinieron algunos de los 32 miembros de la Comisión Justicia, como el politólogo peruano Jorge Villena y Kareen Herrera, directora de Relaciones Internacionales del Partido Demócrata Cristiano de Chile.
El propósito de la Comisión Justicia Cuba es constituir un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba.
En julio de 2017 la entonces llamada Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo celebró su primera audiencia pública en Miami, en la que participaron víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos en Cuba desde 1959 a nuestros días bajo la consigna de «Prohibido olvidar».
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