Keiko Fujimori sale en libertad bajo fianza y se somete a prueba de COVID-19

Por Noticia de agencia
04 de mayo de 2020 9:05 PM Actualizado: 04 de mayo de 2020 9:12 PM

Keiko Fujimori., hija del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) y líder del movimiento político fundado por su padre, salió este lunes en libertad por segunda vez en cinco meses después de que la Justicia revocase nuevamente la medida de prisión preventiva por presunto lavado de dinero.

Fujimori fue puesta en libertad condicional en el momento más crítico del pandemia en Perú del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus, después de que denunciase el riesgo de contraer la COVID-19 en la cárcel igual que decenas de mujeres ancianas, embarazadas o con hijos menores de 3 años con las que compartió reclusión en la misma cárcel.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular abandonó la prisión de mujeres del distrito limeño de Chorrillos en torno a las 16:00 hora local (21:00 GMT), en un momento muy distinto a la gran expectación que suscitó la misma salida de la cárcel el pasado noviembre.

Esta vez Fujimori atravesó rápidamente un pasillo de policías para tomar un taxi donde estaba su hermano mayor Hiro. Al frente, algunos periodistas gráficos fueron los únicos testigos del momento, a los que Fujimori dedicó un breve saludo.

En ese mismo lugar hace cinco meses, un tumulto de periodistas se agolpaba en torno a la pequeña puerta del penal y cientos de simpatizantes la aclamaban hasta el automóvil familiar mientras se abrazaba con su esposo Mark Vito, que había acampado varios días frente a la prisión.

Descarte de COVID-19

Desde la cárcel, Keiko se dirigió a su domicilio familiar, en el distrito limeño de Surco, donde ya le esperaba un empleado de un laboratorio privado para practicarle una muestra rápida y otra molecular (PCR) de descarte del virus SARS-CoV-2, que ya ha matado en Perú a más de 1300 personas y contagiado a más de 47000.

Antes de abandonar la prisión, Fujimori ya había adelantado en sus redes sociales que no se reuniría con su familia hasta estar completamente segura de no tener el virus. Mientras tanto, Mark Vito y sus dos hijas permanecen en el domicilio de Susana Higuchi, la madre de Keiko.

Las hacinadas prisiones de Perú, que albergan a 97,500 reos cuando su capacidad es para poco más de 40,000, se han vuelto un gran foco infeccioso del coronavirus que ha causado la muerte de al menos 30 presos y el contagio de otros 600, y entre los funcionarios penitenciarios también hay no menos de 7 muertos y 180 infectados.

Fianza de 20,500 dólares

Ante esta situación, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Crimen Organizado otorgó el jueves la libertad condicional a Fujimori bajo fianza de 70.000 soles (unos 20,500 dólares).

Según esa resolución, Fujimori deberá comparecer ante el juzgado una vez al mes, no cambiar de domicilio sin avisar antes al juez que tutela la investigación y no comunicarse con los demás imputados en la investigación.

Sobre esta última condición la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, explicó que han pedido una aclaración al tribunal y hasta que no llegue su patrocinada no mantendrá contacto con su marido, su madre ni con ella.

16 meses en prisión en dos períodos

Precisamente la razón por la que Fujimori estaba en prisión preventiva era el peligro de fuga y la obstrucción de la investigación tras reconocer varios testigos del caso que habían sido presionados para no declarar contra la máxima responsable del partido fujimorista.

La heredera del expresidente Fujimori ingresó por primera vez en prisión preventiva a inicios de noviembre de 2018 y logró recuperar la libertad a finales de noviembre de 2019 gracias a una polémica decisión del Tribunal Constitucional, pero dos meses más tarde la Justicia ordenó que volviese a prisión provisional hasta este lunes.

Durante su tiempo encarcelada, Keiko perdió todo el poder político que tenía tras las elecciones de 2016, pues el Congreso que el fujimorismo dominaba con mayoría absoluta fue cerrado constitucionalmente por el presidente, Martín Vizcarra, y el capital electoral quedó reducido a una mínima fracción a causa de las serias acusaciones de corrupción.


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