La administración Trump anunció el 22 de febrero que prohibirá que los recintos financiados por contribuyentes promuevan o realicen abortos.
La administración dijo que también prohibirá que los centros de planificación familiar deriven a las mujeres a otras clínicas para que se realicen abortos.
La prohibición afecta el programa de planificación familiar Title X, que se enfoca en proveer servicios de planificación familiar a familias de bajos ingresos.
El Congreso estableció el programa en 1970 y declaró claramente en la legislación que los fondos no podían ser utilizados para apoyar el aborto.
Una de las principales disposiciones de la nueva norma final es la prohibición de que los fondos se utilicen «para realizar, promover, derivar para o apoyar el aborto como método de planificación familiar», declaró el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un comunicado de prensa.
La norma «permite, pero ya no requiere, el asesoramiento no directivo durante el embarazo, incluyendo el asesoramiento no directivo sobre el aborto», y elimina el requisito de la derivación para el aborto y lo reemplaza con la prohibición de la derivación para el aborto. También ofrece orientación a las clínicas para fomentar la comunicación entre las madres embarazadas y sus familias.
La regla entrará en vigor dentro de 60 días.
Marjorie Dannenfelser, presidente de Susan B. Anthony List, una organización sin fines de lucro que busca reducir y, en última instancia, poner fin al aborto en los Estados Unidos, elogió la medida.
BREAKING: President Trump’s Protect Life rule was just finalized! This rule could defund Planned Parenthood of as much as $60 MILLION of our tax dollars each year! #ProLife
Our press release ➡ https://t.co/QsrCW2i6lM pic.twitter.com/kGgbNRCiBz
— Susan B. Anthony List (@SBAList) February 22, 2019
«Agradecemos al presidente Trump por tomar medidas decisivas para separar a los contribuyentes de la gran industria del aborto liderada por Planned Parenthood», dijo en una declaración.
«La Regla de Proteger la Vida no reduce los fondos para la planificación familiar en un solo centavo, y en su lugar dirige el dinero de los impuestos a las entidades que brindan atención médica a las mujeres pero que no practican abortos. El programa Title X no tenía la intención de ser un fondo para empresas dedicadas al aborto como Planned Parenthood, que termina violentamente con la vida de más de 332.000 bebés nonatos al año y recibe casi USD 60 millones al año en dólares de los contribuyentes a través de Title X».
Bajo la prohibición, Planned Parenthood, que ofrece servicios de aborto y atención médica a las mujeres a través de clínicas, podría perder hasta la cantidad total que recibe del gobierno anualmente, según el grupo.
La Dra. Leana Wen, presidente de Planned Parenthood, dijo que la nueva prohibición era ilegal, aunque no estaba claro cómo es que es ilegal.
«Planned Parenthood luchará contra la administración Trump-Pence por todos los medios para que esta norma ilegal y poco ética nunca entre en vigor», dijo a los periodistas en una llamada después de que se anunciara la norma, informó el Washington Examiner. La organización dijo que los requisitos de separar claramente las clínicas de planificación familiar y los centros de aborto, la obligarían a construir entradas y salidas separadas en sus edificios, junto con otras medidas.
Wen sugirió que el grupo consideraría retirarse de Title X si la norma se mantiene en vigencia.
La norma surgió alrededor de un mes después de que una encuesta revelara que la mayoría de los estadounidenses apoyan las restricciones al aborto.
Tres de cada cuatro encuestados dijeron a la Universidad Marista que el aborto debería limitarse, como máximo, a los tres primeros meses de embarazo, incluyendo al 78 por ciento de los independientes.
Cuando se les preguntó sobre los abortos siendo financiados por los contribuyentes, el 54 por ciento dijo que se oponen a tal disposición, en comparación con el 39 por ciento que está de acuerdo.
«La mayoría de los estadounidenses –en ambos partidos– apoyan las restricciones legales al aborto. Dos tercios de los estadounidenses quieren que se revise el fallo de Roe para permitir la regulación estatal del aborto o para prohibirlo por completo. La mayoría del pueblo estadounidense merece que se escuchen sus opiniones», dijo el director ejecutivo de Knights of Columbus, Carl Anderson, en una declaración. El grupo ayudó a realizar la encuesta, que encuestó a 1066 adultos por teléfono.
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