Un tribunal federal de apelaciones levantó dos mandatos que impiden que la administración Trump implemente una norma que restringe la elegibilidad de los nuevos inmigrantes que probablemente se conviertan en «cargos públicos» si reciben visas.
«Cargos públicos» significa una persona que probablemente dependerá principalmente del gobierno para su subsistencia, al recibir asistencia como cupones de alimentos o Medicaid.
El fallo, emitido el jueves, otorga una suspensión de las órdenes judiciales preliminares emitidas por jueces federales en California y Washington, pero la regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no entrará en vigencia debido a las órdenes impuestas por jueces en otras partes del país. .
El caso se deriva de una nueva norma adoptada por el DHS en agosto que ha ampliado la definición de «cargos públicos» en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La nueva regla requiere que el DHS considere los beneficios en efectivo y ciertos beneficios no monetarios al determinar si un inmigrante es admisible en los Estados Unidos.
En el fallo 2-1, los jueces encontraron que el Congreso no proporcionó instrucciones sobre cómo debe interpretarse la frase «carga pública» y el DHS tiene la discreción de hacerlo, dentro de su autoridad.
“Encontramos que la historia del uso de ‘carga pública’ en la ley federal de inmigración demuestra que ‘carga pública’ no tiene un significado fijo e inequívoco. Más bien, la frase está sujeta a múltiples interpretaciones, de hecho, ha sido interpretada de manera diferente, y el Poder Ejecutivo ha tenido la facultad discrecional de interpretarla», escribieron los jueces Jay Bybee y Sandra Ikuta, ambos nombrados por George W. Bush. en opinión de la mayoría (pdf).
“El Congreso simplemente no ha hablado sobre cómo debería definirse la ‘carga pública’. Debemos suponer que cuando el Congreso promulgó la versión actual del INA en 1996, estaba al tanto de las diversas interpretaciones históricas de la ‘carga pública’”, escribieron también los jueces.
“Sin embargo, el Congreso decidió no definir ‘carga pública’ y, en cambio, describió varios factores para ser considerados ‘como mínimo’, sin siquiera definir esos factores. Es evidente que el Congreso dejó al DHS y otras agencias que hacen cumplir nuestras leyes de inmigración la flexibilidad para adaptar la definición de ‘carga pública’ según sea necesario”, agregaron.
También dictaminaron que la interpretación del DHS de «carga pública» en la nueva regla era permisible.
El juez John Owens, designado por Obama, discrepó y dijo que dejaría las órdenes judiciales en su lugar mientras el tribunal de apelaciones revisa el caso, al tiempo que considera una serie de consideraciones como la «falta de daños irreparables para el gobierno en esta etapa temprana» y «opacidad de las cuestiones legales».
Mientras tanto, el juez Bybee escribió un razonamiento adicional, señalando que el Congreso no había cumplido con sus responsabilidades.
«Por diseño constitucional, la rama que está calificada para establecer una política de inmigración y verificar cualquier exceso en la implementación de esa política es el Congreso», escribió Bybee.
“Y, hasta donde podemos deducir de nuestra modesta posición en el Noveno Circuito, el Congreso no es un lugar para encontrarse en estos debates. Hemos visto caso tras caso llegar a través de nuestros tribunales, esfuerzos serios y formales, incluso aunque sean controvertidos, para abordar los desafíos de inmigración de la nación”, continuó. «Sin embargo, hemos visto poco compromiso y ninguna legislación real del Congreso».
«Es hora de que un Congreso imprudente venga a la mesa y lidie con estos problemas», agregó. “No dejen la mesa y esperen que limpiemos”.
El Departamento de Justicia acogió con beneplácito la decisión y dijo que estaba «complacido con la decisión de hoy de levantar el mandato y respetar la autoridad legal que el Congreso de los Estados Unidos otorgó a la administración», según un comunicado enviado a los medios de comunicación.
La Casa Blanca también emitió una declaración después de la decisión, diciendo que la corte del Noveno Circuito «ha reconocido correctamente la autoridad de la Administración para adoptar una interpretación de la restricción de ‘carga pública’ más fiel y consistente con el alcance de la ley aprobada por el Congreso».
Pero agregaron que el fallo «no ha logrado nada» como un asunto práctico para levantar el mandato nacional.
«Aunque el Noveno Circuito levantó los dos mandatos emitidos por los tribunales de distrito dentro del Noveno Circuito, otros dos mandatos a nivel nacional han sido emitidos por jueces de distrito individuales en Nueva York y Maryland, y esas órdenes impiden que la regulación se aplique en cualquier lugar, incluso en el Noveno Circuito”, dijo la declaración de la Casa Blanca.
“En efecto práctico, los mandatos a nivel nacional otorgan a cualquier juez de distrito el poder de decirle a un panel de un tribunal federal de apelaciones que su fallo no importa y que no puede afectar la implementación real de la ley. Tales subversiones del estado de derecho deben llegar a su fin”, dijo el comunicado.
«El sistema judicial debe abordar el grave peligro que presentan los mandatos a nivel nacional y garantizar que los tribunales de distrito no sobrepasen excesivamente el papel que los Fundadores pretendían en nuestro cuidadoso sistema de controles y equilibrios».
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