La Corte Suprema de Minnesota decidirá si retira a Trump de la papeleta electoral

Por Catherine Yang
02 de noviembre de 2023 5:35 PM Actualizado: 02 de noviembre de 2023 5:35 PM

Los jueces de la Corte Suprema de Minnesota escucharon los argumentos sobre una petición destinada a mantener al expresidente Donald Trump fuera de la boleta electoral de las primarias del estado, ya que busca postularse nuevamente para la presidencia en 2024. Siendo con mucho el candidato favorito del Partido Republicano, la cuestión a la que se enfrentaban no era tan hipotética, ya que las autoridades electorales del estado esperan que el Partido Republicano presente su nombre en enero de 2024.

Free Speech for People, el grupo que comenzó a enviar cartas a los funcionarios electorales del estado en 2021 después de que el presidente Trump dejara el cargo argumentando que no es elegible para volver a postularse, presentó la petición de Minnesota contra Steve Simon, secretario de Estado de Minnesota. Representan a ocho votantes locales.

La audiencia del jueves en Minnesota fue diferente en naturaleza del juicio en curso en Colorado sobre el mismo tema, ya que no fue una audiencia probatoria. Mientras que el juicio de Colorado que comenzó el lunes se centra en probar si los acontecimientos del 6 de enero de 2021 constituyeron una insurrección, como han alegado los opositores al presidente Trump, y si éste participó en una insurrección, los magistrados de la Corte Suprema de Minnesota preguntaron a los abogados si el tribunal tenía jurisdicción sobre el asunto y si debían aceptar el caso aunque la tuvieran. Los demandantes han pedido que se programe una audiencia probatoria.

Demandas por la 14ª Enmienda

La 14ª Enmienda fue ratificada tras la Guerra Civil, con el propósito de conceder la ciudadanía y la igualdad de derechos a los que fueron esclavos. También incluye una tercera sección que prohibía ocupar cargos públicos a quienes hubieran participado en insurrecciones o rebeliones.

Free Speech for People ha argumentado desde 2021 que el presidente Trump dirigió los acontecimientos del 6 de enero de 2021, constituyendo una insurrección, y por lo tanto no es elegible para aparecer en futuras votaciones para cargos públicos. Demandas de esta naturaleza han sido presentadas por varios grupos en varios estados este año, incluyendo algunas que ya han sido desestimadas con jueces que alegan falta de jurisdicción.

Ronald Fein, abogado de Free Speech for People; el fiscal general adjunto Nathan Hartshorn, en representación del Sr. Simon; Nicholas Nelson, en representación del presidente Trump y su campaña; y Reid LeBeau, en representación del Partido Republicano de Minnesota, presentaron sus argumentos. El presidente Trump y el Partido Republicano son coadyuvantes, no demandados, en el caso.

La presidenta de la Corte Suprema de Minnesota, Natalie Hudson, pidió a los abogados que explicaran si creían que la Sección 3 de la 14ª Enmienda era autoejecutable —lo que significa que los estados determinarían la elegibilidad y actuarían en consecuencia, en lugar de que el Congreso tomara tales determinaciones y notificara a los estados— y si el tribunal debería actuar en consecuencia en caso de ser cierto.

«Digamos que estamos de acuerdo con usted en que la Sección 3 es autoejecutable … la cuestión que más me preocupa [es] que 50 estados diferentes decidan esta cuestión de manera diferente», dijo. «Eso me preocupa, que exista esta posibilidad de, como dijo el juez Chase, simplemente el caos».

En varias ocasiones, los abogados y jueces se refirieron a una opinión escrita por el juez Salmon Chase de la Corte Suprema de EE. UU., quien, tras la Guerra Civil, interpretó por primera vez la 14ª Enmienda.

El juez Hudson dijo que el juez Chase había dicho que, leída claramente, la sección es de hecho autoejecutable. Pero pareció dar marcha atrás al continuar, opinando que si interpretaban el texto de esta manera, numerosos funcionarios tendrían que ser destituidos de sus cargos, y optó por causar pocos trastornos, resumió. Preguntó a los abogados si estaban de acuerdo con su opinión y si debía mantenerse en este caso.

Dijo que había «autoridad mixta» con respecto a este tema, y «¿no sugiere eso que usemos precaución y cierta moderación judicial y mantengamos el statu quo, si se quiere?».

El Sr. Fein argumentó que si Minnesota fallara en este caso, no crearía caos y 50 boletas diferentes, porque se espera que el presidente Trump apele y lleve el asunto a la Corte Suprema.

Poderes del Secretario de Estado

A la luz de estas demandas, muchos secretarios de Estado han comentado públicamente el hecho de que administran las elecciones, pero no tienen la autoridad para determinar la elegibilidad.

El Sr. Simon, demócrata, también ha insistido en que la oficina del secretario de estado no tiene autoridad para determinar la elegibilidad, y se atendrá a lo que decida el tribunal. Su abogado reiteró esta postura en el tribunal, afirmando que no tienen argumentos sobre el fondo del caso, pero discrepó con los peticionarios en que es un «error» que el secretario incluya al presidente Trump en la papeleta, porque si lo hace estará siguiendo las normas electorales estatales.

El juez Hudson dijo que la posición de los peticionarios de que el secretario tiene la autoridad para determinar a quién poner en la papeleta le da a la oficina un gran poder.

Sr. Fein concedió en la corte que los peticionarios estaban dispuestos a dejar de lado la cuestión de si el secretario de estado tenía ese poder, porque el tribunal tenía la autoridad para decidir sobre la elegibilidad del presidente Trump, incluso si el Sr. Simon no lo hace.

Sr. Nelson, en representación del presidente Trump y su campaña, argumentó que los estados no tienen la jurisdicción para hacer «decisiones legales vinculantes de quién es elegible o no».

«Eso no es algo que la Constitución dice que el Estado debe hacer», dijo, explicando que la Constitución explica en detalle el proceso de selección de un presidente, y que «las principales cuestiones de quién debe ser presidente» es una cuestión política para el pueblo, no una cuestión judicial para que los tribunales determinen.


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