La Corte Suprema examina el caso del programa DACA

Por Matthew Vadum
13 de Noviembre de 2019 Actualizado: 13 de Noviembre de 2019

El programa del expresidente Barack Obama que evitó temporalmente que los jóvenes que llegaban ilegalmente a Estados Unidos fueran deportados, debe ser catalogado como inconstitucional y ser anulado porque nunca fue autorizado por el Congreso, dijo el 12 de noviembre la administración Trump a la Corte Suprema.

Hay aproximadamente 700.000 o más individuos que pueden solicitar la aplicación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Son un subconjunto de alrededor de 4 millones de “dreamers”, muchos de los cuales no solicitaron la aplicación de la DACA, pero que posiblemente podrían calificar bajo el tipo de amnistía que los demócratas y algunos republicanos están intentando sacar adelante en el Congreso.

Varios tribunales federales impidieron que la administración Trump terminara la DACA y ordenaron al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que siguiera recibiendo solicitudes de los beneficiarios de la DACA.

“Muchas de las personas en DACA, que ya no son muy jóvenes, están lejos de ser ‘ángeles'”, escribió el presidente Donald Trump en Twitter el 12 de noviembre. “Algunos son criminales muy duros y reacios”.

Pero incluso si DACA es eliminada, parece poco probable que sus receptores tengan que abandonar el país.

Cuando Trump anunció que terminaría con la DACA en 2017, expresó su simpatía por los beneficiarios de la DACA y dijo que la cancelación del programa obligaría a los legisladores demócratas a hacer un trato para permitir que los jóvenes se quedaran.

Repitió la predicción en el mismo tuit.

“El presidente Obama dijo que no tenía derecho legal para firmar la orden, pero que lo haría de todos modos. Si la Corte Suprema lo remedia con la revocación, se hará un trato con los Demócratas para que [los acogidos a la DACA] se queden”, escribió Trump.

Los republicanos han llamado a la DACA una descarada toma del poder, una usurpación del papel del Congreso, prescrito constitucionalmente para la creación de leyes. Antes de que Obama creara de un plumazo la DACA en junio de 2012, reconoció que tal programa sería inconstitucional, tal y como relató Hans von Spakovsky, de la Heritage Foundation.

“No soy el rey”, dijo Obama en octubre de 2010, en respuesta a presiones para que actuara. “No puedo hacer estas cosas yo solo”. En marzo de 2011, dijo que en lo que concierne a “la idea de que puedo suspender las deportaciones por medio de una orden ejecutiva, ese no es el caso”.

En mayo de 2011, dijo que era incapaz de “pasar por alto al Congreso y cambiar la ley yo mismo (…) así no es como funciona una democracia”.

Pero 13 meses después, Obama lo hizo de todos modos, unilateralmente, por acción ejecutiva. DACA evitó que los beneficiarios fueran deportados y les dio autorización de empleo, así como acceso a beneficios del gobierno como el Seguro Social.

Al crear el programa, Obama dijo que DACA no era una “amnistía, esto no es inmunidad”.

“Este no es un camino hacia la ciudadanía. No es una solución permanente. Se trata de una medida provisional que nos permite enfocar nuestros recursos sabiamente, al mismo tiempo que damos un grado de alivio y esperanza a los jóvenes talentosos, motivados y patriotas”, dijo Obama.

Después de que la administración Trump anunció que planeaba terminar el programa, el entonces fiscal general Jeff Sessions denunció a la DACA en septiembre de 2017.

DACA “contribuyó a un aumento de menores no acompañados en la frontera sur que tuvo terribles consecuencias humanitarias” y “negó empleos a cientos de miles de estadounidenses al permitir que esos mismos empleos fueran a parar a inmigrantes ilegales”, dijo en ese momento.

Ilegalidad contra “intereses de dependencia”

En el expediente de la corte para el 12 de noviembre había tres demandas diferentes que se unieron y se escucharon como una sola durante los argumentos orales. Los casos son: Departamento de Seguridad Nacional v. Regentes de la Universidad de California, Trump v. NAACP, y McAleenan v. Vidal.

Los jueces conservadores, que constituyen una mayoría de 5 a 4 en el alto tribunal, parecieron simpatizar ampliamente con el argumento de la administración de que el muy controvertido programa de la DACA, que durante siete años ha detenido los procedimientos de deportación contra cientos de miles de jóvenes, era ilegítimo e ilegal.

Los jueces liberales parecían más interesados en los puntos más sutiles de los documentos legales firmados por funcionarios del gobierno que pretendían poner fin al programa, y en lo que ellos llamaban los “intereses de dependencia” de aquellos que han vivido, trabajado o fueron beneficiados de una u otra manera bajo la DACA.

Durante los argumentos orales, la magistrada Sonia Sotomayor le dijo al fiscal general de los Estados Unidos Noel Francisco que los beneficiarios de la DACA tenían derecho a algo más que los “seis meses” de notificación previa de la suspensión del programa que ofrecía la administración.

“No se trata de la ley; se trata de nuestra decisión de destruir vidas”, dijo sin rodeos.

Francisco dijo que la administración actuó apropiadamente.

La rescisión del programa, que calificó de “medida provisional”, fue “eminentemente razonable” y no está sujeta a revisión judicial, dijo.

“Simplemente [se] puso fin a una política anterior de no aplicación en la que el Departamento [de Seguridad Nacional] acordó no aplicar el INA [es decir, la Ley de Inmigración y Nacionalidad] contra cientos de miles de inmigrantes ilegales”, dijo.

“Pero la decisión de hacer cumplir la ley queda en manos de la discrecionalidad irrevocable de la agencia, a menos que un estatuto la restrinja”.

El abogado Theodore Olson, que representaba a algunos de los beneficiarios de la DACA, dijo a los jueces que la decisión de poner fin a la DACA, que afecta a las “vidas de cientos de miles de personas, lo cual ha generado dependencia, revierte no solo una posición de dos administraciones, sino también la de la Oficina de Asesoría Jurídica, esto cambia la política, entonces todo lo que estamos diciendo es que hay una presunción de que esa decisión puede ser revisada”.

Cuando el juez Brett Kavanaugh le preguntó a Olson si la administración tiene la autoridad para rescindir la DACA, Olson reconoció que tenía esa autoridad.

En respuesta a los jueces Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan, Francisco dijo que un problema clave con la DACA es “que no hay un principio limitante” involucrado en ello.

“La teoría en la que se basa la DACA permite al gobierno crear un INA en la sombra para cualquier categoría de inmigrantes que elija y crear por tanto objetivos de baja prioridad, un INA en la sombra de segundo nivel (…) y usted (…) necesita ubicar algo en el INA que le confiera ese tipo de discreción amplia y sin restricciones. Y simplemente no hay ninguna allí”, dijo.

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